Gestha ve la Agencia de Integridad Pública como la “más eficaz” de las medidas de Sánchez contra la corrupción
MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha señaló este miércoles que la nueva Agencia de Integridad Pública es la medida “más eficaz” de las recogidas en el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción anunciado en el Congreso de los Diputados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Esa agencia, explicaron los técnicos, investigará las denuncias que se reciban por cualquier tipo de fraudes o corrupción, incluidas las referidas a la contratación de las Administraciones Públicas y se coordinará con las agencias antifraude autonómicas -Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra y Andalucía- y municipales -Madrid y Barcelona-.
En este sentido, los técnicos de Hacienda indican que, para garantizar su independencia, esta Agencia deberá ser creada por las Cortes Generales, que también deberán nombrar a la persona que la dirija y al comité de ética. En este sentido, piden que se dote con funcionarios expertos en la persecución de la corrupción y que dependa del Congreso a efectos organizativos y presupuestarios.
El sindicato recuerda que, a nivel estatal, únicamente existe el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, centrado en los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “Entendemos que extender la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos 'Next Generation' a toda la Administración se justifica en el excelente trabajo de los técnicos de la Intervención General del Estado”, afirmó.
Por ello, el sindicato reclamó a la ministra de Hacienda que aumente las plantillas y atribuya todas las funciones de auditoría contable a los técnicos del Ministerio con procedimientos para el descubrimiento de irregularidades. Además, también pidió reforzar los medios y la plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).
“Desde su creación en 2016, ORGA ha investigado a 22.782 personas físicas y 1.123 personas jurídicas, ha localizado 13.185 bienes -entre los que destacan 3.934 productos financieros, 3.045 inmuebles, 2.530 vehículos y 117 embarcaciones- con un valor conjunto de 107,9 millones de euros”, aclaró el sindicato, que también pidió aumentar el número de técnicos de investigación en las agencias antifraude regionales. En su opinión, la escasez de estos funcionarios “es la causa principal” por la que están en trámite casi la mitad de las denuncias recibidas en el último sexenio (478 denuncias pendientes).
DECOMISO PREVENTIVO
Asimismo, los técnicos ven realmente novedoso el nuevo decomiso administrativo preventivo para incautar bienes sin esperar a la condena, aunque se permita la utilización de esos bienes si se designa como depositario a sus titulares. Otras medidas “eficaces” para prevenir y combatir la corrupción, que Gestha ha propuesto, son el Sistema de Alertas Rápidas de la Corrupción para que las oficinas antifraude analicen estos fraudes en fases tempranas, y el mayor compromiso con las leyes de Transparencia para reducir las denegaciones y recursos contra las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
También los técnicos de Hacienda ven un acierto en el establecimiento de controles patrimoniales aleatorios de altos cargos -que debería añadir una estricta regulación de las declaraciones de altos cargos y representantes políticos y las sanciones por su incumplimiento completo-, la publicidad de donaciones a partidos y fundaciones políticas desde 2.500 euros, la próxima Ley de Lobbies y Grupos de Interés, y las secciones especializadas en la corrupción en los nuevos tribunales de instancia.
Además, el sindicato respalda que las penas y los plazos de prescripción penal se dupliquen para que un mayor número de investigaciones puedan llevarse a cabo, que las multas se impongan en un porcentaje de los ingresos anuales de las empresas corruptoras, y que se impida a las empresas condenadas poder contratar con las administraciones públicas.
En este contexto, los técnicos proponen que la Fiscalía General del Estado dicte una Instrucción para que las fiscalías pidan en todos los procesos penales por fraude y corrupción que las sentencias incluyan la prohibición de contratar en el sector público entre los cinco y diez años que el vigente Código Penal prevé para el cohecho, de seis a diez años para el tráfico de influencias y de dos a siete años para los fraudes en cualquier acto de las modalidades de contratación pública.
MÁS DENUNCIAS
Por último, Gestha auguró que van a aumentar las denuncias por fraudes o corrupción, entre ellas las relacionadas con la contratación pública, debido a las medidas de protección del denunciante de infracciones normativas y de la corrupción. Tal y como el explicó el sindicato, quienes tomen represalias contra las personas que denuncian incurrirán en una infracción muy grave que lleva aparejadas multas de hasta 300.000 euros si los infractores son personas o de hasta un millón de euros si los infractores son sociedades y entidades. Además, se les podría prohibir contratar con el sector público durante un máximo de tres años.
“En cualquier caso, la suma de denuncias y recursos especiales en materia de contratación vivos solo representan el 0,7% de los expedientes de las licitaciones, lo que es una muestra de la correcta contratación pública en nuestro país, que el pasado año escaló hasta los 206.210 expedientes, alcanzando los 113.091 millones, más IVA”, aclaró el sindicato.
