¿Morosos o desahuciados?
José María Mollinedo
20 jul 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
ada año, cuando la Agencia Tributaria publica la lista de grandes deudores tributarios, se genera un interés mediático que parece centrarse más en los personajes públicos, más que en el debate o cuestionamiento de la efectiva de recaudación. Sin embargo, desde Gestha llevamos tiempo advirtiendo de que esta lista no sirve para lo que se supone que fue creada, ser un acicate para cobrar lo que se debe al Estado.
Los nombres que aparecen en esta lista son deudores, sí, pero esto no significa que las deudas procedan de la defraudación, sino que en su gran mayoría son personas o empresas insolventes con incapacidad de pago, y en ocasiones están en situación de ruina económica, auténticos «desahuciados financieros» que, probablemente, nunca pagarán sus deudas.
El problema, más allá del gesto de señalarlos en una lista de morosos, es que en 2022 apenas se recuperó un 3,3 % del importe total de la lista, como recordamos desde Gestha. Si ampliamos el foco, a finales del 2023 la deuda pendiente de cobro en España alcanzaba los 42.036 millones de euros, casi el doble que hace 20 años. De esa cantidad, el 90 % sigue siendo exigible, y gran parte ya está en período ejecutivo. Esto muestra que el problema de fondo no es solo quién debe, sino cómo se gestiona esa deuda.
Por todo ello reclamamos mayor transparencia aún de cómo y quiénes pagan sus impuestos en nuestro país, y en primer lugar pedimos a la AEAT, que informe sobre cuánto de esa deuda se ha cobrado, cuánto se ha anulado, y cuánto se considera incobrable de forma provisional o definitiva. También proponemos recuperar las jefaturas de gestión recaudatoria que se han ido perdiendo con el aumento de las jubilaciones y la ausencia en la AEAT de carrera vertical y concursos para los técnicos de Hacienda. Parece lógico, si hay más deuda, hace falta más y mejor capacidad de recaudación.
Es cierto que se han dado pasos adelante. La Ley de prevención del fraude de 2021 bajó el umbral para aparecer en la lista, de un millón a 600.000 euros, e incluyó a los responsables solidarios. Pero aún falta pulir detalles importantes, como vincular de manera clara al deudor principal con los responsables solidarios. Además, debe saberse que, por seguridad jurídica, algunas personas quedan fuera de la lista por estar sus deudas inmersas en procedimientos judiciales, y la acción recaudatoria se ve limitada en una parte de las deudas por estar en concurso de acreedores.
Desde nuestro punto de vista, una de los grandes confusiones de esta lista es que mezcla deudas procedentes de defraudadores con deudas de personas y entidades que han entrado en insolvencia pero han seguido cumpliendo correctamente con sus declaraciones, aunque consignando la imposibilidad de pago. No todos los que deben son tramposos. Algunos simplemente no pueden pagar. Y esa confusión pública no sirve para generar confianza en la gestión tributaria, y desde luego, no aporta soluciones.
En definitiva, la publicación anual de la lista de morosos debería alentar un debate de la sociedad para que se adopten las medidas necesarias para que se mejore la capacidad de gestión y recaudación, y lograr una mayor transparencia.
