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Hacienda admite que la ‘amnistía Falciani’ fue una decisión estratégica
Asegura que la falta de fiabilidad de la lista y la prisa por la prescripción llevó a perdonar decenas de delitos fiscales
La decisión de no abrir un procedimiento de inspección contra los 659 contribuyentes españoles que aparecieron en la lista Falciani -lo que les permitió evitar una acusación por delito fiscal que, en muchos casos, podría haber comportado penas de cárcel- fue parte de la estrategia que la Agencia Tributaria diseñó para este grupo de defraudadores cuya identidad reveló el exempleado francoitaliano del HSBC. Así lo explica ese organismo en un informe enviado al Juzgado de Instrucción 37 de Madrid, el que investiga la supuesta amnistía de estos evasores, un proceso en el que permanecen imputados por presunta prevaricación dos exdirectores de Inspección y Gestión de la agencia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Hacienda dudaba de la veracidad y de la fiabilidad de los datos de la lista Falciani
Tras recibir la lista Falciani -en la que inicialmente constaban 1.972 evasores, según el informe de Hacienda, entre ellos el expresidente del Santander, ya fallecido, Emilio Botín-, en lugar de actuar de la forma habitual, es decir, abrir un procedimiento de inspección contra los 659 contribuyentes que se pudieron identificar, se les envió un requerimiento en el que se les daba un plazo de 10 días para que presentaran declaraciones complementarias sobre los fondos que mantenían ocultos en el HSBC de Ginebra (Suiza). Esa decisión permitió regularizar su situación a 306 de ellos sin tener que enfrentarse a un juicio, aunque las cantidades defraudadas superaran, en muchos casos, los 120.000 euros, el límite a partir del cual el fraude a Hacienda se convierte en delito fiscal, castigado con hasta seis años de cárcel.
El informe enviado al juez asegura que la decisión de no abrir inspección se debió a la premura con que la agencia tuvo que actuar y a la escasa fiabilidad que, inicialmente, Hacienda le dio a la lista Falciani. La AEAT asegura que los datos recibidos pertenecían a los ejercicios de 2005 y de 2006, y que el repertorio de evasores se recibió el 26 de mayo de 2010, cuando solo faltaban 36 días para que prescribieran las deudas tributarias correspondientes al primero de ellos. Hacienda afirma igualmente que, en ese momento, "existían dudas sobre la posible o no fiabilidad o no veracidad de la información disponible" y que, las fichas en las que se contenían los datos bancarios de cada presunto defraudador "no constituían por si solas una prueba sólida de los hechos". El organismo tuvo además "serias dudas sobre la licitud del origen y las posibilidades de uso" de la lista, al conocer que era un exempleado del HSBC, Hervé Falciani, el que las había sustraído de esa entidad.
La estrategia tenía dos fases: primero mandar el requerimiento, después abrir inspección
"Solo con el transcurso del tiempo y a través del reconocimiento de los hechos realizado por una parte significativa de los [evasores] identificados y por las comprobaciones que se llevaron a cabo a continuación, fue posible interpretar adecuadamente la información recibida y aseverar, muy posteriormente, la plena calidad y fiabilidad del contenido informativo de las fichas", señala el informe, firmado por Javier Hurtado Puerta, subdirector general de Inspección Territorial.
Ante esas circunstancias, los directores de Inspección y Gestión diseñaron una estrategia recogida en un "plan urgente de actuación" que se envió a todos los delegados territoriales de la agencia. Ese plan consistía, en primer lugar, en enviar los requerimientos a los 659 presuntos defraudadores identificados -de los que solo se logró localizar a 558- para que regularizaran su situación, es decir, en darles una segunda oportunidad para que reconocieran sus deudas, lo que en la práctica les evitó una acusación por delito fiscal. La segunda fase de esa estrategia debería abrirse tres meses después y consistía en iniciar procedimientos de inspección contra todos los que se hubieran negado a pagar. En la práctica, esa inspección posterior se abrió contra 545 de los 558 presuntos defraudadores que fueron requeridos por Hacienda.
En las instrucciones enviadas a los delegados provinciales sobre cómo se tenían que redactar los requerimientos enviados a los presuntos defraudadores se les ordenaba "eliminar cualquier referencia expresa a las actuaciones penales que pudieran iniciarse en el futuro" y avisarles únicamente de que "la AEAT iniciaría un procedimiento de comprobación o investigación" en caso de que no respondieran a la notificación que se les había enviado.
Gestha: "Las dificultades no impedían abrir una inspección"
El Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), autor de la querella por prevaricación contra los exdirectores de Inspección y Gestión de la AEAT Carlos Cervantes y Dolores Bustamante, considera que el informe enviado por Hacienda al juez no argumenta las verdaderas razones por las que se eligió enviar a los titulares de cuentas de la lista Falciani un requerimiento para que regularizaran su situación en lugar de abrirles directamente un procedimiento de inspección.
Las dudas y dificultades con las que Hacienda justifica su decisión de permitirles regularizar "son consustanciales a cualquier expediente de Inspección", explica el secretario general de Gestha, José María Mollinedo. "No solo se inspecciona cuando se tiene una prueba indubitada de un fraude y no existe duda sobre la viabilidad final del acta, sino que se inspecciona cuando existen sospechas de ello", añade Mollinedo, que recuerda que en muchos casos "son los técnicos e inspectores los que arman esas pruebas".
Para Gestha, los saldos mensuales de los depósitos en el HSBC de Ginebra que contenía cada ficha de la lista Falciani, constituían una sospecha más que suficiente para iniciar desde el primer momento un procedimiento de inspección, lo que hubiera impedido que los presuntos evasores se libraran de sus presuntos delitos fiscales.
Esa intención, la de amnistiar a los presuntos defraudadores, es, según Mollinedo, la única razón por la que se tomó esa decisión, ya que, según el sindicato de técnicos, ambos procedimientos -la inspección y el que finalmente se siguió, el envío del requerimiento- interrumpen la prescripción de la deuda, ambos se hubieran enfrentado las mismas dudas sobre la fiabilidad de la lista Falciani y los dos hubieran permitido a Hacienda imponer una sanción.
http://economia.elpais.com/economia/2015/07/09/actualidad/1436438760_509898.html
