Yendo a la letra pequeña, si el inmueble se compró en 2012 o 2013 y se vende en 2022, el coeficiente pasa a ser del 0,10; si se vende en 2023, del 0,12 -una subida del 20%-, si se compró en 2013-2014 y se vende en 2023, del 0,14 -una subida del 25%-. Si se compró hace menos de un año, que pasa de 0,14 a 0,15, y si fue hace un año, del 0,13 a 0,15.
En cambio, para las ventas de inmuebles adquiridos hace dos años el coeficiente -máximo- se rebaja del 0,15 al 0,14, y para las de tres años, también, en este caso de 0,16 a 0,15. También cae para las ventas a 19 años, del 0,36 al 0,29; a 18 años, del 0,26 al 0,23, y a 17 años, que pasa del 0,20 al 0,17.
Los cambios han provocado cierta alarma puesto que de aplicarse algunos, como el incremento del 25%, provocaría que un inmueble que se compró en 2013-2014 pase de tener que pagar una cuota de 2.240 euros a 2.601 euros, es decir, 360 euros más. Pero desde las asociaciones de expertos se muestran sorprendidos por la alarma y recalcan que esta subida de los coeficientes máximos, por mucho que esté en los Presupuestos, no se traslada inmediatamente, sino que han de ser los ayuntamientos los que decidan aplicarla.
Los expertos aclaran que los PGE establecen los máximos, pero no los mínimos
Desde el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha, su presidente, Carlos Cruzado, recalca que el Ejecutivo tiene la obligación de actualizar estos coeficientes y después cada ayuntamiento tiene la posibilidad de establecer los suyos propios, de manera que solo repercutiría directamente a aquellos que los tengan hoy día por encima de esos máximos. En ese sentido, rechaza aventurarse a adivinar si es más o menos probable que los municipios la repercutan: será decisión de cada uno de ellos.
De la misma manera, desde la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) señalan que lo incluido en el proyecto de los PGE no implica de por sí un incremento de este tributo para el contribuyente. «Incluso un ayuntamiento puede tomar la decisión de reducir esos coeficientes, puesto que los PGE establecen los coeficientes máximos pero no los mínimos», aclaran también desde la asociación.
En la misma línea, insisten en que la medida posibilita a los ayuntamientos realizar esta subida y actualizar sus ordenanzas, pero que, de esa misma manera, un municipio podría no modificar los coeficientes. Además, los ayuntamientos pueden corregir hasta un 15% a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualización. Ello garantiza que el tributo se adapte a la realidad inmobiliaria de cada municipio.
Un impuesto para ventas y herencias de inmuebles
El impuesto de la plusvalía municipal, oficialmente, impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), es un tributo que debe pagar quien venda un inmueble, lo herede o lo reciba como una donación. La figura grava el beneficio -la plusvalía- que obtiene un propietario al vender un inmueble por encima del valor por el que lo compró, y los coeficientes mencionados en esta pieza son los máximos que pueden aplicarse al valor de los terrenos según el periodo de generación del incremento de valor.
Con ellos, se determina la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Desde Gestha también recuerdan que hay otra alternativa de cálculo del impuesto, ya que la norma permite escoger entre el cambio del valor de transmisión y el de adquisición o entre el cambio sobre el valor catastral.
En 2021, el Gobierno aprobó un real decreto-ley para adaptar el impuesto de plusvalía municipal a una sentencia del Tribunal Constitucional, que tumbó el diseño vigente hasta entonces del impuesto. En esa misma normativa ya se preveía que se actualizasen los coeficientes año a año en los PGE. Además, desde entonces se dejan de gravar por norma los casos en los que no haya plusvalía.
