Revindicación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda

El progreso social y la cultura democrática de un país, necesariamente han de reflejarse en el funcionamiento de sus Instituciones. Dentro de estas, la Administración Financiera y Tributaria ocupa un lugar destacado por la elevada trascendencia de sus fines. No en vano, la adecuada gestión, recaudación e inspección del sistema tributario, así como el firme control del gasto público, contribuyen de forma determinante a la construcción de una sociedad avanzada, equilibrada y justa.

En España, donde los principios constitucionales de universalidad, justicia, igualdad y progresividad inspiran la configuración de nuestro sistema tributario, la economía sumergida alcanza el 23% del PIB, lo que implica que uno de cada cuatro euros permanece oculto a la Hacienda Pública. Además, el 80% de los recursos obtenidos a través del Impuesto sobre la Renta provienen de rendimientos del trabajo, lo que en la práctica evidencia una cierta amnistía fiscal encubierta para los rendimientos profesionales y empresariales.

Nuestro país se encuentra a la cabeza de la Unión Europea en el número de billetes de 500 euros en circulación, y los indicadores del llamado “dinero negro” evidencian que sus dimensiones aumentan mes a mes, sin que hasta el momento la ley fije las responsabilidades administrativas y determine la forma de exigirla en los casos en que los distintos servicios y organismos del Ministerio de Economía y Hacienda no cumplen los fines encomendados, de combatir una lacra que frustra nuestra potencialidad de crecimiento y la capacidad para redistribuir nuestra riqueza, sirviendo de reclamo para el florecimiento de mafias especializadas en el blanqueo del dinero proveniente de actividades ilícitas.

En estas circunstancias, y desde el conocimiento que implica nuestro trabajo diario, los Técnicos del Ministerio de Hacienda queremos promover un debate sereno y constructivo sobre las causas que se esconden detrás de estas alarmantes cifras. Resulta poco creíble para el ciudadano seguir manteniendo que la actual organización “es la más eficaz para combatir el fraude fiscal”, tal y como desde la Agencia Tributaria y el Ministerio se esfuerzan en difundir. Es necesario realizar un examen autocrítico de la gestión realizada en estas instituciones. Un examen valiente y participativo, que mire hacia el futuro y, en todo caso, se dirija al servicio del interés general. Un examen que, en definitiva, aporte argumentos distintos a los del miedo al cambio.

Los Técnicos de la Agencia Tributaria y el Ministerio estamos comprometidos en una lucha digna y justa por el reconocimiento del trabajo real y las funciones de carácter superior que efectivamente desempeñamos. Reivindicamos que somos los Técnicos de Hacienda los que desde hace años y con escasos medios, gestionamos, impulsamos y ultimamos los expedientes tributarios y del control del gasto público. Y denunciamos que desarrollamos nuestro trabajo, en muchos casos, sin cobertura legal, sin expectativas de carrera profesional y bajo una sensación permanente de frustración por la apariencia de que nuestras funciones técnicas son realizadas por quienes fundamentalmente desarrollan tareas directivas.

También denunciamos la existencia de un clima laboral tóxico, y avalamos nuestra denuncia en el diagnóstico de los más prestigiosos profesionales en la medición del riesgo laboral psicosocial. Denunciamos que existen más de 204 sentencias firmes, 149 de ellas del Tribunal Supremo, que declaran ilegales actos de la Agencia Tributaria y el Ministerio por falta de reconocimiento de las funciones de los Cuerpos Técnicos. Denunciamos, a su vez, la ausencia total de voluntad de desarrollar el mandato parlamentario establecido en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal, y la falta absoluta de negociación con los representantes legítimos de los trabajadores.

El profundo descontento de los Técnicos, que ya ha originado nueve huelgas desde el pasado mes de julio, no puede silenciarse mediante la incoación de expedientes disciplinarios, como han tratado de hacer desde la Dirección de la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda. Tampoco puede silenciarse sosteniendo una ficción de negociación como se empeña en mantener el Secretario de Estado de Hacienda, e incluso el propio Ministro ayer mismo, cada vez que se le pregunta por el conflicto que existe en el Ministerio. Muy al contrario, el descontento, el cansancio y la desmotivación de los Técnicos se empieza a reflejar en el rendimiento diario de estos funcionarios y en la falta de identificación con los objetivos de las Instituciones donde trabajan.

