Los expertos del Gobierno quieren "reducir los ejercicios de conocimiento" en las oposiciones de la élite de los funcionarios

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

El grupo de trabajo para la reforma de la Administración recomienda "potenciar los cursos selectivos en el grupo A para que tengan más peso".

DANIEL VIAÑA

Actualizado Jueves, 3 febrero 2022 - 22:34

El grupo de expertos para la reforma de la Administración Pública ya ha entregado las recomendaciones sobre las que trabajará el Gobierno. Y en ese documento, que adelanta EL MUNDO, se incluye una propuesta para «reducir los ejercicios de conocimientos» en las oposiciones del grupo A, esto es, en los exámenes de acceso a los puestos de élite de los funcionarios.

Esta propuesta está totalmente en línea con lo que ya avanzó el entonces ministro de Función Pública, Miquel Iceta, cuando apuntó que en los procesos de selección se primarán «actitudes y aptitudes sobre la memorización». Pero el documento va incluso más allá, y deja total constancia de que las oposiciones serán menos exigentes en términos de estudio. A cambio, los expertos quieren «potenciar los cursos selectivos» para que «tengan más peso en la selección final», «trasladando» así a esos cursos «el aprendizaje en competencias y en el puesto de trabajo».

Los cursos selectivos, explican desde Función Pública, «se conforman como la segunda fase del proceso de selección, que se inicia con las convocatorias de las diferentes pruebas selectivas de acceso al empleo público», y su objetivo es «proporcionar a los nuevos funcionarios y funcionarias una formación inicial imprescindible para desempeñar adecuadamente las funciones y tareas inherentes a los puestos de trabajo que van a desempeñar».

Esto es, que son cursos que se realizan una vez que el aspirante ha superado ya el examen de oposición y forma parte de la Administración. Por lo tanto, la propuesta de los expertos rebajaría la exigencia de la prueba de acceso inicial e incrementaría la importancia de los cursos que se reciben cuando ya se es un trabajador público.

Este segundo proceso tiene distinta duración en función del puesto y el nivel. En el caso de los inspectores de Hacienda, que son grupo A1, el periodo está en torno a los 10 meses, mientras que en el de los técnicos de Hacienda, que pertenecen al grupo A2, está sobre los cuatro meses. Durante ese tiempo, los funcionarios ya están cobrando, una situación que es clave en el plan del Gobierno. Y es que el Ejecutivo ha señalado en numerosas ocasiones que en determinados puestos que requieren un periodo largo de estudios, como puede ser en el ámbito de la Justicia o también en Hacienda, falta «pluralismo» y existe una «barrera de clase».

Por ello, los Presupuestos Generales del Estado ya incluyen una partida de dos millones de euros para becas con las que «democratizar» la Justicia. Y el hecho de que las pruebas de conocimiento sean menos exigentes y, por lo tanto, requieran una menor tiempo de estudios, incide en esa idea que los expertos hacen suya. Tanto, que uno de los objetivos es «transformar los procesos selectivos para construir una Administración más competente, más orientada al servicio público y más representativa de la diversidad territorial, social y personal».

El documento de los expertos recoge asimismo el gran reto que tiene la Administración General del Estado (AGE), cuya plantilla está muy envejecida y con una buena parte de los trabajadores próximos a la jubilación. «Hay que planificar de urgencia el empleo público estatal ante el inminente proceso de relevo intergeneracional: elaborar un catálogo de puestos [realmente de perfiles profesionales] a suprimir y nuevos perfiles profesionales a incorporar: gestores de datos, especialistas en IA y, en la gran mayoría de los casos, perfiles de titulados superiores lo más polivalentes posible y con elevadas competencias digitales y en gestión de la información», exponen.

Esto también está en línea con lo que señaló el fugaz ministro Iceta, quien subrayó que el empleo público no resulta «atractivo» para los jóvenes. Y también por eso, defendió, es necesaria esta reforma de las pruebas de acceso que, sin embargo, Función Pública todavía no concreta cuándo se aplicará.

https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/02/03/61fbdb12fdddfffba78b45bd.html

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