Según la información que mes tras mes da la Agencia Tributaria sobre la gestión recaudatoria, hasta el pasado 30 de junio el Estado había devuelto ya 708 millones a mutualistas de las extintas mutualidades del trabajo, lo que a la luz de la nueva información proporcionada por Hacienda no alcanza ni siquiera a la mitad de las deudas que el Estado tiene con el colectivo.
La Agencia Tributaria ha habilitado un canal preferente en su web para que los mutualistas puedan acreditar tanto su condición como tales como las aportaciones realizadas en su día y según fuentes del organismo también ha rastreado la información disponible para facilitar el reconocimiento del derecho a los jubilados sobre los que haya información de sus contribuciones, pero el hecho de que se trate de pagos que se realizaron entre 45 y 55 años atrás dificulta la acreditación documental que se exige para realizar la devolución y podría rebajar de forma relevante el coste para el Estado esperado por Hacienda.
Un dineral en sentencias
Las devoluciones a mutualistas son, sin embargo, solo una parte de las deudas a las que tendrá que hacer frente Hacienda en los próximos meses. La insólita acumulación de sentencias judiciales desfavorables a sus intereses en los últimos tiempos han trascendido la categoría de anécdota y se han convertido en un elemento de preocupación a la hora de cuadrar las cuentas en un momento en el que la reinstauración de las reglas fiscales obligan a España a cumplir con los objetivos de consolidación acordados con Bruselas.
La constatación de ello es que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) supeditó su análisis favorable respecto al potencial cumplimiento del objetivo de cerrar el año con un déficit inferior al 3% del PIB a la clarificación del impacto de estas sentencias sobre las arcas públicas, cuyo efecto para este ejercicio estimó en 3.000 millones de euros.
Las cifras proporcionadas por el Ministerio de Hacienda en la Cuenta General del Estado elevan esta factura hasta los 4.000 millones de euros, sumando los 1.700 millones en devoluciones a mutualistas, los cerca de 1.500 millones de euros que estima que le costará la sentencia judicial que le obliga a devolver a los grandes operadores de telecomunicaciones el IAE que se les cobró por un nuevo epígrafe del impuesto instaurado en 2002 y los 1.200 millones que Hacienda estima que le costará la derogación del decreto de 2016 que sustanció la que se tiene como la mayor subida del Impuesto de Sociedades de la historia.
La incertidumbre en torno a estas cifras es, no obstante, elevada. No tanto en el caso de las devoluciones de IAE a las grandes telecos cuyo coste Hacienda ya había estimado en unos 1.300 millones de euros hace unos meses y que ahora eleva hasta los 1.479 millones de euros en la provisión dotada en la Cuenta General del Estado, pero sí en el caso de la anulación de la reforma del Impuesto de Sociedades de 2016 en la que se aprecia una gran discrepancia entre lo que las empresas aspiran a recuperar y lo que Hacienda espera que le cueste: unos 1.200 millones de euros.
El cálculo de Hacienda parece construirse sobre la fórmula que sus servicios técnicos y jurídicos han encontrado para reinstaurar en su integridad las medidas aprobadas en 2016 por Cristóbal Montoro por la vía del decreto, lo que propició su anulación posterior por parte del Tribunal Constitucional, con el menor coste posible para las arcas públicas y por consiguiente con las menores compensaciones posibles a los afectados, en su mayoría empresas de gran tamaño.
Así se explica la distancia entre los en torno a 5.000 millones que las empresas aspiraban a recuperar y los 1.200 millones que Hacienda estima que le costará la anulación del decreto de Montoro. El asunto no está claro porque no son pocos los asesores que entiende que el apaño podría ser inconstitucional.
El problema creado por los reveses judiciales a Hacienda ha acabado convertido en arma arrojadiza y en una maniobra insólita desde el Ministerio se ha deslizado un cálculo que estima en 11.000 millones de euros el coste para las arcas públicas de las sentencias que han tumbado medidas aprobadas durante la era de Cristóbal Montoro
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