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23-09-2014

"Hay una falta de voluntad política de los gobiernos para luchar contra el fraude"

El presidente de Gestha, una de las voces más críticas con la política fiscal del Gobierno, afirma que ni socialistas ni populares han tenido nunca “voluntad política para luchar contra el fraude”.

  12 septiembre, 2014                                   

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Carlos Cruzado

Carlos Cruzado

Está acostumbrado a hablar alto y claro y argumenta las críticas lanzadas contra la política fiscal del Gobierno con un torrente de cifras oportunas y bien hiladas. Es Carlos Cruzado (Madrid, 1958) abogado de formación, funcionario del Ministerio de Hacienda desde hace 30 años y el presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Desde que tomó la voz cantante del sindicato en 2005, Cruzado no se cansa de defender y luchar por un sistema fiscal más eficiente y justo. Afirma que, lejos de haber progresado en la lucha contra el fraude en España, éste se ha agravado con la crisis y considera que la nueva reforma fiscal genera “un sistema tributario menos equitativo” que sólo beneficia a los que más tienen.

¿Qué le pareció la comparecencia de hace unos días en el Congreso de los Diputados del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre el ‘caso Pujol’?

Había muchas expectativas respecto a los datos que pudiera dar Montoro, tanto respecto al ‘caso Pujol’ como en relación con la lucha contra el fraude. Pero, tanto en uno como en otro caso, parece que hubo cierta decepción.

En relación con el ‘caso Pujol’, quizás el único dato que se dio fue el de que el propio Jordi Pujol no se había acogido a la amnistía fiscal y de ahí no hubo más. Tampoco podía revelar más datos de acuerdo con el artículo 95 de la Ley General Tributaria, que impone el deber de confidencialidad. El ministró dijo que no le gustaba esto, que quizás se podía modificar el artículo 95. Pero claro, estas palabras chocan con la propuesta que se ha incluido en la reforma tributaria, en la cual la única modificación que hay es la de hacer esa lista de morosos. Se ha caído esa lista de defraudadores de la que se venía hablando desde hace dos años y otras posibilidades de pasar información más allá de lo que establece el artículo 95.

En relación con los datos de lucha contra el fraude, pues es más de lo mismo. Todos los años la Agencia Tributaria da datos supuestamente históricos en cuanto que suponen un cumplimiento de objetivos de incluso un 8% o 10% por encima de lo establecido. Sin embargo, esos objetivos cada año son inferiores ya en su planteamiento a los resultados obtenidos el año anterior. Es decir hay que tomar con cierta cautela lo de “los datos históricos”.

¿Teme que en el ‘caso Pujol’ quede en mucho ruido y pocas nueces?

Esperemos que no. Esto es sólo el inicio, a pesar de que hace 30 años, según las informaciones que van apareciendo, que se podría haber estado fraguando este gran patrimonio de la familia -si es que esto se demuestra que ha sido así

Han sido tres décadas en las que, obviamente, la Agencia Tributaria ha padecido de esa miopía, que ha hecho imposible haber investigado y haber determinado que podía haber unos incrementos no declarados.

¿Y por qué esta miopía en la Agencia Tributaria?

Hay mucho que hablar sobre esa miopía. En lo que se refiere a los medios, es obvio que la Agencia Tributaria está en la mitad de la media en comparación con los países de la Unión Europea e incluso de la OCDE, tanto en efectivos como en inversión en función del PIB.

Luego hay otra cuestión y es el mal reparto de efectivos en relación con los objetivos de la Agencia. De acuerdo con nuestros datos, casi el 90% de los mismos están dedicados a ese control de pequeñas discrepancias, a esa gestión de lo que son los contribuyentes que tienen sus percepciones del rendimiento de trabajo, autónomos y pequeñas empresas. Sin embargo, a las grandes empresas a las grandes fortunas se dedica una parte escasa de los medios. Esta es una gran contradicción, ya que gran parte del fraude reside, precisamente, en grandes empresas y grandes fortunas.

Obviamente es más complicado investigar y descubrir el gran fraude que el pequeño, que muchas veces no supone más que cruces de datos y un potente sistema informático. En definitiva, creo que sería necesario un cambio en el funcionamiento de la Agencia Tributaria.

¿Los inspectores de Hacienda están igualmente de preparados para investigar el pequeño y el gran fraude?

El ministro de Hacienda habló en su comparecencia en el Congreso de la profesionalidad y la buena fe de los funcionarios y de todos los empleados de la Agencia Tributaria y esto, sin duda, es así. Otra cosa es el establecimiento de objetivos, cómo se estructura la Agencia Tributaria… Sin duda, hay un gran número de puestos de libre designación. Hemos visto algunos casos muy llamativos que han salido a la luz, como el cese hace un año de esa inspectora del ‘caso Cemex’.

