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Actualidad Gestha

10-11-2015

Las prioridades fiscales de los partidos políticos tras el 20-D

Quedan menos de dos meses para que se celebren las elecciones generales más reñidas de los últimos años por el número de contendientes con posibilidades de acceder al Gobierno. Las diferentes fuerzas políticas muestran ya sus principales propuestas. Nosotros nos fijaremos en sus ideas fiscales respecto al ahorro y la inversión. ¿Llevarán a cabo alguna medida de efecto en materia tributaria tras llegar al poder cualquiera que sea quien gobierne? Es posible que quien resulte elegido replique lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero en 2004: tomar una decisión de impacto. Entonces Zapatero respondió al clamor de la calle y retiró las tropas de Irak. Ahora quien gobierne puede verse obligado a lanzar la señal de que el desigual reparto del coste de la crisis se va a reequilibrar. Con la cierta mejora de la situación económica, puede haber más margen para hacerlo que en 2011, cuando el PP ganó las elecciones en lo peor de la crisis económica.

PP: las bajadas de impuestos tendrán que esperar

Ana Madrazo, del Partido Popular, portavoz de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Parlamento, insiste en que, de ganar las elecciones el Partido Popular, seguirá la senda de rebajas de impuestos iniciada este año, siempre y cuando los niveles de recaudación lo permitan, con objeto de seguir potenciando el ahorro, el consumo y la inversión. En el caso del PP, por tanto, quizás, las medidas de alcance que en otros se esperarían nada más iniciada la legislatura ya se han tomado. El PP está en el Gobierno y puede hacerlo para ganarse el favor del electorado por el bolsillo tras haberle castigado con las mayores subidas de impuestos en el inicio de su Gobierno. Puede hacerlo, pese a las advertencias de Bruselas, que avisa de que con los números actuales, España no cumplirá con el objetivo de déficit. Madrazo cree que después de las rebajas en el IRPF, hay margen para más reducciones. También en Sociedades. O en la tributación del ahorro. Pero, ¿qué piensan los expertos? «Posible, es, pero hay que ver cómo se compensa, sobre todo con un déficit tan alto», dice Ángel de la Fuente, de Fedea. Según José Ramón Chirivella, profesor de fiscalidad de productos financieros de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de la Bolsa de Valencia, hasta mediados de la legislatura no se podrán plantear bajadas de impuestos. Carlos Cruzado, presidente de Gestha, añade que, a la hora de bajar impuestos, hay que tener en cuenta que los ingresos de España en relación con el PIB están siete puntos por debajo de la media europea.

Si retomamos la tributación de las plusvalías del ahorro, Madrazo recuerda las nuevas medidas adoptadas, como el Plan Ahorro 5, que busca potenciar el ahorro a largo plazo. Y defiende los cambios en pensiones: se han reducido las aportaciones sujetas a desgravación porque sólo favorecían a las rentas más altas. Hay que deducir, pues, que en principio no se volverá al 'antiguo régimen' fiscal en materia de pensiones. En opinión de Carlos Cruzado, las deducciones por esta materia deberían hasta eliminarse. Pero según Chirivella, habría de mejorar el tratamiento fiscal de los planes de pensiones, especialmente en el rescate y aumentando hasta 10.000 euros el máximo de aportación.

Hay que prestar atención a los fondos de inversión. ¿Es éste un aviso para los inversores?: «Los instrumentos de ahorro han de ser lo más neutrales posible desde el punto de vista fiscal», afirma Madrazo. Fue su respuesta a la pregunta de si sería conveniente eliminar el privilegio fiscal de que gozan los fondos de inversión. Según Cruzado, en aras de la neutralidad fiscal sí sería recomendable que todas las rentas tuvieran el mismo tratamiento. ¿Realiza Madrazo alguna advertencia a los que tengan sicav's? No. Comenta respecto a ellas que su tratamiento es homologable al de otros países europeos, por lo que si se elevara la tributación sólo en España, se podría sufrir una huida de capitales. En su opinión, este tema habría de tratarse a nivel europeo.

