El 'Govern' quiere fichar inspectores del Estado para ampliar su Agencia Tributaria
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La 'Hacienda catalana' tiene 852 empleados, pero solo un 34% son cuerpos tributarios
El Govern de Salvador Illa sigue dando pasos para dar forma al concierto económico pactado con ERC. Tras nombrar al grupo asesor que perfilará los detalles del autodenominado modelo de financiación singular y designar al nuevo director de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), el ejecutivo autonómico sopesa varias opciones para engrosar este último organismo. La principal pasa por absorber a los altos funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que trabajan en Cataluña.
Según los últimos datos disponibles, la 'Hacienda propia' emplea a 852 personas, de las cuales tan solo el 34,2% pertenece a cuerpos tributarios especializados en gestión e inspección de impuestos. En concreto, solo cuenta con 23 inspectores y 269 gestores, según las cifras de cierre del ejercicio 2023. Una dotación que palidece frente a los casi 5.000 con que cuenta su hermana mayor solo en la comunidad. La Hacienda nacional cuenta en Cataluña con 1.612 técnicos y 498 inspectores.
Hay que tener en cuenta cuáles son las competencias del organismo autonómico. La ATC solo está capacitada para llevar a cabo la gestión integral únicamente de los tributos propios (como el de las bebidas azucaradas, el de los grandes establecimientos comerciales y el canon del agua)y cedidos (como Patrimonio y Sucesiones), así como la lucha contra el fraude fiscal y la recaudación ejecutiva de las deudas tributarias y de otros ingresos de derecho público de la Generalitat y otras administraciones catalanas.
En busca de una "fórmula"
Tanto Illa como la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, han barajado distintas cifras objetivo para ampliar la agencia autonómica. El president afirmó primero en sede parlamentaria que pretendía cuadruplicar el tamaño del ente. Posteriormente, la consellera planteó una horquilla de entre 4.000 y 5.000 efectivos. Al margen de este baile de cifras, las fuentes consultadas por elEconomista.es ven difícil que la Generalitat incremente con rapidez la plantilla de la ATC exclusivamente a través de convocatorias de empleo. Fue precisamente Romero quien adelantó que se están ensayando "incentivos" y buscando una "fórmula jurídica" para captar a los funcionarios de alto rango de la AEAT. El encaje legal no es menor, ya que en 2015 el Tribunal Supremo ya barró el paso al traspaso de inspectores de la AEAT a la agencia catalana, como informó este medio.
Si se pretende, como está recogido en el pacto de investidura entre PSC y ERC, que la región gestione íntegramente el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a partir del año 2026, la vía ordinaria para aumentar la plantilla se antoja insuficiente. "Solo con la negociación de las bases de las convocatorias nos podemos tirar meses", apunta una fuente sindical experimentada.
A esto se añade que el retraso en la elaboración de los presupuestos, fruto sobre todo del impás en que se halla ERC hasta que renueve su cúpula, complica la calendarización de nuevas convocatorias de empleo públicos. El ejecutivo autonómico asumió hace un par de semanas que no tendrá las cuentas actualizadas el 1 de enero de 2025, como había prometido cuando tomó posesión a finales del verano.
De todos modos, el ritmo de crecimiento de la Agencia Tributaria autonómica tampoco parece indicar que se pudiera muscular su estructura de forma importante en apenas un año.
Según las memorias del organismo catalán, en el último sexenio tan solo se han llevado a cabo tres procesos selectivos de cuerpos tributarios. En 2022, la agencia catalana coordinó y gestionó por primera vez una convocatoria de 120 plazas de gestores tributarios, la más numerosa de su historia, que se resolvió el año pasado. Lo hizo con cuatro años de demora puesto que estas plazas correspondían a la oferta pública anunciada por la Generalitat en 2019.
A estos nuevos 120 funcionarios de carrera, en 2024 se han sumado 20 inspectores tributarios y se ha estabilizado a 85 gestores. Con estos antecedentes, la vía más plausible de dimensionar con celeridad y en un volumen relevante la ATC parece ser la captación --la "opa", dice otro interlocutor-- de los inspectores y gestores de la AEAT.
Oposición interna
Tanto Gestha como IHE han expresado su preocupación por esta maniobra. La primera organización considera "irrealizable" este empeño y ha argumentado que el grueso de trabajadores de la AEAT "rechazaría integrarse en la ATC al carecer de lazos afectivos y familiares en la región, aumentando exponencialmente las ya altas demandas de movilidad de Cataluña, sin que las mayores retribuciones y la integración en un cuerpo superior sean un atractivo suficiente".
IHE fue más lejos en su oposición a los movimientos del Govern. En un duro comunicado publicado tras conocerse el contenido del acuerdo entre republicanos y socialistas, la asociación advirtió con emprender medidas legales para impedir que se consumara la integración forzosa de los inspectores estatales en el cuerpo de funcionarios de la Generalitat. "Los compañeros que están allí destinados no son, ni serán nunca, funcionarios de una supuesta Agencia tributaria catalana nacional, que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico por más que se quiera forzar y engañar a la ciudadanía con argumentos falaces".