Seguramente habría que aminorar ese número de efectivos de libre designación, ya que estas personas, en muchos casos, tienen muchas competencias en detrimento de los inspectores y técnicos que han obtenido su plaza mediante concurso.

Además es evidente que en los puestos de libre designación, al margen de la consideración de si pueden estar politizados o no, la independencia es difícil de mantener en los mismos términos que en un puesto de concurso. Igual que te nombran libremente te cesan libremente.

Y con la crisis económica han disminuido los medios de la Agencia Tributaria.

Claramente. Antes de la crisis ya venían disminuyendo y, desde luego, en estos años, con el establecimiento de esa tasa de reposición del 10% como excepcional -de cada 100 funcionarios que se jubilan sólo entran 10-, pues el recorte de efectivos se ha agudizado. Este año se ha hecho una convocatoria especial, que de acuerdo con los trámites, exámenes, preparación y demás no se hará efectiva hasta dentro de un par de años. El resultado es que, al concluir 2014, habrá 2.000 efectivos menos que en 2010.

El Gobierno desde hace un tiempo habla de ese objetivo prioritario de luchar contra el fraude -Montoro lo ha repetido muchas veces-. Pero lo cierto es que esto no se corresponde con los medios. En los Presupuestos Generales del Estado vemos que de los grandes objetivos de la Agencia Tributaria, atención al contribuyente y lucha contra el fraude, es precisamente el segundo en el que hay una bajada superior en efectivos. De los 700 efectivos menos que habrá en 2014 en relación con el año pasado, el 90% son baja en lucha contra el fraude.

¿Qué le parece la reforma fiscal aprobada por el Gobierno?

Desde nuestro punto de vista, no puede hablarse de una reforma total del sistema tributario, como se estaba planteando en un principio, sino de un parcheo. Lo que hay es una bajada de impuestos en relación sólo con dos: el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto sobre Sociedades. Pero en realidad no hay una modificación del sistema tributario, la cual sería muy necesaria.

Creo que la mayoría, por no decir la unanimidad, de los técnicos y expertos en la materia, hablan de esa necesidad de hacer una reforma en conjunto del sistema tributario. Además, esta gran reforma estaba incluida en el acuerdo del Consejo de Ministros con el que se nombró a la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario.

Lo que plantea el Gobierno es sólo una modificación parcial de los impuestos. Desde luego, el trabajo no se ha hecho. Es necesario partir de la base de todo el sistema tributario, ver cuáles son los impuestos que son necesarios aumentar y los que tienen que disminuir.

¿Cuáles son los principales problemas del sistema tributario español?

Hay dos: uno es el de suficiencia. Nuestro sistema tributario es insuficiente, no está recaudando lo necesario. En la comparativa con la Unión Europea, según los últimos datos de Eurostat, estamos entre siete y ocho puntos por debajo de la media. La recaudación tributaria en 2012 de España fue de un 32,5%, mientras la media de la Unión Europea (28) fue de 39,4% y en la zona euro, de un 40,4%. Estamos, por tanto, entre 70.000 millones y 80.000 millones de euros por debajo de la media de la UE. Este es un grave problema que con esta reforma no se va a solucionar. De hecho se ha cuantificado en algo más de 9.000 millones lo que se va a dejar de recaudar como consecuencia de esas bajadas en el Impuesto de Sociedades y de la Renta.

El segundo problema es el de hacer efectivos los principios del artículo 31 de la Constitución. Casi el 90% de los españoles considera que el sistema tributario es injusto, que no paga más quien más tiene como dice la Carta Magna. Bueno pues esto tampoco se va a resolver. No vamos hacia un sistema más equitativo con las reforma.

Si a esto añadimos, además, las escasas medidas que se plantean en lucha contra el fraude… Lo único que se establece es la publicación de la lista de morosos, pero no se ha ido adelante con la idea de publicar una lista de defraudadores, la cual sería necesaria.

En Gestha insistimos en que deberían publicarse también datos sobre lo que pagan las grandes empresas trasnacionales. Lo estamos viendo en la prensa: cada dos por tres aparecen artículos sobre lo que pagan las grandes tecnológicas como Apple, Microsoft o Twitter. Y vemos que son cantidades escasas.

Creemos que los ciudadanos deben de conocer lo que pagan las grandes corporaciones y esto ayudará, seguramente, a que la conciencia fiscal y la conciencia de por dónde debe ir la modificación de nuestro sistema tributario empuje a nuestros gobiernos a modificar estas cuestiones.

