El Estado pierde más con el fraude que subiendo el mínimo exento para que el SMI no tribute IRPF

Además de provocar una importante controversia política, la decisión del Ministerio de Hacienda encabezado por María Jesús Montero de no actualizar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha reabierto el debate sobre la justicia fiscal en España. Este es el primer año en el que el Gobierno ha decidido no elevar ese umbral de tributación, por lo que se mantiene el de 2024: 15.876 euros anuales, un importe 700 euros inferior al nuevo SMI, fijado en los 16.576 euros para este año 2025.

En contra del criterio de Sumar, de sus socios en el Congreso y hasta del PP, el Gobierno se niega a subir el mínimo exento porque dice que hacerlo tendría un coste para las arcas públicas de entre 1.700 y 2.000 millones de euros. Hacienda explica que esta pérdida de recaudación no solo estaría ligada a lo que dejaría de ingresar por eximir del IRPF a los perceptores del SMI, sino también por los ajustes que tendría en el impuesto para no perjudicar a las rentas más bajas.

Montero también ha hecho mucho hincapié en que solo el 20% de los perceptores del SMI pagarán retención del IRPF, llegando en algunos casos hasta un máximo de 300 euros anuales sobre un total de 16.576. Es decir, sólo el 1,8% del total de ingresos.

El 80% restante se mantiene libre de pagar el IRPF teniendo en cuenta sus situaciones personales y las reducciones correspondientes. Por ejemplo, a un contribuyente con pareja y un hijo menor de 3 años que cobre el SMI no se le aplicará ninguna retención.

Carlos Cruzado, presidente de Gestha, el sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda, sostiene que la decisión del Gobierno es "una medida política" y se muestra favorable a subir el mínimo exento hasta equipararlo al nuevo SMI. Según sus cálculos, lo que dejaría de percibir Hacienda no sería tanto como dice Montero, aunque reconoce que aún no puede dar una cifra exacta "porque aún la estamos calculando".

En contra del argumento de Montero de que las rentas más bajas saldrían perjudicadas, Cruzado explica que eso no sería así: por la propia mecánica del impuesto, que contempla una serie de reducciones sobre los ingresos de cada trabajador en función de su situación personal y familiar, subir el mínimo exento beneficiaría no solo a quienes cobran el SMI "sino también a quienes perciben hasta 19.700 euros líquidos al año", dice el presidente de Gestha.

Sin embargo, Cruzado considera que la polémica sobre el mínimo exento es menor: él prefiere poner el foco cómo avanzar hacia una mayor justicia fiscal. Hay sumideros más grandes por los que Hacienda pierde mayores cantidades de dinero. El presidente de Gestha pone un ejemplo muy evidente: "Con la exención de los primeros 40.000 euros en los premios de las loterías, el Estado deja de ingresar casi 1.000 millones de euros al año".

La prioridad es ajustar y reformar el sistema fiscal para que sea más justo y progresivo, pero empezando por arriba y no por abajo. "El último informe de la fundación Fedea señalaba el otro día que el 1% de los contribuyentes con mayores rentas tributan menos que nadie en relación no solo con el IRPF, sino computando todos los impuestos", señala Cruzado.

El presidente de Gestha hace referencia a un informe publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) hace dos semanas sobre el reparto de los impuestos que llegaba a la conclusión de que el efecto redistributivo del sistema fiscal en su conjunto está disminuyendo.

El informe también destacaba dos datos que resultan demoledores: en 2022 las rentas de capital, con un 21,6% de aumento, crecieron diez puntos por encima de las rentas del trabajo (11,8%) pero en 2020 pagaron menos impuestos que un año antes; además, el 1% más rico de España disparó sus rentas tras la pandemia y aumentó la distancia con el resto de clases sociales. Es más, lo que recauda Hacienda por las rentas de capital es solo la décima parte de las rentas de trabajo.

Ante estos datos, Cruzado se reafirma en su idea de que los ricos no pagan IRPF y propone medidas para intentar reducir esta brecha: "Antes hay que ajustar el gran diferencial que todavía existe entre la tributación del rendimiento de capital y la tributación del rendimiento de trabajo". También señala que habría que combatir con más medios el fraude fiscal, que en España alcanza los 20.000 millones de euros, según otro estudio de Fedea. Esa cantidad es diez veces superior a lo que Montero dice que dejaría de recaudar si subiera el mínimo exento del IRPF.

Hay otro frente abierto: el impuesto de sociedades. Aquí también se aprecia la desigualdad: en los últimos 15 años la recaudación del IRPF ha aumentado de forma constante, pero no así el impuesto que pagan las empresas, que aún en 2023 no se había recuperado el pico de recaudación que alcanzó en 2007, justo antes de la crisis financiera. Según los datos de Hacienda, mientras los ciudadanos pagan un tipo medio efectivo del 13% de sus ingresos, las empresas apenas supera el 10%. 

https://www.publico.es/economia/pierde-fraude-subiendo-minimo-exento-smi-tribute-irpf.html