En cuanto a impuestos como Sucesiones o Patrimonio, dado que están transferidos a las Comunidades Autónomas, se tratarían dentro de la reforma de la financiación autonómica, que no se ha abordado en la legislatura que acaba, por la crisis, pero que sería una prioridad en la próxima. Aclara que el modelo del PP pasa por suprimir Sucesiones entre padres e hijos y no gravar el patrimonio. Un nuevo Gobierno del PP podría impulsar las negociaciones con las autonomías al principio de la legislatura, pero no es de esperar un acuerdo inmediato. Según De la Fuente, puede ser una negociación complicada, porque hay regiones con diferentes intereses. En su opinión, las cuestiones que habría de abordar serían: la falta de equidad del actual modelo, así como cuestiones relacionadas con la eficiencia y la disciplina fiscal autonómica. Estos temas serían más conflictivos, según De la Fuente, que Sucesiones o Patrimonio.

PSOE: recuperación de Sucesiones y Patrimonio 

Manuel de la Rocha, secretario de Economía del PSOE, comenta que su prioridad pasa por el diseño de un gran plan contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Propone una docena de medidas, como el incremento del número de inspectores fiscales, el aumento de las penas para quienes cometen delitos fiscales, o la aprobación de un nuevo estatuto de la Agencia Tributaria que refuerce su independencia y profesionalidad. Éstas son medidas que Cruzado ve con buenos ojos. Otra de las medidas que aplicaría el PSOE sería exigir a las entidades financieras que operan en España que notifiquen a las autoridades del país los clientes que tienen cuentas en paraísos fiscales. Según Chirivella, cualquier plan de lucha contra el fraude debería incluir acuerdos de colaboración con paraísos fiscales.

Una de las medidas más inmediatas que podría tomar el PSOE sería sobre las sicavs, que pasarían a estar bajo el control de la Agencia Tributaria y no de la CNMV. Además, plantea establecer máximos de participación de los accionistas. El control de las sicavs, dice Cruzado, sería un ejemplo de lucha contra la elusión fiscal. Para Chirivella, no tendría graves consecuencias que se subiera la tributación de estas sociedades hasta el 2 o el 3 por ciento, por ejemplo, o que se establecieran diferentes tipos de tributación dependiendo del porcentaje de participación en la sociedad.

De la Rocha añade que un Gobierno socialista priorizaría la solución al problema de la estructura fiscal española, con la que se ingresa poco. Se trataría de mejorar este aspecto pero, «sin atacar a las clases medias trabajadoras» y trasladando la fiscalidad desde el trabajo hacia la riqueza improductiva y cuestiones medioambientales. Añade que en el Impuesto de Sociedades se establecería un mínimo de tributación sobre el resultado contable del 15 por ciento, medida que, de acuerdo con Cruzado, debería tener un carácter transitorio, para corregir momentáneamente la diferencia de tributación efectiva que existe entre las grandes empresas (6 por ciento) y la media (14 por ciento). Según De la Rocha, la intención es realizar una reforma de calado del sistema fiscal, cuyas principales patas (IRPF, Sociedades, Sucesiones y Patrimonio) están muy descoordinadas entre sí. El diseño de este nuevo esquema fiscal se abordaría lo antes posible, pero llevaría un poco de tiempo, la primera mitad de la legislatura. Mientras, y en coordinación con las Comunidades Autónomas, se establecerían mínimos en Sucesiones y Patrimonio con legislación básica, para evitar el vaciamiento de estos tributos y la competencia a la baja entre las Autonomías. Cruzado cree necesaria esta armonización y añade, además, que sería deseable que fueran tributos más progresivos. Pero De la Fuente dice que la competencia fiscal es buena, porque es un mecanismo de disciplina útil. Pero concede que sí tiene sentido establecer tipos mínimos en Sucesiones, aunque no es partidario del Impuesto del Patrimonio, puesto que, con él, se incurre en una doble tributación: se paga por un patrimonio que antes ha pasado por el fisco en concepto de renta. 

