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Los efectos de la ordinalidad del pacto de financiación catalán: beneficios para Madrid, pérdidas para Andalucía
Las estimaciones de la asociación de técnicos de Hacienda, y los datos de liquidación de Hacienda de 2022 reflejan que los cambios derivados de la aplicación de este criterio beneficiarían a Madrid y Cataluña y perjudicarían a otras comunidades aunque en el caso de Andalucía el impacto sería leve
Uno de los conceptos claves del pacto catalán en materia de financiación autonómica es el de ordinalidad. Es decir, la Generalitat reivindica que las comunidades estén en el mismo puesto del ranking nacional que mide lo que se recauda en cada territorio y en la clasificación que ordena las autonomías según los ingresos que reciben del sistema de financiación. Esto supone, en la práctica, acabar con un modelo basado en la solidaridad y la igualdad entre territorios ya que se busca una mayor coincidencia entre los ingresos por el IRPF, el IVA o el Impuesto de Sociedades que se generan en una autonomía y el dinero que reciben cada año. Por encima, por tanto, de otros criterios como la población, el desempleo o el territorio.
Este cambio tiene dos beneficiarios claros, Cataluña y Madrid. Y también una serie de comunidades muy perjudicadas, como Extremadura o Canarias. Sin embargo, ¿cómo afecta a Andalucía? El análisis realizado por la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y la propia liquidación del sistema publicada por el Ministerio de Hacienda en 2022 coinciden en una conclusión: Andalucía está entre las perjudicadas, aunque no entre las que van a sufrir un mayor impacto.
"Andalucía está en un grupo de comunidades que tendría un perjuicio leve por la aplicación de un criterio de ordinalidad en la recaudación tributaria", detalla a este periódico José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha). La explicación de que el impacto sea más leve que en otros territorios es que en estos momentos ya ocupa prácticamente la misma posición en las dos clasificaciones que miden este principio de ordinalidad. Según los datos de Gestha, en términos globales, es la que recibe un mayor volumen de transferencias de los fondos de financiación autonómica (25.827 euros con datos basados en 2022) y es la tercera en la que más se recauda por el IRPF y el resto de impuestos estatales (19.311 millones de euros).
Pero en cualquier caso, el criterio de ordinalidad se aplica en función de la población ajustada. Es decir, por habitante cuanto se recauda y cuánto recibe una comunidad. Andalucía está a mitad de la tabla en ambas clasificaciones. Según los datos de la liquidación del Ministerio de Hacienda en Andalucía de 2022 se recaudan 3.103 euros por habitante (la undécima posición) y el sistema aporta 2.320 euros por persona (la décima posición a nivel nacional). Por tanto, tendría que haber un ajuste que perjudicaría a la comunidad aunque inferior al de otros territorios.
"Las comunidades autónomas más perjudicadas serán las que reciben más financiación de los Fondos de Garantía, Suficiencia, Cooperación y Competitividad, en relación con la recaudación en dichos territorios, como Extremadura, Canarias o Asturias", explica Mollinedo. En ese grupo estaría también Andalucía que ocupa una posición más elevada en el ranking de ingresos que en el de la recaudación. Por otro lado, como subraya Gestha, las más beneficiadas serán donde más se recauda en relación con la financiación que reciben, principalmente la Comunidad de Madrid, seguida de Baleares y Cataluña.
Un aumento del fondo estatal de financiación
El problema es que reposicionar a cada comunidad en la tabla de ingresos y de financiación implica ajustar el reparto teniendo en cuenta además que Cataluña, si se aplica el modelo catalán, gestionaría sus propia recaudación fiscal. Y ahí es dónde está en juego el dinero de Andalucía. La diferencia entre lo que se ingresa y lo que se recauda en Andalucía es de 783 por habitante. En términos cuantitativos más de 6.000 millones de euros. Y ahí está el riesgo para Andalucía.
"No se puede hablar de cantidades ahí porque lo previsible es que la consecuencia de esta reforma sea un incremento de los fondos que se introducen en el sistema. Así ha ocurrido en todas las anteriores reformas. Y a partir de ahí se tendrá que determinar los criterios y los mecanismos que interesan a cada territorio. Y, como dijo Pedro Solbes en su momento, se tendrá que resolver el sudoku repartiendo más cantidades", prevé el secretario general de Gestha José María Mollinedo.
