Montero esquiva a inspectores y consejeros de Hacienda en plena expansión del cupo catalán

Por un lado, el contrato programa debe establecer las líneas estratégicas, los objetivos, los indicadores de seguimiento, los recursos financieros asignados y las actividades a desarrollar por la Agencia. Por otro, se crearán dos nuevos cuerpos tributarios: el Cuerpo de Agentes Tributarios y el Cuerpo Superior de Informática Tributaria. El primero se ocupará de desarrollar las tareas administrativas vinculadas a la tramitación de los procedimientos de aplicación de los tributos y de asistir a la ciudadanía en la confección y presentación de las declaraciones y autoliquidaciones.

En el caso de los informáticos tributarios, sus funciones serán analizar las necesidades de las distintas unidades y estructurar la información tributaria para garantizar su coherencia e interoperabilidad, así como adaptar y poner en marcha nuevas tecnologías. Por último, el decreto ley confiere a la ATC plena autonomía en materia de personal y para la negociación colectiva de las condiciones de trabajo del personal de los cuerpos tributarios y para la aprobación de su oferta pública de empleo.

Funcionarios con oposiciones del Estado

La respuesta ante este movimiento por parte del Govern de Illa y su socio de investidura, ERC, ha sido la reacción inmediata de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, denunciando, en primera instancia, el eventual traslado sin consentimiento de funcionarios de Cataluña a la Agencia Tributaria Catalana.

A la espera de que el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, conteste a la carta que le envió esta asociación para conocer los términos del encuentro bilateral entre los dos gobiernos, el IHE recuerda que la Agencia Tributaria representa uno de los pilares fundamentales del sistema tributario. Una Agencia que «está conformada por profesionales que accedieron a la función pública mediante procesos de oposición a cuerpos del Estado, preocupando gravemente entre el colectivo la situación y el futuro de los compañeros destinados en Cataluña». 

Cualquier tentativa de traspaso general o forzoso de los funcionarios de la AEAT a una administración tributaria autonómica -explica el IHE a este diario- «constituye un ataque frontal a la autonomía de organización de la AEAT, reconocida en su ley de creación, y a los derechos de sus trabajadores, que no pueden ser moneda de cambio de ningún intercambio político». 

La mayoría de empleados rechaza el traslado

No exactamente en estos términos, pero también muy crítico se ha manifestado el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), advirtiendo, de antemano, del avance hacia un modelo tributario federal, en medio de la agitación en la AEAT. Sostiene Gestha que ve muy difícil el traspaso de una parte del personal de la AEAT a la ATC, y asegura que la gran mayoría de los 6.359 empleados de la AEAT en Cataluña rechazaría integrarse en la ATC.

De hecho, la posible cesión de una parte de los 2.049 técnicos de Hacienda, que son el 78,3% de la plantilla con funciones superiores de recaudación, comprobación y liquidación tributaria y aduanera -augura Gestha-, «aumentará exponencialmente las ya altas demandas de movilidad de Cataluña, sin que las mayores retribuciones y la integración en un cuerpo superior en la ATC sean un atractivo suficiente, pues la gran mayoría carece de lazos afectivos y familiares en la región».

Precisamente -recuerda Gestha-, el panel de movilidad de los técnicos de hace apenas 20 días, con solo 561 traslados frente a los más de 1.000 del año pasado, ha resultado decepcionante para las altas demandas de traslados, principalmente de los técnicos destinados en Cataluña y Madrid, que necesitan más de 20 años de antigüedad para llegar a buena parte de las provincias deseadas.

Primer coste de la factura del cupo catalán

El autor de La factura del cupo catalán, el inspector de Hacienda Francisco de la Torre, también ha dado su opinión acerca del decreto que PSC y ERC piensan acometer en el mes de agosto. A este respecto, De la Torre defiende que «se están empleando medios presupuestarios en algo que, mientras no se cambien las leyes estatales, es ilegal».

Y por supuesto, «es una duplicidad y un gasto superfluo como la copa de un pino. Porque, aunque la vicepresidenta Montero sostenga que es un bulo, estamos ante el primero de los muchos costes de la factura del cupo catalán».

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