Juan Carlos I paga 678.393 euros a Hacienda para evitar una causa judicial
El rey emérito, investigado por la Fiscalía del Supremo, admite que manejó fondos sin declarar al fisco
Madrid - 09 DEC 2020 - 19:05 CET
Con un escueto comunicado de apenas dos párrafos, Juan Carlos I vuelve a colocar a la Monarquía española en el ojo del huracán. El rey emérito, que abdicó en 2014 en su hijo, Felipe VI, ha admitido que este miércoles ha presentado una declaración a Hacienda para regularizar su situación fiscal. Según la nota de prensa hecha pública a través de su abogado, el antiguo jefe del Estado ha tramitado hoy, “sin requerimiento previo”, un documento “ante las autoridades tributarias competentes” para satisfacer una deuda tributaria “por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos”. Como avanzó EL PAÍS el pasado domingo, su equipo jurídico ya había hecho llegar a Hacienda esta posibilidad, en relación al uso de tarjetas bancarias por parte de Juan Carlos l y sus familiares con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo.
“En cualquier caso, el rey emérito continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del ministerio fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos”, añade la nota de prensa de este miércoles, firmada por su letrado, Javier Sánchez-Junco, un antiguo fiscal anticorrupción especializado en delitos económicos.
Con esta iniciativa, el rey emérito, que se encuentra actualmente en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), pretende evitar que se le abra una causa judicial por este caso. La legislación española prevé que el implicado pueda eludir el delito fiscal si abona su deuda antes de que Hacienda o la justicia le notifique el inicio de actuaciones. Y ninguna de las dos lo ha hecho. En este sentido, el artículo 305.4 del Código Penal establece que la regularización de la situación tributaria “impedirá” perseguir las irregularidades contables cometidas previamente.
El pago anunciado este miércoles por don Juan Carlos incluye tanto la deuda tributaria como lo que el abogado del rey emérito denomina en su comunicado los “intereses y recargos”. Con este concepto hace referencia a los intereses de demora (un 5%) y los intereses por pago fuera de plazo (el 20% si han pasado más de 12 meses desde que finalizó el plazo oficial para presentar esa declaración). Ambos tienen que ser satisfechos junto a la cantidad defraudada para que Hacienda estudie la regularización de la situación fiscal. Las autoridades tributarias tendrán ahora que analizar la documentación presentada por el anterior jefe de Estado y comprobar que sea completa y veraz. Para ello, tendrán que hacer una exhaustiva evaluación de las cuentas y del patrimonio de Juan Carlos I.
En el comunicado hecho público, su abogado no aclara si la deuda está vinculada al impuesto de donaciones o al de la renta. Los procedimientos son similares, aunque el primero lo gestiona la comunidad autónoma (en este caso Madrid) y el segundo, la Agencia Tributaria. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, al ser preguntada por este asunto, ha afirmado este miércoles que la regularización estaba relacionada con el impuesto de sucesiones y donaciones. En ese caso, según expertos fiscales consultados, el rey emérito tiene que declarar la donación e identificar al donante.
Los 678.393,72 euros abonados por Juan Carlos I superan el importe mínimo a partir del cual se genera una cuota del impuesto de sucesiones y donaciones en Madrid superior a 120.000 euros, la cantidad mínima para que implique delito fiscal. En todo caso, esta cifra es para cada ejercicio fiscal y la declaración del rey emérito, aunque su abogado no lo ha especificado, previsiblemente abarca varios años. Asimismo, en este supuesto, la cantidad a partir de la cual se generaría una cuota superior a los 120.000 euros depende del patrimonio preexistente de don Juan Carlos, un dato que nunca se ha hecho público. Lo único que se conoce es la asignación anual que recibió hasta el año pasado (161.000 euros en 2019) y que Felipe VI le retiró en marzo de este año después de que se conocieran sus supuestos vínculos con fundaciones investigadas por la Fiscalía Anticorrupción.
En función de ese patrimonio previo, varía el importe a partir del que se genera una cuota del impuesto de donaciones superior a los 120.000 euros. Según un cálculo realizado por el sindicato de técnicos de hacienda Gestha para EL PAÍS, al tratarse de un supuesto donante que no es familiar del beneficiario (entre familiares están bonificadas en Madrid), los importes por cada ejercicio serían: 317.917 (para patrimonios inferiores a 403.000 euros); 306.713 (entre 403.000 y dos millones de euros); 296.527 (entre dos y cuatro millones) y 278.702 (para más de cuatro millones).
Este último movimiento de Juan Carlos I se produce el primer día hábil para la Administración después de que EL PAÍS revelase sus intenciones de regularizar los fondos ajenos que supuestamente usó entre 2016 y 2018, cuando ya no estaba protegido por la inviolabilidad de la jefatura del Estado. Según fuentes jurídicas, el rey emérito lo hace, además, cuando las primeras pesquisas ya han acreditado que los gastos realizados a cuenta del empresario mexicano superaban los 500.000 euros en tres ejercicios. Un nivel de dinero que implica que podría haber cometido delito fiscal en dos de esos años.
La Fiscalía Anticorrupción ha llegado a interrogar por estos gastos a Sanginés-Krause y a Nicolás Murga Mendoza, un coronel del Ejército del Aire colaborador de Juan Carlos I y su supuesto testaferro. Según la investigación, las cantidades utilizadas mediante las tarjetas por el rey emérito y sus familiares (entre los que no están los Reyes actuales) tuvieron como objetivo pagar gastos de hoteles, viajes y restaurantes, entre otros, en 2016, 2017 y 2018.
Esta era la causa abierta por el ministerio público que más preocupaba al equipo jurídico del anterior jefe del Estado. Sus abogados confían en que las otras dos líneas de las pesquisas queden en nada. La primera, sobre el presunto cobro de comisiones por las obras del AVE a La Meca, afecta a hechos que ocurrieron antes de 2014, cuando aún era Rey y, por tanto, gozaba de inviolabilidad. La segunda versa sobre un supuesto entramado de sociedades en paraísos fiscales que su entorno niega que sea cierta.
Primeras reacciones
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido la primera integrante del Ejecutivo en referirse a la regularización fiscal del ex jefe del Estado. “Él sabrá lo que tiene que hacer”, ha dicho la responsable del Gobierno este mismo miércoles a preguntas de los periodistas. El socio del PSOE en Moncloa, Unidas Podemos, también se ha pronunciado. Lo ha hecho a través de su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique: “678.000 euros había defraudado a Hacienda. 51 años de salario mínimo interprofesional. Solo en uno de los pufos que tiene. Por los 65 millones de Corinna no ha pagado nada, por ejemplo. Y los que tendrá y no sabemos... Menuda vergüenza internacional”.
Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, ha criticado el comportamiento del rey emérito: “La declaración voluntaria de Juan Carlos I refleja que ha mantenido oculto un dinero de dudosa procedencia. Es una conducta moralmente reprobable. Hizo un gran servicio a España durante muchos años y nuestra democracia le debe mucho, pero este comportamiento es decepcionante”.
Pese al paso dado por Juan Carlos I, la cantidad de la deuda tributaria abonada es ínfima respecto a la supuesta fortuna que ha ocultado en el extranjero durante años. Por ejemplo, los documentos encontrados por la justicia suiza en el despacho de Arturo Fasana, su administrador, revelan que recibió en 2008 un regalo de Abdalá Bin Abdelaziz, entonces rey de Arabia Saudí, de 100 millones de dólares (65 millones de euros al cambio de entonces).
