Los aplazamientos de impuestos que se ven obligados a solicitar los trabajadores por cuenta propia y las empresas a Hacienda estarían creciendo considerablemente, al alcanzando niveles similares a los del año de la pandemia y superando más de 2,6 millones de solicitudes. Además, según los datos de la Agencia Tributaria sobre la ‘Evolución del número de solicitudes de aplazamientos’, éstas habrían superado en importe a los aplazamientos solicitados en 2020, rebasando los 11.000 millones de euros.
Si bien los últimos datos que ha publicado Hacienda pertenecen al cierre del año 2023, varias fuentes fiscalistas consultadas por este medio, como la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget), también apuntaron a un aumento de los aplazamientos durante este último ejercicio, 2024, aunque habrá que esperar al informe de este ministerio.
En concreto, el total de solicitudes ascendió a 2.600.237, con una diferencia de casi medio millón de solicitudes respecto a 2021 y 2022. Según explicó a este medio José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), la mayoría de estas solicitudes corresponden a autónomos y empresas, siendo esta casuística mucho más habitual entre los negocios que con el resto de contribuyentes.
Uno de los factores que explicarían el aumento experimentado en 2023 serían los cambios para flexibilizar la concesión de aplazamientos aprobados durante ese año, entre los que se incluye la elevación del importe exigido a partir del cual deben aportarse determinadas garantías -como avales-, necesarias para acceder a los aplazamientos y fraccionamientos.
Los aplazamientos de impuestos de autónomos y empresas se acercan a los de 2020
Según los datos recogidos anualmente por Hacienda, los aplazamientos de las deudas con la Administración se han incrementado en 2023 hasta alcanzar niveles cercanos a los de la pandemia, reflejando una necesidad de liquidez entre los autónomos y empresas.
Fuente: Agencia Tributaria
Aunque los datos del Fisco recogen el total de solicitudes, el secretario técnico de Gestha señaló que la mayor parte de éstas pertenecerían a autónomos y empresas. “Los particulares no suelen aplazar las deudas. Poniendo el ejemplo de un contribuyente que no declara en su momento una ayuda pública que está sujeta a tributación, y se le reclama una cantidad junto con los intereses correspondientes, normalmente, esas deudas se pagan sin aplazar, porque son cantidades muy pequeñas. No merece la pena aplazarlas, dado que los aplazamientos conllevan intereses”.
Como añadió el secretario técnico de Gestha, una explicación podría ser una preferencia de los negocios a aplazar el pago de sus impuestos antes que solicitar préstamos, con el aumento de los tipos de interés bancario y el endurecimiento de las condiciones para acceder al crédito producido en ese mismo período.
Esto se habría combinado con el aumento del tope máximo a partir del que Hacienda requiere presentar un aval o garantía para pedir los aplazamientos o fraccionamientos, que se aprobó a comienzos del 2023. Mediante esta regulación, se amplió el límite para obtener la suspensión de los actos administrativos de reclamación y solicitar el aplazamiento de los pagos sin presentar aval de los 30.000 euros a los 50.000 euros.
Además, ampliaron los plazos máximos de pago para las solicitudes exentas de aportar garantías para aquellas deudas pendientes con importe superior a 3.000 euros, que pasaron a 24 meses para las personas físicas y 12 meses para las personas jurídicas, combinado con su tramitación automática por parte de la AEAT.
Estos importes no corresponderían a deudas que la Agencia Tributaria ya ha tratado de liquidar, sino también a aquellos casos en los que, debido a la falta de liquidez momentánea, se decide aplazar el pago. “No sólo se fraccionan o aplazan deudas liquidadas. También aquellas que declaran los contribuyentes, pero que se dan en un momento de tensión de tesorería, y deciden, en lugar de pagar ese mes, pagar en el mes siguiente”.
Sin embargo, cabe destacar que cuando existe un nivel de deuda que sitúa al autónomo o empresa en la posición de tener que solicitar un aval, no quiere decir que siempre se conceda, y, de hecho, como explicaron los fiscalistas a este medio, en ocasiones es difícil obtenerlo a pesar de la mejora en las medidas para proporcionar las facilidades de pago.
El importe de los aplazamientos supera el registrado durante la pandemia
Además de alcanzar un nivel de solicitudes similar al de la pandemia, la cuantía total de los aplazamientos también ha aumentado hasta los 11.246 millones de euros, superando los 10.315 millones registrados en 2020, lo que indicaría que, aunque existe un número algo menor de solicitudes que entonces, los autónomos y empresas están solicitando los aplazamientos y fraccionamientos por deudas superiores.
Fuente: Agencia Tributaria
En línea con estos resultados, los fiscalistas preguntados por este diario afirmaron haber notado en este último año un aumento de la gestión de aplazamientos en sus despachos y oficinas, entre ellos, Juan Ramón Fernández, vocal de Asefiget.
Según detallaron, habrían notado un mayor número de solicitudes por parte de sus clientes, tanto para aplazar deudas en período voluntario como en período ejecutivo, que podrían estar poniendo en valor un posible mantenimiento de esta tendencia en el pasado ejercicio, aunque habrá que esperar para conocer los resultados que Hacienda publica más de un año después del cierre del ejercicio.
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