Sánchez promete una nueva plataforma para detectar fraudes que la CNMC usa desde 2022

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado dentro de su paquete de nuevas medidas para luchar contra el fraude y la corrupción la utilización de Inteligencia Artificial para la detección de amaños en licitaciones públicas.

Sin embargo, no es una novedad. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya trabaja desde 2022 con una solución que permite detectar contratos públicos fraudulentos.

Su nombre es BRAVA (Bid Rigging Algorithm for Vigilance in Antitrust en sus siglas en inglés) y es un modelo que, mediante herramientas de Inteligencia Artificial, es capaz de clasificar las ofertas presentadas por las empresas a una licitación como potencialmente amañadas o como competitivas.

«Desde las instancias europeas denuncian la falta de transparencia y control en la contratación pública y la demora en la presentación de una estrategia nacional de lucha contra la corrupción»

Para identificar patrones de comportamiento inusuales o sospechosos en las licitaciones se basa en la gran base de datos de contratación pública que gestiona la CNMC, y que asciende a más de 3,5 millones de contratos.

En 2024 BRAVA recibió un galardón y comunicó la noticia en una información en su blog en el que describía la plataforma como un "proyecto desarrollado por personal de la Unidad de Inteligencia Económica, con el apoyo de la subdirección de Informática, tras una prueba de concepto previa realizada por la empresa adjudicataria de un contrato público".

Además, añadía que "la clave de BRAVA está en su algoritmo basado en el aprendizaje automático (machine learning), que toma como fuente la base de datos de contratación pública y ha permitido desarrollar una herramienta pionera a nivel mundial entre las autoridades de competencia".

Caso 'Koldo': el ejemplo de posible fraude en contratación pública

El denominado como caso 'Koldo' es uno de los más representativos de fraude en contratación pública. La investigación de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil ha descubierto una presunta trama de cobro de comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación irregular de contratos públicos dependientes del Ministerio de Transportes.

Esto sucedió especialmente durante la pandemia, pero es ahora cuando se está investigando a políticos que formaron parte del actual Gobierno, como José Luis Ábalos, Santos Cerdán, o a la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. La UCO sospecha que puede haber delitos relacionados con contratos irregulares. 

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) llevan alertando desde hace tiempo del aumento de la corrupción y el fraude en la contratación pública. De hecho, en 2023 se registraron 221 denuncias relacionadas con licitaciones públicas, la cifra más alta de la serie histórica, con un aumento del 18% respecto a 2022.

Una situación que tampoco ha pasado desapercibida para la Comisión Europea. Bruselas ha expresado recientemente su preocupación por el alto riesgo de corrupción en España, particularmente en la contratación pública, pero también en la financiación de partidos. Cabe recordar el caso de financiación irregular destapado en la época de Mariano Rajoy como presidente del Ejecutivo, y que acabó con el tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en la cárcel. Los casos de corrupción del PP acabaron con una moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez.

Desde las instancias europeas denuncian también la falta de transparencia y control en la contratación pública y la demora en la presentación de una estrategia nacional de lucha contra la corrupción.

https://www.vozpopuli.com/economia/sanchez-no-innova-la-cnmc-usa-desde-2022-la-ia-para-detectar-amanos-en-contratos.html