Hacienda intensifica la vigilancia a multinacionales, grandes empresas y elevados patrimonios
Los técnicos piden más recursos y un cambio de paradigma para poder cumplir con este cometido
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El Ministerio de Hacienda no tiene pensado dejar pasar ninguna irregularidad o estrategia fiscal a los grandes capitales, multinacionales y megaempresas que buscan ahorrarse importantes sumas en impuestos que merman las arcas públicas, tanto en su tributación en España como en sus desdobles en otros países europeos. La Agencia Tributaria (AET) ha lanzado su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025, con el que pretende depositar el foco en “aquellos expedientes en que se detecten estructuras de planificación fiscal agresiva en fase recaudatoria en distintos países”.
La cooperación internacional es clave para evitar el aprovechamiento de las diferentes tributaciones europeas, más ahora con la imposición mínima del 15% para este tipo de empresas (ingresos de más de 750 millones de euros anuales) que la Unión Europea (UE) ha sacado adelante en forma de directiva y, en consecuencia, debe ser traspuesta en todos los países. Así, el plan incorpora al ordenamiento interno español el impuesto mínimo global al que están sujetos, desde 2024, los grupos multinacionales y nacionales de gran magnitud, pese que “las primeras declaraciones por este impuesto se presentarán en 2026”, explica la AET.
«Tenemos las manos atadas para investigar los fraudes más abultados»
La anticipación responde a “la novedad y complejidad del mismo supondrá un importante reto organizativo para los contribuyentes y la Agencia Tributaria durante 2025”, desarrolla. A más, la directiva contiene también un Impuesto Complementario, que pretende “garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud”, otro referido al margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y uno sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco.
Asimismo, la Agencia traslada que también recibirá “atención prioritaria” la erosión de bases imponibles causada por el establecimiento de estructuras en el exterior en las que se remansen beneficios que deben tributar en España. Como base para construir esta cooperación internacional existe el proyecto BEPS, aprobado en el seno de la OCDE y el G20 hace doce años y al que la Agencia Tributaria española hace referencia en su plan para este curso.
Cooperación internacional
Uno de los resultados de este trabajo conjunto fue el reforzamiento, a nivel global, de las medidas anti elusión, tanto de carácter interno como internacional. Estas figuras, explica la AET, “se despliegan sobre un conjunto variado de materias, tales como las denominadas asimetrías híbridas, la transparencia fiscal internacional, la deducibilidad de los gastos financieros o el abuso de los Convenios fiscales”.
“La entrada en vigor del Convenio Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales está permitiendo implantar de modo progresivo todas aquellas medidas derivadas de los trabajos del proyecto BEPS (hasta 15) que requieren la modificación de Convenios internacionales”, celebra el fisco español.
Los técnicos de Hacienda piden más recursos
La realización de este control y auditoría quedan claramente reflejados sobre el papel; sin embargo, los encargados de desarrollarlo no ven su éxito tan claro. El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha trasladado su "desconfianza" por el éxito del plan "si se les sigue manteniendo las manos atadas para investigar los fraudes más abultados". Si bien ven avances en depositar el foco en la evasión de grandes empresas, grupos empresariales y personas con rentas y patrimonios muy altos; consideran que en la práctica se les sigue centrando en el control de los particulares, los autónomos y las pymes.
Para dar un vuelco a la situación, Gestha ha reclamado al Gobierno que exija a la Agencia Tributaria el objetivo irrenunciable de la reducción de la economía sumergida, en vez de que se contente con intentar mejorar los resultados totales de sus actuaciones del año 2020 en el que se recaudaron 17.274 millones de euros, objetivo no superado en estos cuatro años. Además, trasladan que se deben remover los lastres que limitan las funciones y competencias de los técnicos para que puedas terminar los expedientes de fraudes de mayor dificultad y sofisticación y enviar los informes a la Fiscalía.