De la Rocha habla de que habría que ir hacia «una cierta equiparación» entre la tributación de las rentas del trabajo y del capital. Según Chirivella, ahora no sería muy conveniente realizar una reforma de ese tipo, dada la baja remuneración que proporcionan, por ejemplo, los depósitos. Además, según señala, sería una reforma de difícil comunicación a los contribuyentes. Sí cree posible el establecimiento de un nuevo escalón en la tributación del ahorro, por ejemplo, a partir de los 50.000 euros.

Que nadie se espere un mejor tratamiento de los planes de pensiones por parte del PSOE. El ahorro a largo plazo, según De la Rocha, debería avanzar hacia productos más flexibles, más neutros y más atractivos que los planes. «Las clases medias no invierten en planes de pensiones. Los deciles 9 y 10 (los dos de mayor renta) eran los que disfrutaban del 90 por ciento de las deducciones fiscales por las aportaciones en planes de pensiones», afirma. Pero Chirivella comenta que sí habría que seguir favoreciendo a los planes de pensiones, puesto que son el producto finalista de ahorro para la jubilación. Con otros sería complicado controlar si el dinero en ellos depositado y sus rendimientos se usarán para la jubilación, o no.

Ciudadanos: prudencia con las bajadas de impuestos

Francisco de la Torre, número dos por Madrid de la lista de Ciudadanos y gran fichaje para perfilar sus propuestas fiscales, afirma que sus dos prioridades son cuadrar las cuentas y establecer el complemento para salarios bajos y el contrato único. Sobre lo primero, De la Torre reconoce que están sometiendo a revisión sus primeras propuestas fiscales, las que apuntaban una rebaja de la factura del ahorro. Ahora plantea mantener sin cambios la fiscalidad de las plusvalías y retrasar la bajada de impuestos a 2017, lo que es coherente con la opinión de Chirivella, que no ve margen de reducción de tributos hasta mediada la legislatura. Al principio, Ciudadanos planteaba un tipo del 15 por ciento para el ahorro.

La bajada de impuestos sobre el ahorro se retrasaría porque entonces no se podrían cuadrar las cuentas y, posiblemente, tampoco hacer frente al pago del complemento salarial. Pero Ciudadanos sí adoptaría medidas inmediatas respecto a las sicavs. En dos sentidos: «Deben pasar a ser competencia de la Agencia Tributaria y deben ser de verdad colectivas», afirma De la Torre. «Aquellas sicavs que no sean colectivas, deberán pagar Sociedades», añade.

Pero Sociedades, añade, bajaría hasta el 20 por ciento, al tiempo que se eliminarían deducciones y beneficios fiscales ligados a los gastos financieros vinculados a los ingresos exentos de tributación. Para Cruzado, bajar los tipos en Sociedades no es lo primordial. Lo es, en su opinión, equilibrar los efectivos. «Si baja Sociedades, caerá la recaudación y es el único impuesto que no la ha recuperado», afirma Cruzado.

El golpe de efecto de Ciudadanos no será un Impuesto de Patrimonio. De la Torre dice que debería tener carácter censal, aunque añade que debería unificarse con la declaración de bienes en el exterior. Pero señala que, al ser un tributo autonómico, habría de hablarse con las Comunidades, para establecer compensaciones. También exigiría conversaciones con las Autonomías la armonización de Sucesiones, que, según sus planes, tendría tipos bajos, y márgenes pequeños de variación. Aunque, en este sentido, Chirivella cree que no debe caerse en la tentación de la recentralización: las Comunidades deberían seguir conservando su autonomía fiscal.

