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Actualidad Gestha

30-03-2022

Otro plan-parche torpe, inútil y tardío

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño

El Gobierno prefiere dirigir desde las instituciones el destino de nuestro dinero, en lugar de dejar que los ciudadanos libremente dispongamos de él

PUBLICADO 30/03/2022 04:45
ACTUALIZADO 30/03/2022 07:47

Más de un mes de comenzado el conflicto, llega el Plan de Respuesta a la Guerra. Llevamos ya muchos días con la coletilla de “el 29 de marzo habrá medidas” y hemos esperado pacientemente a que nuestro Gobierno hiciera algo mientras en otros países de nuestro entorno se iban sucediendo los anuncios para suavizar el impacto económico de la actual espiral inflacionista. La novedad, finalmente, se ha concretado y, como ya ocurrió con la crisis del coronavirus, el grueso de las ayudas prometidas son créditos ICO (“10.000 millones en créditos blandos para cubrir necesidades de liquidez”). De nuevo, en lugar de adoptar decisiones contundentes, el Gobierno tropieza en la misma piedra, incurre en el mismo pecado, llega más tarde que los demás y, para más inri, lo hace en una forma menos eficaz. Si en 2020 el PIB español fue el que más cayó de la UE, es bastante probable que el IPC adelantado de marzo que se conocerá esta semana también sea el mayor de nuestra área económica (9,1% es la previsión de Bloomberg Economics, que contrasta con el 4,7% que espera para Francia, 7,1% para Italia y 6,9% para el conjunto de la Eurozona). Es decir, los peores de nuestra área en todos los aspectos.

Sufrimos más que nadie la subida de precios y nuestro gobierno tarda más tiempo en reaccionar y en adoptar medidas. Aparte de los mencionados 10.000 millones en créditos con carencia de doce meses, se extenderán los vencimientos de aquellos que en su día los pidieron por la pandemia y se han visto especialmente afectados de nuevo por este shock externo. En cuanto a medidas directas, la que más nos puede afectar es la que universaliza, a partir de este viernes, algo que ya pactaron el día 25 -sólo para transportistas- en su intento de frenar las movilizaciones: una rebaja de 20 céntimos por litro de combustible, que en una cuarta parte deben asumir las petroleras. O sea, que el Estado, a pesar de que lleva meses haciendo caja por los impuestos del carburante, que suben al ritmo de los precios, sólo asume 15 céntimos de rebaja, un importe muy similar a la diferencia de coste entre una gasolinera normal y otra “low cost”. Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que la rebaja de carburante entre abril y junio para todos los ciudadanos que ha planteado el Gobierno tendrá un coste para el Estado de 1.420 millones de euros. Esto es menos de lo ingresado de más sólo por el IVA gracias a la subida de los últimos meses del precio de los combustibles.

Para colmo, ha añadido un tope de un 2% a la subida de los alquileres que es toda una contradicción, ya que asume que los grandes caseros (particulares finalmente han quedado excluidos) tengan que perder poder adquisitivo (como ya perdimos todos los asalariados en 2021 y lo haremos en 2022) a la par que defiende la subida para las pensiones (con diferencia la mayor partida de gasto público de los Presupuestos) en la misma proporción que el IPC, toda una irresponsabilidad económica amen de una decisión insolidaria que prima a un colectivo que es el que menos poder adquisitivo ha perdido en los últimos 15 años. 

«Teresa Ribera también ha intentado defender y mantener viva la “transición energética” cuando precisamente el empeño en aplicarla, en lugar de retrasarla tras la enorme crisis de 2020, es uno de los mayores responsables del alza de los precios energéticos»

Un inciso: Yolanda Díaz ha colado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros un discurso victimista hacia las mujeres pretendiendo que son ellas las más perjudicadas por “la guerra de Putin” aunque, una vez más, no ha sabido dar un solo argumento válido para establecer esa diferencia de género, también en este tema. Otro ejemplo más de cómo las prioridades están confundidas en este gobierno. Teresa Ribera también ha intentado defender y mantener viva la “transición energética” cuando precisamente el empeño en aplicarla, en lugar de retrasarla tras la enorme crisis de 2020, es uno de los mayores responsables del alza de los precios energéticos y de la pérdida de competitividad de nuestra economía.

