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Reforma fiscal: un parche que no garantiza suficiencia ni equidad
Esta entrada ha sido escrita por Carlos Cruzado Catalán, Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
El próximo día 5 de julio se cumplirá un año de la decisión del Gobierno de iniciar el proceso para acometer una reforma legislativa que suponga una revisión del conjunto del sistema tributario, tal y como se expresaba en el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros de tal fecha, en el que se nombraba a los miembros de la Comisión de expertos a los que encargó la elaboración de un informe al respecto.
Un año después, sin embargo, y una vez recibido el informe de los expertos, el Gobierno no propone esa revisión completa del sistema tributario, sino un nuevo “parcheo” puntual, como los que desde hace ya algunos años han venido realizando los distintos gobiernos, independientemente del color político.
Obviamente, el resultado de afrontar los problemas tributarios de esta forma ha provocado que nos encontremos ante un sistema tributario agotado, que no cumple con la finalidad de recaudar lo suficiente para atender al gasto público que un estado del bienestar requiere, ni con los principios que, según el artículo 31.1 de nuestra Constitución, deben informar el mismo: generalidad, igualdad y progresividad. Situación que, tal y como mantienen la mayoría de los expertos, requería, como hace un año anunció el Gobierno, de una revisión del conjunto del sistema tributario y no de una simple modificación parcial de dos de los impuestos que conforman el sistema, por mucho que hablemos del primer y tercer impuesto en lo que a recaudación se refiere.
Las modificaciones propuestas estos días por el Gobierno en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades, que conllevarán una pérdida de recaudación que podría alcanzar los nueve mil millones de euros de aquí a 2016, se plantean solo unos días después de que Eurostat haya publicado los datos de recaudación de impuestos de los países de la UE correspondientes al ejercicio 2012, y de ellos se desprende que España se encuentra siete puntos por debajo de la media de los países de la Unión en presión fiscal, en el 32,5% del PIB.
Por ello, y teniendo en cuenta el compromiso de reducir nuestro déficit hasta el 4,2% del PIB en 2015 y al 2,8% en 2016, que conlleva un ajuste de casi 30.000 millones en estos dos años, se hace necesaria una explicación del Gobierno respecto de cómo piensa compensar la bajada anunciada, dado que no parece lógico fiar la misma exclusivamente a una recuperación económica todavía poco robusta y que será débil en los próximos años.
Y en este sentido, y dado el reiterado desacierto de las previsiones económicas de los distintos gobiernos de turno, se tornan probables otras opciones ahora silenciadas, como pueden ser otros recortes en gastos y prestaciones sociales o mayores copagos en educación, sanidad o utilización de infraestructuras públicas, tal y como contemplaban los expertos en su informe sobre la reforma fiscal.
En definitiva, los “parcheos” anunciados ni garantizarán el principio de suficiencia del sistema tributario, ni, desgraciadamente, mejorarán la equidad del mismo, continuando en entredicho los principios constitucionales de generalidad, igualdad y progresividad.