En el IRPF, Ciudadanos propone cuatro tramos y una rebaja media de la cuota del 3 por ciento. En el caso del tipo máximo, no se mantendrá en el 45 por ciento, pero tampoco bajará hasta el 40 por ciento previsto al principio.

Hablando de productos y de reducciones en el IRPF, comenta que son partidarios de fomentar el ahorro a largo plazo ampliando los límites de deducción de las aportaciones a los planes de pensiones, por ejemplo, al nivel previo al de la última reforma del PP. Cruzado advierte de que hay que analizar si una reducción de impuestos directos como el IRPF puede llevar consigo, para compensar, una subida de los indirectos, como el IVA.

Podemos: contra el fraude y por la progresividad

Iván Ayala, economista de Podemos, cree prioritario atajar el diferencial de ingresos sobre el PIB existente entre España y la UE. Para resolver ese déficit establece algunas prioridades. En primer lugar, la lucha contra el fraude, con el incremento de los recursos humanos con que cuenta la Agencia Tributaria y con un cambio normativo que rebaje la cuantía a partir de la cual el fraude sea considerado delito.

Después, abordaría una reforma tributaria que se presentaría en los primeros días de Gobierno. Entre las principales propuestas, incluye la reducción de deducciones en el Impuesto de Sociedades y, de esta manera, acercar la imposición efectiva al tipo teórico. Además, en este tributo establecería elementos de progresividad para beneficiar a las pequeñas empresas. También se introduciría mayor progresividad en el IRPF, con más tramos, el más alto, en el entorno del 55 por ciento, nivel en el que está en otros países europeos. Según Chirivella, aunque no sería conveniente, recuerda que el IRPF ya ha estado en esos niveles hace poco.

Podemos también trataría de acercar la tributación del trabajo y del capital, como el PSOE. «Es un desequilibrio que hay que corregir, aunque de manera gradual», señala Ayala. Cruzado se muestra partidario. Cree que, al menos, deberían tributar al tipo de IRPF las plusvalías obtenidas a corto plazo.

En cuanto a las sicavs, Ayala afirma: «Queremos eliminarlas tal y como están», regulando su tributación y acercando su fiscalidad a su naturaleza que, en su opinión, no pasa por Sociedades, sino por Patrimonio. La formación quiere recuperar el Impuesto del Patrimonio: «Las tres patas de la Hacienda Pública son consumo, renta y riqueza, y ésta última se ha abandonado. Hay que recuperar Patrimonio, aunque con un mínimo exento muy alto. Además, habría de llegarse a una homogeneización estatal, al igual que en Sucesiones», explica Ayala. «Hay que revisar el Impuesto de Patrimonio, para analizar sus limitaciones y la elusión fiscal. Además, habría que establecer tipos algo más altos, aunque también rediseñarlo para que las clases medias no lo paguen y lo hagan las grandes fortunas, al contrario de lo que ocurre con el actual tributo», añade Cruzado. Para Chirivella no habría inconveniente en establecer un Impuesto de Patrimonio un poco más elevado y recuerda que al principio de la era Aznar se pagaba más. Aunque para De la Fuente éste es un impuesto «malo», porque vuelve a gravar lo que ya ha pasado por el IRPF y porque los ricos de verdad no lo pagan. Además, en su opinión, reduce el ahorro. También señala que sus efectos dependerían del nivel en que se sitúen los tipos y de los rendimientos que se le atribuyan, si es que en lugar de pesar sobre el volumen del patrimonio, se hace recaer sobre rentabilidades supuestas. En caso de que el impuesto sea duro, sí puede haber huida de capitales: ya hoy hay cambios de domicilio para lograr el mejor tratamiento que dispensa Madrid.