En cuanto a medidas sociales, se insiste de nuevo en usar los ERTE e incluye un aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital para llegar a más familias vulnerables. Y las empresas que reciban ayudas directas no pueden dedicar esos recursos a despedir a los trabajadores, como ya pasaba con el ERTE de la pandemia. También se extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a los 1,9 millones de hogares. Y como suele ocurrir, se lanzan cifras sin concreciones como las medidas destinadas a la empleabilidad de jóvenes y mujeres “por más de 2.700 millones de euros”.

«Simplemente se ha decidido prorrogar hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la luz. El empeño en no hacerlo es incomprensible porque es la medida más rápida para abaratar los precios»

Las eléctricas han mantenido una reacción alcista en bolsa al conocerse este paquete de medidas ya que, aunque se prorrogan hasta el 30 de junio, temían unas medidas más duras en los lamados 'beneficios caídos del cielo'. En cualquier caso, de nuevo el gobierno cae en su habitual hipocresía ya que los que más “exceso de beneficios” han disfrutado dueron las instituciones públicas -entre las que también están las autonomías- que han ingresado de más al elevarse los precios energéticos. Una vez que lo anunciado hoy obtenga el visto bueno de Bruselas se abarataría artificialmente el precio de la luz a cambio de devolverles a las eléctricas lo que dejen de ganar, volviendo a algo que ya conocemos: el “déficit de tarifa” que encarecerá la factura durante años.

Finalmente, y contra el clamor social, no hay rebaja de impuestos; simplemente se ha decidido prorrogar hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la luz. El empeño en no hacerlo es incomprensible porque es la medida más rápida para abaratar los precios. Preferir la subvención y los créditos ICO, aparte de asumir una lentitud burocrática, implica una intención política, que prefiere dirigir desde las instituciones el destino de nuestro dinero, en lugar de dejar que los ciudadanos libremente dispongamos de él.

«Es imprescindible bajar los impuestos, trasmitir confianza para que los proyectos no se detengan y es necesario utilizar los fondos europeos, cuando lleguen, para no frenar las inversiones»

Se echan de menos decisiones más valientes. Por ejemplo, si todos estamos de acuerdo en que la única forma de gastar menos en combustible, es usarlo menos, ¿por qué no incluir rebajas temporales agresivas en transportes públicos en general, y especialmente en aquellos que menos consumo tengan? Es más, ¿por qué no volver a insistir con el teletrabajo? La inflación es muy negativa y los precios energéticos son los mayores responsables. Basta una cifra para entenderlo: Funcas estima que el valor real de los depósitos bancarios de los españoles se ha reducido en cerca de 20.000 millones de euros como consecuencia de nuestra pérdida de poder adquisitivo mientras todas las medidas anunciadas por el gobierno, incluyendo los créditos, apenas suman 16.000 millones.

Estamos ante un problema global que a los españoles nos pilla en un momento particularmente delicado. Nuestra economía, que atravesó un desplome en 2020 y que en 2021 fue la que registró más diferencia entre precios y salarios de todo el siglo, apuntaba a que este 2022 sería diferente gracias a los fondos europeos y a la recuperación del turismo. Ya estamos asumiendo que será incluso peor que el pasado, a la espera de decisiones rápidas y eficaces. Es imprescindible bajar los impuestos, trasmitir confianza para que los proyectos no se detengan y hay que aprovechar los fondos europeos y el que BCE aún no ha subido los tipos para no frenar las inversiones, que deberían centrarse en la extracción de gas nacional, aumentar el transporte de mercancías ferroviario, alargar la vida de las nucleares etc. Todas estas iniciativas habrían necesitado de una decisión resuelta por parte del Ejecutivo y, desde luego, de una actitud bien diferente por parte de Sánchez, que apenas ha negociado las medidas y tan sólo espera a que 'por patriotismo' sean aprobadas mansamente por la oposición con la manida fórmula de 'hay que arrimar el hombro'.

https://www.vozpopuli.com/opinion/otro-plan-parche-torpe-inutil-y-tardio.html


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