Técnicos de Hacienda advierten del riesgo del cupo catalán pero apuestan por la negociación multilateral

La propuesta de una financiación singular para Cataluña, que evoca el modelo foral vasco, ha desatado una nueva controversia política e institucional. Mientras algunos sectores alertan del posible fin del modelo de Estado, desde el sindicato GESTHA —que agrupa a los inspectores y técnicos de Hacienda— se rechaza ese diagnóstico catastrofista y se aboga por una reforma negociada y equitativa del sistema de financiación autonómica. En entrevista concedida a El Espejo Canario, el secretario general de GESTHA, José María Mollinedo, analiza las implicaciones del llamado «cupo catalán» y lanza un mensaje de calma, sin dejar de advertir sobre la complejidad del escenario actual.

«Un país se construye desde la solidaridad»

Mollinedo reconoce que un modelo exclusivo para Cataluña, si no se extiende a otras comunidades, podría tener consecuencias graves para el principio de solidaridad interterritorial. Sin embargo, subraya que la ministra de Hacienda ha explicado que esta fórmula estará abierta a aquellas comunidades que lo deseen. «Es difícil hablar de un escenario alarmante si la propia ministra plantea extender el modelo», aclara.

En ese sentido, Mollinedo recuerda que el actual reparto de competencias fiscales es fruto de un proceso histórico de cesiones graduales desde 1980. Desde entonces, cada reforma del sistema ha implicado un aumento global de los fondos distribuidos entre las comunidades. «Todas ganan, aunque algunas mejor que otras», afirma.

Canarias, en una posición delicada

La Comunidad Autónoma de Canarias, con un régimen fiscal especial y una menor capacidad recaudatoria, podría temer una merma en su financiación. El presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, ha cifrado en hasta 800 euros por persona el posible perjuicio de un trato privilegiado a Cataluña. Mollinedo, sin embargo, rechaza esas cuentas: «La historia de la financiación autonómica demuestra que cada reforma ha venido acompañada de un mayor volumen de fondos. No parece que ahora vaya a ser distinto».

Asimismo, advierte que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña el pasado lunes no contempla una cesión plena de tributos, sino únicamente la gestión compartida de algunas deducciones autonómicas del IRPF. «Cataluña no puede recaudar por sí sola el impuesto sobre la renta sin una reforma legal compleja que requiere mayoría absoluta en el Congreso», puntualiza.

Un sudoku político y fiscal

El secretario general de GESTHA insiste en que cualquier cambio sustancial del sistema debe pasar por una negociación multilateral entre el Estado y las quince comunidades de régimen común. «Pedro Solbes decía que esto era como resolver un sudoku: cada comunidad tiene su especificidad —despoblación, envejecimiento, insularidad, inmigración— y hay que buscar un consenso».

Para Mollinedo, ese pacto es imprescindible si se quiere reformar el sistema vigente, caducado desde 2014. La falta de acuerdo prolonga una situación de interinidad que impide adaptar la financiación a las necesidades reales de los territorios. Y el tiempo apremia: «Si no se alcanza un acuerdo en esta legislatura, todo podría quedar en suspenso hasta 2027, con la próxima convocatoria electoral».

Diálogo, no confrontación

Desde GESTHA se hace un llamado a todas las comunidades a participar activamente en la negociación del nuevo modelo, en lugar de atrincherarse en posiciones de confrontación. «Siempre es mejor negociar que entablar una batalla de resultado incierto», aconseja Mollinedo, quien se muestra convencido de que el diálogo político y técnico acabará prevaleciendo.

El mensaje final de GESTHA es claro: ni el sistema está a punto de colapsar, ni Cataluña obtendrá en lo inmediato una Hacienda propia. Pero sí es urgente abrir un proceso serio de reforma fiscal, sin alarmismos y con responsabilidad institucional, para blindar la cohesión territorial del país y responder a los desafíos económicos que enfrentan comunidades como Canarias.