IU: otra oportunidad de regularización

Para Izquierda Unida, según José Antonio García Rubio, secretario federal de Economía y Trabajo de la formación, la prioridad, la medida que se adoptaría en los cien primeros días de mandato sería la lucha contra el fraude fiscal, endureciendo la legislación en cuanto a los delitos fiscales. Según sus cálculos, el saldo vivo de la economía sumergida asciende a los 250.000 millones. El objetivo sería recuperar al menos la mitad de los impuestos correspondientes a ese fraude, que ascendería, de acuerdo con cálculos de Gestha, a los 40.000 millones de euros. ¿Con qué medidas se abordaría? Se realizaría una oferta a los defraudadores para regularizar su dinero sin que ello redujera su factura fiscal, es decir, no se trataría de una amnistía, porque además deberían pagar los impuestos con intereses de demora. La compensación sería, quizás, que se perdonaría la multa y que se darían facilidades de pago. Con lo recaudado, se lograría un colchón muy importante para, por un lado, ayudar a cumplir con los compromisos de déficit y hacer posibles inversiones públicas para estimular la economía. En segundo lugar, pondrían en marcha la lucha contra la economía sumergida fortaleciendo la inspección de trabajo. El experto de Fedea duda de la efectividad de esta nueva oportunidad de regularizar el fraude, puesto que las amnistías tampoco tuvieron mucho éxito. Y desde Gestha, no son partidarios de ningún tipo de amnistía fiscal, tampoco de una como ésta.

De una manera más sosegada, comenta García Rubio, se abordaría una reforma fiscal profunda, cuyas líneas principales pasarían porque las rentas del trabajo y las rentas del capital formaran parte de la misma base imponible y tributaran al tipo correspondiente del IRPF, impuesto que ahora mismo no plantearían reformar, salvo para reducir las bases exentas para las rentas más bajas. En el Impuesto de Sociedades, limitarían las deducciones a un máximo del 8 por ciento (un 3 por ciento por inversión en I+D+i y un 5 por ciento por creación de empleo) e incrementarían su progresividad, elevando al 35 por ciento el tipo que pesa sobre las empresas con resultado contable de más de un millón de euros. En cuanto a las sicavs, reconoce que no se pueden eliminar pero, para asegurar que se trata de un instrumento de inversión colectiva, exigiría que la participación de cada accionista no pueda ser superior al 5 por ciento. IU recuperaría Patrimonio en una primera fase y en la segunda, diseñaría un tributo sobre las grandes fortunas como el francés que pesaría sobre familias con riqueza a partir de los 750.000 euros y que tendría un carácter progresivo. Además, apostaría por introducir el Impuesto sobre Transacciones Financieras diseñado de tal manera que tuviera capacidad recaudatoria contra la especulación.

UPYD, contra el déficit

Rafael Calduch, portavoz de la Comisión de Economía y Presupuestos del Congreso, comenta que se podría empezar transmitiendo a los mercados el mensaje de que existe un Gobierno que cumplirá sus compromisos y que se dispone a reducir el déficit de verdad mediante una reforma de las Administraciones Públicas. También, con un plan de choque contra la economía sumergida, con medidas que no requieran una compleja tramitación legislativa, «pero que hagan entender que esto va en serio». Y añade: «La reforma fiscal necesitaría más tiempo pero, en materia de ahorro e inversión, puestos a adelantar algo urgente y puntual, habría que retocar, aunque sea provisionalmente, el Impuesto sobre el Patrimonio, reduciendo tipos y limitando o condicionando exenciones, y racionalizar el régimen sancionador de la declaración de bienes en el exterior». 

Además, plantea una formulación conjunta de IRPF y Patrimonio, que determine una tributación mínima efectiva del capital, con independencia del instrumento elegido y su localización, a excepción de los planes de pensiones, «cuyo régimen fiscal debería blindarse». Y añade: «Hablamos de convergencia entre fiscalidad de trabajo y capital, en el sentido de eliminar la enorme desproporción actual. Pero si se consigue ampliar las bases, no serán necesarios, ni son deseables, los tipos efectivos altos». Ampliar bases y reducir tipos, la filosofía que también defiende De la Fuente.

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20151110/prioridades-fiscales-partidos-politicos-3287248.html

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