El consorcio tributario para Cataluña obligará al Gobierno a modificar la LOFCA

La negociación entre PSC y ERC para reformar la financiación de Cataluña se ha concretado hasta ahora en un consorcio tributario. Pese a que este instrumento esté recogido en el Estatut y haya merecido el aval del Tribunal Constitucional, su despliegue efectivo afronta varios escollos jurídicos y técnicos. El primero de todos: la necesaria revisión de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, conocida como la LOFCA, matriz a su vez de distintas normas de rango inferior.

Como recuerda el economista Francisco de la Torre, las previsiones sobre el consorcio incluidas en el estatuto catalán no son más que un esbozo y jamás se han desarrollado con precisión. En opinión del experto, el marco adecuado para hacerlo sería la LOFCA, que materializa el artículo 157 de la Constitución referente a los recursos económicos de las autonomías. Este hecho invalida la idea de que el consorcio pudiera regularse únicamente por parte de la Generalitat, sino que debería tramitarse en las Cortes Generales para recibir luz verde.

Este punto de vista es compartido por la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), aunque José María Mollinedo, portavoz de Gestha, considera que el consorcio podría regularse mediante una ley de creación del ente jurídico sin tocar la LOFCA.

En cualquier caso, este marco jurídico debería perimetrar su ámbito de actuación y aclarar su capacidad normativa sobre los tributos de titularidad estatal cedidos total o parcialmente a las comunidades. También debería abordar las bases mismas de coordinación entre la Agencia Tributaria estatal y la Agencia Tributaria catalana, llamadas a poner en común sus recursos humanos y materiales.

Una reforma de la LOFCA obligaría al Gobierno a buscar apoyos en la pluralidad de fuerzas que lo sustentan. "Como toda ley orgánica, se exigiría una mayoría absoluta en el Congreso que por sí solo no tiene el PSOE", subraya De la Torre. Pero no parece fácil que esto ocurra. No solo porque las comunidades gobernadas por el PP hayan criticado desde el principio las conversaciones entre republicanos y socialistas para reformar la financiación catalana, sino porque los grupos regionalistas como Compromís y la Chunta también han amenazado con retirar su apoyo al Ejecutivo.

En este contexto se explica que, como avanzó elEconomista.es, el PSC estudie la posibilidad de extender el consorcio a todas las autonomías amparándose en articulados similares al del Estatut presentes en otros estatutos.

Cesta de impuestos

Pero aun cuando se agavillara una mayoría de votos para actualizar la LOFCA, persistirían otros problemas de orden técnico. En la letra menuda ocupa un lugar esencial la cesta de impuestos que pasaría a gestionar el nuevo ente. "El consorcio tiene que operar con los tributos cuya naturaleza así lo exija. Hay quienes lo hemos escrito hace 16 años. En mi caso veo posible que se haga con el IRPF, pero en otros impuestos como Sociedades es imposible", sentencia De la Torre. No se podría, por tanto, avanzar hacia una ventanilla única para liquidar el 100% de tributos, como pretende el independentismo.

De su lado, Mollinedo expone: "Los impuestos más fáciles de consorciar son aquellos en que la administración autonómica ya participa de alguna forma en su gestión, como la campaña de la renta. Por eso el impuesto más fácil sería el IRPF. Relacionado con este está el impuesto de Patrimonio, que es de gestión autonómica. Complementariamente, aunque en Cataluña no se exige al haber Patrimonio, estaría el de solidaridad de grandes fortunas. Y probablemente se podría consorciar el impuesto de Sucesiones y Donaciones". Más allá, ambos expertos ven difícil territorializar la recaudación de más figuras.

Recelo de los inspectores

Un asunto espinoso sobre el que ni PSC ni ERC se han mojado aún es la voluntad de los empleados de la Agencia Tributaria estatal a pasarse al nuevo órgano. Según detalla Gestha, la plantilla de la agencia estatal en Cataluña está formada por 3.939 funcionarios, de los que ejercen funciones superiores 364 inspectores y 1.365 técnicos de Hacienda. Cuando echó a andar la Agencia Tributaria autonómica ya hubo muy pocos efectivos que se enrolasen a la Generalitat. Para más inri, el Supremo anuló una pasarela creada ad hoc por el Govern para acelerar esta integración, como informó este medio.

En todo caso, la cuestión dependerá del formato definitivo que adopte el consorcio. No está claro que la propuesta de "máximos", como la describe De la Torre, de refundir ambas agencias sea la resultante de las conversaciones entre PSC y ERC. Se podría optar por crear un mecanismo de dirección y coordinación de la actuación de las agencias estatal y autonómica, lo que además tendría la virtualidad de ser menos costoso para el contribuyente aun cuando se mantendrían las mismas ineficiencias, advierte el hacendista.

Si por contra se aplicara la primera opción podría haber fugas por parte de los funcionarios de Hacienda. Tampoco sería sencillo para el consorcio aumentar su dotación funcionarial, alerta Mollinedo, sino que lo más probable es que se fichara laborales o interinos. Ante la negativa de pasarse al consorcio, sobre todo de los funcionarios de nivel A1 con altas retribuciones, Gestha propone ensayar incentivos. "Dar la posibilidad a los trabajadores que vayan al consorcio de teletrabajar, por ejemplo, cuatro días a la semana, en vez de los dos que teletrabajamos en la Agencia Tributaria del Estado, sería seguramente motivador para muchas personas", sugiere Mollinedo.