La batalla política del PP y el Gobierno por los impuestos a los ricos se dirige al Constitucional
Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso durante el congreso del PP andaluz. /
La guerra judicial, por más que quieran templar, está servida y el Gobierno además lo asume
Sevilla / Madrid 30 de septiembre del 2022. 06:50
Las comunidades del PP esperan tener el texto legal para tener detalles de cómo está redactado ese Impuesto de Solidaridad de las grandes fortunas y ver las vías de recurso al Tribunal Constitucional, por invadir sus competencias y coartar su margen de maniobra con Patrimonio. Esta vez Génova, en concreto el portavoz de Economía, Juan Bravo, sí coordinó una respuesta de las comunidades del PP afectadas, principalmente Madrid y Andalucía, en menor medida Galicia, que han suprimido o bonificado Patrimonio, para no precipitar anuncios aunque contener la indignación de estas autonomías era casi una misión imposible.
Para el PP, a vuela pluma y sin conocer en detalle el nuevo impuesto a las grandes fortunas, invade competencias autonómicas, está diseñado a la contra de las comunidades del PP y es “arbitrario y autoritario”, elementos que permitirían el recurso al Constitucional.
“No debemos pronunciarnos hasta ver el texto” o “tenemos que ser cautelosos” antes de anunciar una ofensiva judicial, señalaban desde la dirección nacional del partido. No dudan de que la respuesta automática del Gobierno tiene la intención clara de dejar sin efecto la competencia fiscal de las comunidades respecto a las grandes fortunas. La guerra judicial, por más que quieran templar, está servida y el Gobierno además lo asume.
Los dos principales barones del PP, Juan Manuel Moreno e Isabel Díaz Ayuso, en liza también por marcar el paso dentro del partido, están llamados a abrir un cuerpo a cuerpo con el Gobierno por la guerra de los impuestos y nadie duda de que lo harán. El tono menos templado se oyó desde Madrid, donde su consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty, denunció directamente que el Gobierno se “inventaba un impuesto” para dar “un hachazo fiscal”. En una línea dura también el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, consideró la reforma fiscal del Gobierno “ilegal” y advirtió de que va contra la ley de financiación de las comunidades autónomas. “Que dejen de pisar la Constitución para imponernos un socialismo fiscal obligatorio”, denunció el hombre fuerte de Isabel Díaz Ayuso en las filas del PP madrileño.
"DOBLEGAR" A LAS CCAA
El Gobierno de Andalucía, con Juan Manuel Moreno a la cabeza, no dudó desde primera hora de que el paquete fiscal impulsado por el Gobierno de la nación es una repuesta con la que quieren “doblegar” y “pisotear” las medidas fiscales convalidadas esta misma semana por el Parlamento andaluz. Moreno consideró que esta nueva imposición a las grandes fortunas genera “incertidumbre e inseguridad” y lamentó que se quiera condenar a “la periferia” a una “actitud silente” en materia fiscal. Para el Gobierno andaluz el daño está hecho, hablan de “boicot” a Andalucía y de que habrá “hasta 100.000 residentes” extranjeros en las costas de Málaga y Cádiz que no se censarán en la comunidad, con un importante perjuicio económico. “No vamos a estar hincados de rodillas”, advirtieron desde el entorno del presidente Moreno.
Desde el Ministerio de Hacienda dan por descontado que el PP, de manera única o con una cascada de recursos de sus comunidades, acudirá al Tribunal Constitucional para extender esta batalla política que se ha convertido en el principal motivo de enfrentamiento en año electoral, con municipales y autonómicas el próximo mayo. Consideran que los servicios jurídicos y los técnicos de Hacienda han hilado una redacción del nuevo Impuesto de Solidaridad lo suficientemente sólida como para que no pueda considerarse que hay invasión del ámbito autonómico. Patrimonio es un impuesto del Estado cedido a las comunidades con margen de maniobra, pueden subirlo o bajarlo, o como hizo primero Madrid y después Andalucía, bonificarlo al cien por cien para hacerlo desaparecer en la práctica. Murcia también anunció su supresión por esta vía y Galicia habló de una bonificación al 50%.
DEDUCIBLE POR PATRIMONIO
La clave para el Gobierno de la nación es que se ha cuidado mucho que no exista doble imposición, por lo que el nuevo impuesto de solidaridad será deducible en aquellas comunidades donde sí se pague Patrimonio. Hacienda confía en recaudar con este tributo que grava a las grandes fortunas un total de 1.500 millones de euros que pagarían 23.000 ricos en España, el 0,1% de los contribuyentes. Una cifra similar a la pérdida de ingresos que supondrá la elevación a 21.000 euros del mínimo exento de tributar por IRPF, que detraerá de las arcas estatales 1.800 millones de euros.
De los 23.000 contribuyentes que pagarán el nuevo tributo, unos 15.000 (65%) son madrileños, que pagarían unos 1.000 millones. Los tramos previstos para el nuevo impuesto estatal están calcados de las tarifas actuales de Patrimonio, por lo que realmente el tributo de nuevo cuño no afectará a las comunidades donde ya se paga, podrán deducirlo, pero sí va de lleno a aquellos contribuyentes en comunidades donde les hubieran eximido del pago. Una prueba directa de que es una contraofensiva a la autonomía fiscal de las comunidades, sostienen en el PP en sentido inverso a las tesis de Hacienda.
Desde las filas populares advierten además de que no se pueden crear nuevos impuestos en la Ley de Presupuestos y deslizan además que no cabría el decreto-ley. Hay aún más confusión porque si el nuevo impuesto estatal a las grandes fortunas entra en vigor en 2023, el Gobierno no aclara que pasará en Andalucía, donde la supresión de Patrimonio tiene efecto en 2022, o en Madrid, donde estas rebajas a las grandes fortunas se aplica desde 2011. Una prueba más de “la improvisación” del Gobierno. Desde el Ministerio de Hacienda insisten en que este plan fiscal se trabaja desde hace “un mes y medio” y que "no responde a ninguna medida del PP".
