Sánchez nos oprime fiscalmente, diga lo que diga RTVE
EDITORIAL EL RUGIDO DEL LEÓN
20 noviembre, 202202:18
Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), la presión fiscal sobre la renta familiar ha aumentado un 9% en los últimos 4 años. Los hogares españoles destinan casi 5.000€ anuales más a pagar impuestos desde que gobierna Pedro Sánchez.
Estos datos son consecuentes con los que hace un mes arrojaba la Fundación Civismo. En su informe sobre el Día de la Liberación Fiscal, este instituto económico analizó cómo desde que Sánchez llegó al poder se han incrementado en 33 los días que, de media, tienen que trabajar los españoles para pagar sus impuestos. Para 2023 serán 210 los días de trabajo necesarios para costear los tributos, lo que significa que trabajaremos hasta el 29 de julio exclusivamente para el fisco.
Recientemente, el espacio de la televisión pública Verifica RTVE reunió a varios asesores fiscales y a técnicos de Hacienda para escrutar con ánimo crítico la investigación sobre la Liberación Fiscal. Y se llegó a calificarla de "nada rigurosa" y de "bulo".
Pero no sólo el nuevo estudio del IEE avala las conclusiones de Civismo. Además, el director de la Fundación y el exartífice del Día de la Liberación Fiscal responden a RTVE detallando en sendos artículos en EL ESPAÑOL-Invertia la metodología empleada, y reivindican y demuestran la fiabilidad de su investigación. Para calcular qué día los españoles quedamos liberados de nuestras obligaciones con Hacienda se relaciona la suma de todos los impuestos que pagan las familias con la renta disponible.
Así se obtiene que en torno al 50% de la renta familiar se destina a pagar impuestos. Y todo ello con cifras oficiales de la Contabilidad Nacional. Además, la Fundación Civismo coincide con organismos oficiales como la AIReF y el Banco de España en su recordatorio de la falta de transparencia en el gasto público.
Porque los análisis de think tanks como Civismo, el IEE o el Instituto Juan de Mariana son una labor de servicio público (una que no ofrece el Gobierno) destinada a que podamos conocer en qué se gasta nuestro dinero.
El retraso de la liberación fiscal que evidencian los últimos indicadores de estas entidades está relacionado con el aumento de la presión fiscal, que ha subido 5 puntos durante la era Sánchez, con la excusa de equipararse a la media de la Unión Europea. La presión fiscal normativa es un 13% superior a la media de la UE, y la más alta en términos nominales, al igual que el esfuerzo fiscal. Nuestro país, además, es el que más ha aumentado la presión fiscal de nuestro entorno.
El aumento continuado y récord de la deuda pública demuestra que el problema de las cuentas públicas españolas no es de ingresos, sino de gasto. Una vez equiparada la presión fiscal a la media europea, después de unas subidas impositivas sin precedentes, España sigue endeudándose. Y este incremento de la deuda y el déficit no está sirviendo para fortalecer la economía española y sortear la recesión, sino que el exceso de recaudación está destinándose a disparar el gasto político. Un gasto gran parte del cual es improductivo e ineficiente, y no se está traduciendo en unos servicios públicos de mayor calidad.
No hay lugar para la duda: el Gobierno de Sánchez ha engordado sistemáticamente la carga tributaria, recurriendo a las alzas impositivas para financiar el orgiástico gasto público, con la consiguiente pérdida de eficiencia y de aumento de la probabilidad de fraude fiscal. Un agravamiento del sacrificio fiscal que se suma al castigo que la desorbitada inflación (una forma de tributación encubierta) está infligiendo a las familias españolas.
Probablemente, el Gobierno seguirá desoyendo los llamados de los expertos económicos a deflactar el IRPF, revertir el impuesto a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas, rebajar los impuestos y recortar el gasto ineficiente. Lo que resulta más llamativo es que desde la cada vez más gubernamental RTVE se intente desacreditar con argumentos tendenciosos un análisis fundado que pone de relieve el insaciable expansionismo fiscal de Sánchez. La corporación pública debe rectificar.