Ha comentado que la reforma hace un sistema tributario menos equitativo.

Sí. Se reducen los tramos, lo cual siempre va en contra de la progresividad. Los más beneficiados, a pesar del discurso del Gobierno, son los que tienen mayores rentas. Y el problema añadido es que al no recaudarse más y no haberse planteado la reforma en su conjunto va a haber una posterior reforma. Me estoy refiriendo a subidas de los impuestos indirectos, medioambientales y del IVA, a las que, seguramente, el Ejecutivo tendrá que recurrir para compensar esa bajada en el IRPF y en el en Impuesto de Sociedades, si quiere cumplir los objetivos de déficit.

Quizás hay una percepción entre los ciudadanos de que aquí en España todo el mundo defrauda, si puede

Es cierto que en España hay una conciencia fiscal muy alejada del nivel medio europeo, incluso de EEUU. En la mayoría de los países no se premia al defraudador ni está bien considerado socialmente como ha ocurrido en España. Es cierto que a raíz de la crisis parece que está empezando a cambiar esa percepción de que defraudar a Hacienda es hacerlo a ese ente abstracto que es el Estado. De un tiempo a esta parte, los ciudadanos empiezan a percibir que cuando se defrauda se está tocando el bolsillo de los contribuyentes.

El problema son las causas. Muchas veces se habla de ese temperamento de los países mediterráneos para explicar el fraude. Pero las causas son algo más profundas y hay que analizarlas. Quizás, los países donde hay un mayor nivel de fraude como España, Grecia o Italia, al margen de ser mediterráneos, son estados en los que los sistemas tributarios democráticos no tienen tanta tradición. Desde luego, España es un país en donde la transparencia ha brillado por su ausencia. Tenemos una Ley de Transparencia recientemente aprobada, que entrará en vigor en enero de 2015, cuando en la mayoría de los estados europeos llevan décadas con ella.

Todo esto unido a la sensación que los ciudadanos tienen de que los gestores han despilfarrado y los escándalos de corrupción no anima a contribuir con la Hacienda Pública. Más cuando vemos que las sanciones, por ahora, brillan por su ausencia.

“Sería necesario esa foto fija del fraude, desagregada por impuestos, territorios y por sectores para poder acometer una lucha eficaz”.

Son los entes políticos y empresariales los que tienen que dar ejemplo y, desde luego, en nuestro país, en los últimos años, vemos que no es así. Esa complacencia de los entes políticos con los compañeros que defraudan. Hemos visto casos como el de Castellón, donde el expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, cuando fue condenado por delito fiscal, dio una rueda de prensa y presumió de que sólo había sido condenado por defraudar a Hacienda. Se minusvalora el delito fiscal.

Hasta algún representante empresarial de la CEOE ha llegado a decir que “al fin y al cabo, quién no defrauda en algún momento”. Sin duda, todo esto hace un daño tremendo a la conciencia fiscal de los ciudadanos.

¿Pero se puede decir que el fraude en España está generalizado o es exagerado?

Desde luego, los datos indican que sí que está más generalizado que en la mayoría de los países de nuestro entorno. De acuerdo con nuestro último informe, que publicamos a finales de enero, la economía sumergida en España estaría en torno al 24,6% del PIB. Sólo detrás Grecia, casi como Italia y muy lejos de países como Francia, Alemania y Reino Unido, que están en la mitad de esa cifras. Esto supone dejar de ingresar algo más de 80.000 millones de euros al año.

Si bien acabar con el fraude al 100% es obvio que es muy difícil, si tendríamos que ponernos al nivel de países de nuestro entorno, lo que supondría reducir 10 puntos de economía sumergida y recaudar entre 20.000 y 25.000 millones de euros al año más, lo cual ayudaría mucho, sobre todo en estos momentos de crisis. Y lo primero que habría que hacer es un estudio oficial de economía sumergida. Sería necesario esa foto fija del fraude, desagregada por impuestos, territorios y por sectores para poder acometer una lucha eficaz. Pero no se hace. No la ha hecho ni este Gobierno ni los anteriores. Históricamente hay falta de voluntad política de los gobiernos para acometer la lucha contra el fraude.

Además habría que dotar de más medios a la Agencia Tributaria, modificar la forma de utilizar los mismos y optimizar los casi 8.000 técnicos con que cuenta Hacienda. De alguna manera tenemos limitadas nuestras competencias y podríamos desarrollar unas labores de mayor envergadura en la lucha contra el gran fraude y el control de las subvenciones, que es donde habría que hacer un mayor hincapié.

