GESTHA EXPLICA QUE SE DEBERÍA CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN PARA QUE LA HACIENDA CATALANA INDEPENDIENTE SEA UNA REALIDAD
Sin embargo, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, asegura que los técnicos de Hacienda «no tenemos esa visión fatalista», y afirma que los inspectores «mezclan información con elucubración», ya que Mollinedo entiende que no hay negociaciones sobre la supuesta independencia de la agencia tributaria catalana. A su juicio, PSOE y Junts están debatiendo sobre cuestiones más urgentes (como la amnistía). Gestha ha preguntado sobre esa posible negociación y en Hacienda les han contestado que esa independencia «no está en la agenda porque hay asuntos más prioritarios».
«GESTHA HA PREGUNTADO A HACIENDA Y LES HAN ASEGURADO QUE ESTA CUESTIÓN "NO ESTÁ EN LA AGENDA DE LAS NEGOCIACIONES DE PSOE, JUNTS Y ERC PORQUE HAY OTROS ASUNTOS MÁS PRIORITARIOS"»
Pero la razón de peso para que Gestha muestre esa tranquilidad se encuentra en que una medida como la independencia de la Agencia Tributaria de Cataluña requeriría una modificación de la Constitución y hoy por hoy, como están las relaciones entre los dos partidos mayoritarios del país, es impensable que se produzca un acuerdo.
Mollinedo recuerda que la primera vez que surgió esa cuestión fue con el conflicto independentista del referéndum del 1-O de 2017, con las denominadas «leyes de desconexión». El entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, «tentó a funcionarios de la Agencia estatal para que se pasaran a la autonómica». El responsable de Gestha reconoce que sólo los funcionarios con sueldos más bajos estuvieron dispuestos a cambiar, pero desde la AEAT se prohibió ese traslado.
Pero para encontrar los orígenes de este conflicto sobre la agencia tributaria habría que retroceder a 2004, en que un cambio en el Estatuto catalán reconoció que las dos administraciones de Hacienda (la Estatal y la de la comunidad) crearían un «consorcio» de colaboración para gestionar los tributos. El Estatuto de 2004 dejó abierta la puerta, pero nunca se llegó a desarrollar. Pero desde ese año todavía no se ha puesto dicho consorcio a funcionar, recuerda Mollinedo. Además de que su creación no suponía ceder tributos sino unir dos administraciones para gestionar los tributos. Eso sí, cada administración con su personal, porque hay tributos que solo son estatales y otros que solo son autonómicos.
BALANZAS FISCALES CON METODOLOGÍAS DIFERENTES
Otra cuestión que ha surgido es aquella denuncia de Puigdemont y demás dirigentes catalanes de que «España nos roba». Cataluña, pero también Madrid o Baleares, se quejan de que aportan más de lo que reciben, lo que en su día el ministro Pedro Solbes denominó el «sudoku» para conciliar posturas tan dispares y contentar a todas las autonomías. Entonces se llegó a la conclusión de que la fórmula más adecuada era tratar las balanzas fiscales con metodologías diferentes. Con estas metodologías cada comunidad puede comprobar qué aportan sus ciudadanos y empresas y qué reciben.
El tratamiento fiscal diferente es para País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, pero que se recogió en la Constitución en el momento de su redacción en 1978. En el acuerdo de investidura que han firmado PSOE y ERC lo único que se contemplan son fórmulas para el cambio de la gestión de los impuestos, pero no que pasen a manos de la Administración catalana. Cataluña sigue teniendo el Impuesto de Patrimonio, el de Sucesiones y el de Transmisiones Patrimoniales. El resto, como la recaudación del IRPF o del IVA son compartidos con al Administración Estatal.
Frente a esta posición, la de los inspectores agrupados en Fedeca, tañen las campanas a rebato. Según las informaciones que manejan Pere Aragonés estaría ya negociando el traspaso de 300 inspectores de la Hacienda estatal a la Agencia catalana. Esos son los cálculos de la Generalitat de Cataluña para asumir el 100% de los impuestos, ya que necesita tanto medios técnicos como humanos. Todo este esfuerzo técnico y personal sería para que el Estado le traspasara la gestión de todos los tributos a Cataluña. En la actualidad la Agencia autonómica cuenta con 816 empleados, 7 inspectores y 18 subinspectores. Puigdemont calculó en 2017 que su creación costaría cerca de 500 millones de euros.
Esta cuestión forma parte de las negociaciones entre el Gobierno con el Ejecutivo catalán, en el que también se incluye establecer un ‘cupo catalán’, similar al que tiene el País Vasco, lo que desde Gestha interpretan que se necesitaría cambiar la Constitución. Fedeca considera, además, que esa independencia de la Hacienda catalana supondría una pérdida de 30.000 millones cada año para el resto de las comunidades autónomas. El problema, como dicen los técnicos de Hacienda, es que ese cambio requeriría abrir la Constitución e introducir esa reforma.