Es necesario rendir cuentas a la opinión pública y explicar por qué, desde el Ministerio de Economía y Hacienda, se da prioridad a quienes se empeñan en cercenar la carrera profesional de un colectivo tan cualificado. Es necesario explicar a la ciudadanía por qué no se ofrece cobertura legal al trabajo que de hecho realizan los Técnicos de Hacienda y que, por otro lado, supondría dotar a la Administración Financiera y Tributaria de más instrumentos en la lucha contra el ingente volumen de fraude fiscal, así como para un más eficaz control del gasto público. Hay que explicar por qué no se asume la responsabilidad de garantizar la salud laboral de los trabajadores, promoviendo aquellas actuaciones que garanticen un entorno laboral positivo y libre de riesgos. Es necesario, por último, explicar las razones que han provocado una quiebra irreparable de confianza entre unos funcionarios obligados a trabajar en común, y cuyas consecuencias comprometen seriamente los intereses de todos los ciudadanos.

Las propuestas de los Técnicos han llegado al Parlamento y a los medios de comunicación, porque detrás de ellas hay cifras que causan grave preocupación. No nos hemos inventado el volumen de fraude fiscal, las tramas de corrupción sin detectar, ni los elevados índices de desmotivación y degradación del clima laboral que sufren nuestros compañeros. Es sencillamente insostenible un modelo de Recursos humanos como el de la Administración Financiera y Tributaria, donde las Relaciones de Puestos de Trabajo, los Concursos, los nombramientos mediante libre designación, las normas y los repartos de productividad y un sinfín de actos administrativos dictados en su desarrollo, son anulados reiteradamente por los Tribunales.

Nuestras demandas están en perfecta sintonía con los modelos de Organización Financiera y Tributaria propios de los países más avanzados de nuestro entorno, siendo compatibles con el desarrollo de los llamados Acuerdos de Bolonia sobre la homologación de las titulaciones universitarias europeas. Nuestras demandas apuntan por tanto, a la modernización de la Función Pública española, de forma que sea posible asumir los nuevos retos que el fraude fiscal y el control del gasto público exigen.

En ningún caso pretendemos subvertir, con nuestra propuesta de integración en un CSTH, los principios de mérito y capacidad. Acreditamos el mérito con el resultado diario de nuestro trabajo, y la capacidad con la consecución todos los años de los objetivos encomendados. Tampoco es nuestra intención convertirnos en Inspectores o Interventores. Para ello, hemos reclamado que se negocien y definan legalmente ámbitos de actuación, funciones, perfiles y carreras profesionales, plenamente diferenciadas entre dichos colectivos y el nuestro, que no dejen lugar a dudas sobre nuestras intenciones.

Por tanto, no entendemos la alarma que ha provocado entre los Inspectores e Interventores el anuncio de nuestras legítimas movilizaciones. No entendemos, desde una posición lógica, por qué no pueden constar expresamente las funciones que desarrollan los Técnicos, y por qué no pueden coexistir distintos funcionarios de categoría técnica superior en el Ministerio de Economía y Hacienda, tal y como ocurre en el resto de Departamentos. Sólo es comprensible si admitimos que un pequeño grupo de funcionarios se está atribuyendo la totalidad de las competencias para justificar una posición de privilegio.

Desde GESTHA vamos a mantener la firme voluntad de colaborar para construir un futuro distinto, donde el esfuerzo sea valorado, las competencias estén definidas y los principios de mérito y capacidad sean una realidad. Nuestro compromiso no va a ceder a las amenazas disciplinarias y a las presiones corporativas, porque detrás del mismo se esconden los valores de justicia y dignidad que en última instancia, posibilitan el desarrollo efectivo de la democracia y el progreso de la sociedad.

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