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25 de noviembre de 2024
En un giro inesperado en la política fiscal española, el Congreso ha frenado la propuesta del Gobierno de aumentar el IVA a los pisos turísticos a un 21%, frente al 10% que actualmente se aplica en el sector hotelero. Este intento formaba parte de un proyecto más amplio de reforma fiscal que buscaba nivelar la competencia en el ámbito del alojamiento y regular el crecimiento desmesurado de los alquileres vacacionales en detrimento del mercado de vivienda permanente.
Con el propósito declarado de ajustar las cargas impositivas entre los distintos tipos de alojamiento, la medida aspiraba a establecer una paridad fiscal con los hoteles, quienes han denunciado durante años una situación de competencia desigual. Actualmente, los propietarios de pisos turísticos no están obligados a pagar IVA, salvo que proporcionen servicios adicionales como limpieza o mantenimiento, lo cual, según críticos, distorsiona el mercado.
El impacto de los pisos turísticos en el entorno urbano no ha pasado desapercibido. Sumar, sólido aliado del Gobierno, ha subrayado las externalidades negativas asociadas a este fenómeno, como la gentrificación y la reducción de disponibilidad de viviendas para uso habitual. Al contrario, los hoteles, que contribuyen significativamente a la creación de empleo, se ven perjudicados por estas prácticas.
Desde un punto de vista económico, elevar el IVA a los pisos turísticos significaría un cambio estratégico para sus propietarios, que podrían verse forzados a trasladar el coste al cliente o reducir considerablemente sus márgenes de beneficio. Esta situación recuerda a la experiencia de gigantes del supermercado como Mercadona ante fluctuaciones del IVA, donde las estrategias para enfrentar los aumentos han variado desde la absorción de los costes hasta el ajuste en los precios de oferta.
El legislador pretende con estas acciones alentar un regreso al alquiler tradicional, aunque las experiencias internacionales sugieren que tales restricciones no necesariamente mitigan la presión en el mercado de arrendamientos a largo plazo. La eficacia de una subida del IVA en facilitar el acceso a la vivienda aún está sujeta al escrutinio de economistas y planificadores urbanos.
Para el espectro hotelero, y particularmente para los establecimientos de nivel medio y económico, la imposición de un IVA más elevado a sus competidores turísticos podría haber sido una oportunidad para ofrecer precios más competitivos, ensanchando su margen de maniobra fiscal. Algunos expertos sostienen que una renovación en las políticas fiscales podría reforzar la solidez del sector hotelero y fomentar una competencia más justa.
En medio de estas discusiones, el Gobierno se mantiene firme en su intención de regular más eficientemente los alquileres vacacionales, adelantando iniciativas como el registro obligatorio de estas propiedades. Sin embargo, falta un consenso claro sobre cómo integrar un enfoque fiscal que contemple tanto el estímulo al turismo como la protección del tejido urbano y social.
Este debate fiscal no solo pone sobre la mesa un tema de equidad tributaria sino que también abre la discusión sobre el desafío de equilibrar el desarrollo del turismo con la calidad de vida urbana. Por ahora, la comunidad continúa observando de cerca cómo evolucionarán las políticas regulatorias, confiando en que se diseñarán soluciones que aseguren un crecimiento sostenible y ordenado del turismo en España.
Fuente: Gestha
