Actualizado a las 17:08h.
En plena crisis por el escándalo del caso Koldo , que estalló con la publicación del ya célebre informe de la Guardia Civil que apunta a que dos exsecretarios de Organización del PSOE -José Luis Ábalos y Santos Cerdán- cobraron mordidas en contratos de obra pública, hoy el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha presentado unos datos preocupantes por lo que dicen sobre la salubridad de la contratación pública en nuestro país.
Según cifras de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) -un órgano independiente aunque adscrito al Ministerio de Hacienda- extraídas por Gestha, entre 2019 y 2023 las denuncias y comunicaciones por irregularidades en la contratación pública escalaron un 87% , pasando de 118 expedientes anuales a 221. Desde ese año el indicador presenta un alza constante, del 18,2% solo entre 2022 y 2023. Desde 2018, año de la puesta de largo del Gobierno Sánchez, y hasta 2023, se han registrado un total de 957 denuncias.
Para valorar hasta qué punto esto supone un problema, valga este dato: del total de 206.210 licitaciones que llevaron a cabo las administraciones locales, autonómicas y estatales en 2024, que alcanzaron un valor de 113.091 millones de euros (más IVA), un 0,7% tienen pendientes denuncias y recursos administrativos vivos; es decir, que no han sido inadmitidos, archivados o desestimados. Aunque, más que este, el dato relevante -y preocupante- es que la mitad de esas 957 denuncias presentadas en el último sexenio todavía siguen en trámite (un total de 478); según Gestha, por la escasez de técnicos en las agencias antifraude. Y entre los expedientes que se han resuelto, 217 han acabado archivados (un 22,7%), 52 (un 5,4%) han llegado a la Justicia, la Fiscalía o los tribunales de cuentas y 123 (el 12,9%) han concluido con un informe a entidad o recomendación por la agencia, que son mecanismos a través de los cuales un organismo antifraude realiza recomendaciones a una autoridad superior. En otras palabras, si se toma ese 5,4% de denuncias que acabaron en los tribunales y ese 12,9% que dieron lugar a una recomendación, se desprende que solo uno de cada cinco casos investigados tiene consecuencias.
El informe de Gestha -elaborado con datos de OIReScon, como ya se ha avanzado- contiene más datos que arrojan luz sobre la corrupción en nuestro país. Entre los distintos tipos de contrato, el contrato de servicios -en el que se presta un servicio y no la ejecución de una obra- es el que más riesgo de fraude y corrupción presenta, al acaparar el 64,3% de las denuncias. A su vez, por tipo de irregularidad, la más común es lo que OIReScon llama 'fraude', término que identifica una irregularidad en la adjudicación del contrato durante el proceso de tramitación y licitación . De las 221 denuncias registradas en el último sexenio, el 32% (72) se presentaron por este motivo.
Luego están las prácticas corruptas en la contratación, categoría en la que entran el conflicto de interés, el tráfico de influencias y el trato de favor a una empresa; mucho de lo que aparece, por cierto, en el ya célebre informe de la UCO. Esta tipología de irregularidad, que es la que acarrea más penalización legal, fue la segunda causa de las denuncias entre 2019 y 2023. En ese lustro, este tipo de denuncias representaron el 20,6% del total y escalaron un 34,4% en términos absolutos, hasta llegar a 43 en 2023. La tercera tipología de irregularidad posible es la que se da en la ejecución del contrato, que fue la causa del 18,2% de las denuncias o comunicaciones presentadas entre 2019 y 2023, un auge del 40% en términos absolutos, hasta alcanzar las 40.
Para Gestha, este incremento de las denuncias indica que se agudiza la corrupción en la contratación pública. Además, desde el sindicato aventuran que la cifra de casos que salen a la luz irá en aumento en los próximos años, no solo por el aumento de la corrupción en sí misma, también por el efecto que tuvo la aprobación de una ley en febrero de 2023 -cuyos resultados se irán conociendo en los próximos años- que traspuso una directiva europea para blindar a los informantes que denuncian prácticas irregulares en sus puestos de trabajo. Exactamente, esa norma prohíbe que las empresas -ya sean públicas o privadas- castiguen a los empleados que denuncian y las expone a multas de hasta 300.000 euros si los infractores son personas físicas o de hasta un millón si son sociedades y entidades, además de la prohibición de contratar con el sector público durante un máximo de tres años.
Según explica a ABC José María Mollinedo , secretario general de Gestha, la experiencia de los técnicos de Hacienda demuestra que el miedo es una de las razones que explica que muchos casos no sean denunciados. De hecho, explica este experto, la mayoría de los empleados del sector privado que advierten de alguna práctica irregular o cuanto menos sospechosa se esperan a haber causado baja de su empresa para hacerlo. Además, sigue Mollinedo, muchos temen acudir a la Fiscalía o a la Justicia porque no quieren exponerse o porque creen que las pruebas que van a aportar son insuficientes. Y esto enlaza con otro de los grandes impedimentos que enfrenta la lucha contra el fraude en nuestro país, que es la falta de oficinas de denuncia; es decir, organismos públicos con atribuciones para investigar denuncias, aunque sean anónimas. En España brillan por su ausencia. A nivel estatal no hay ninguno más allá del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, que, como su nombre indica, solo atiende casos relativos a los fondos europeos. A nivel autonómico, solo Cataluña, Andalucía, Navarra y la Comunidad Valenciana disponen de oficinas, y a nivel local, solo los consistorios de Barcelona y Madrid. Bien es cierto que Galicia, Castilla y León, Madrid y Canarias disponen de agencias anticorrupción, pero sin competencias de investigación, según explican los técnicos de Hacienda. Bien es cierto que Galicia dispone del Consello de Contas y Canarias de la Audiencia de Cuentas, pero a día de hoy estos organismo carecen de funciones de investigación o inspección, lo que obligaría a cualquier denunciante a acudir a otro organismo si quiere que se investigue un contrato sospechoso. El estado de la lucha antifraude en España se enfrenta a un problema de recursos, y valga este ejemplo.
Según denuncia Mollinedo, buena parte de los técnicos de Hacienda que trabajan protegiendo los fondos europeos son funcionarios de base que cobran poco más que un administrativo , y esto a pesar de que «supervisan inversiones de hasta 1.000 millones de euros, como las que llegan a la infraestructura portuaria», denuncia el secretario general de Gestha.