¿Defraudar sale caro o barato?

Depende de a quién. Si no tienes posibilidades de acudir a paraísos fiscales y si no cuentas con grandes rendimientos que puedes hurtar al conocimiento de la Hacienda publica, pues es difícil. Para quienes tienen una nómina o un pequeño negocio en el que tienen controladas sus facturas es muy difícil defraudar y sale caro hacerlo. La Agencia Tributaria cruza todos los datos y, bueno, esa paralela que tanto asusta va a llegar en cuanto los datos que se declaran no concuerden con los que tienen Hacienda.

Si ya hablamos de paraísos fiscales y de grandes fraudes pues sale barato. Ya el riesgo de que seas detectado por la Agencia Tributaria, como estamos viendo, no es alto. Incluso cuando ya eres detectado, como los objetivos se centran más en la cantidad que en la calidad y con el problema de medios que hay, pues resulta que, en muchas ocasiones, los procedimientos judiciales iniciados acaban siendo anulados por los tribunales. En lo que se refiere a la Agencia Tributaria, casi el 40% de los actos recaudatorios son anulados en los tribunales económicos administrativos o en los de contencioso. Esto es algo que pone de manifiesto la mala calidad de los trabajos, y no por la falta de profesionalidad de los técnicos e inspectores, sino por esa necesidad de cubrir objetivos.

La deuda pendiente de la Agencia Tributaria está en torno a los 51.000 millones de euros. De ese dinero que no se cobra, unos 11.000 millones son porque están recurridos en los tribunales. A éstos hay que añadir los que no se cobran por causas como la morosidad u otras. El hecho es que no se recauda más de un 13% o 14% de las liquidaciones que se practican, lo cual no es un dato bueno si lo comparamos con los resultados de cualquier empresa.

Desde Gestha se ha denunciado en varias ocasiones cómo la crisis económica está propiciando un incremento del fraude.

Claramente. Según nuestros datos entre 2008 y 2012, el fraude habría crecido en 60.000 millones, una media de 15.000 millones al año, un incremento que pone en evidencia el trabajo de la Agencia Tributaria. Y si cada vez hay más economía sumergida es que la Agencia Tributaria no está siendo todo lo eficaz y eficiente que debiera.

¿Surgen nuevas formas de defraudar?

Sí, el fraude se va sofisticando. Muchas veces éste se focaliza, a nivel de calle, en esa pregunta de con IVA o sin IVA. Y sin duda que hay que luchar contra este tipo de fraude pero nos olvidamos de las grandes tramas de IVA, el gran fraude, donde se mueve mucho dinero a través de paraísos fiscales, un problema que los gobiernos tienen muy difícil combatirlo de manera unilateral .

¿Y luego una vez que se detecta al gran defraudador se topa con la lentitud de la Justicia?

Ocurre que cuando nos enfrentamos contra grandes contribuyentes, los recursos que tienen éstos son los máximos. Estamos hablando de asesores de todo tipo y de los mejores abogados, que utilizan las garantías que tiene nuestro sistema al máximo. De manera que se ralentiza el proceso a través de recursos continuos, anulación de pruebas, procedimientos…

De vez en cuando vemos como en los medios de comunicación irrumpe la noticia de que algún famoso o personaje público ha sido ‘pillado’ por fraude fiscal. ¿Puede haber una utilización mediática de este tipo de informaciones por parte del Gobierno?

Que duda cabe de que muchas veces esto ha sido así. Hace un par de años, un medio publicó unas instrucciones de la directora de Recaudación de la Agencia Tributaria. Coincidiendo con la finalización del periodo para acogerse a la amnistía fiscal, ésta animaba a las unidades de recaudación a hacer actuaciones mediáticas. Hemos visto actuaciones en restaurantes de cocineros conocidos retransmitidas por televisión. Esto deja en mal lugar a la Agencia Tributaria, en cuanto a ese deber de confidencialidad que tiene.

¿A favor o en contra de la amnistía fiscal?

En contra totalmente. Va contra el artículo 31 de la Constitución. Esta amnistía fiscal no ha sido la primera, ya hubo otras dos anteriores con gobiernos socialistas, -sin contar la del 78 -. Suponen, claramente, un agravio comparativo para los contribuyentes que vienen cumpliendo con sus obligaciones. Ese 10% que se pedía en la amnistía fiscal y que al final se quedó en el 3% está muy lejos de los tipos que se pagan en el Impuesto sobre la Renta. Y ni siquiera ha servido para cumplir con los objetivos recaudatorios. Se hablaba de recaudar 2.500 millones de euros y al final se obtuvieron poco más de 1.200 millones.

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