Gestha alerta de que cumplir el preacuerdo entre el PSC y ERC podría ir contra la Constitución y la solidaridad entre territorios
Gestha, sindicato más votado entre funcionarios de la Agencia Tributaria
Inspectores y técnicos de Hacienda rechazan el cupo catalán y avisan de sus consecuencias
BARCELONA / E. LA VOZ
16 jul 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Rechazo unánime de los técnicos e inspectores de Hacienda al cupo catalán. Las principales organizaciones que agrupan a los profesionales tributarios en España advirtieron ayer como una sola voz de las consecuencias «muy negativas» del modelo de financiación singular pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Salvador Illa. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado y el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) dejaron claro que el sistema anunciado el lunes en Barcelona «pone las bases de un modelo tributario federal» que no está regulado en la Constitución ni en ningún marco legal o reglamentario. De manera que, mientras no se modifique la normativa, «el nuevo régimen es ilegal, además de vulnerar los principios de igualdad y solidaridad reflejados en la carta magna».
También niegan los argumentos de los Ejecutivos central y catalán, en el sentido de que el nuevo modelo es «generalizable» a todas las comunidades autónomas. El portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, José María Peláez, niega la mayor: «Si Cataluña recauda todos los impuestos, se verán perjudicadas el resto de las comunidades autónomas, que tendrán menos fondos para financiar los servicios públicos, y, por tanto, pasaremos a tener ciudadanos de primera y de segunda». En su opinión, de materializarse, el acuerdo tendría dos consecuencias inmediatas «muy graves». En primer lugar, supondría «dinamitar» el sistema tributario, «incluido el fraccionamiento de la Agencia Tributaria». En segundo lugar, el Estado no dispondría de fondos para atender sus funciones, «para abonar el importe de las pensiones que se financian con impuestos, los intereses de la deuda pública, el pago de los servicios sociales, como el ingreso mínimo vital, o los ERTE que tuvimos en época de pandemia», sostiene Peláez.
En el mismo sentido crítico, el Gestha subraya que el artículo 149.1 de la Constitución otorga al Estado en exclusiva la capacidad de regular el sistema tributario general. Para que una comunidad autónoma asuma la gestión total del IRPF, «es imprescindible» reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), las leyes orgánicas de los estatutos de autonomía; la Ley 21/2001, que amplió la cesión de tributos; y las leyes específicas de cesión de tributos a cada comunidad. «Sin estas reformas, cualquier cesión integral del IRPF quedaría fuera del marco constitucional», sentencian.
Ante la tensión política y la falta de consenso sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, Gestha ve más factible un «avance gradual» que pase por dotar de más capacidad normativa a las comunidades y una gestión compartida del IRPF, «no exclusiva». En números del sindicato, cuando la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) asuma la recaudación del 100 % del IRPF (27.590 millones de euros, para ser exactos), pasará de recaudar los 5.238 millones que recauda en la actualidad a percibir 38.238 millones en el 2026, más de siete veces más. Algo para lo que la región, que arrastra un déficit histórico de opositores para la Administración tributaria, no está preparada. Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, serían necesarios hasta 5.200 funcionarios (hoy son unos 850), al menos 2.000 de ellos inspectores, lo que podría llevar hasta una década alcanzar.
Cifras en octubre
El Gobierno catalán admite las dificultades, tanto técnicas como legales, para desplegar el cupo. Sobre las fechas y cifras, que no se dieron el lunes, la consejera de Economía y Finanzas, Alicia Romero, aseguró ayer que el grupo de expertos encargado de diseñar el nuevo modelo «sí está haciendo los cálculos y los escenarios» correspondientes, que esperan poder tener a la vuelta del verano, entre septiembre y octubre próximos. Aunque el acuerdo de investidura con Esquerra fija que el IRPF se asumirá en su totalidad en el 2026, Romero afirmó: «Gestionar el 100 % el 1 de enero será complicado porque no tenemos la agencia preparada».
