Los técnicos de Hacienda, contra los inspectores: no se puede recaudar "a cualquier precio"

Si por la mañana los inspectores de Hacienda proponían abrir un debate para legalizar la prostitución y el tráfico de drogas blandas, por la tarde los técnicos de la Agencia Tributaria han salido al paso de la idea y han defendido que "no se deben buscar ingresos a cualquier precio".

En un comunicado, Gestha señala que con el pago de impuestos se estarían blanqueando actividades ilícitas y agregó que éstas "deben perseguirse penalmente como hasta ahora, sobre todo cuando la prostitución implica la inmigración ilegal, el tráfico de personas y su explotación sexual por redes criminales algo que, según los expertos en la materia, es la práctica mayoritaria".

En cambio, los técnicos proponen como alternativa perseguir el que  es, según ellos, el primer foco de la evasión fiscal: las grandes  empresas y patrimonios, y que a día de hoy solo concentran el 20% de los esfuerzos de la Agencia Tributaria.

El secretario general de la organización, José María Mollinedo, aseguró que "no se deben buscar ingresos a cualquier precio, como parece que proponen los inspectores, sino que se debe intensificar la lucha contra el fraude fiscal".

Delito a partir de los 50.000 euros

Por otra parte, rechazaron la propuesta de los inspectores de elevar el umbral para considerar delito fiscal a 600.000 euros, desde los 120.000 euros actuales, para la suma de cuotas defraudadas.

Al contrario, reclaman que la barrera baje hasta los 50.000 euros defraudados por impuesto y año, el mismo nivel fijado para considerar delitos los fraudes a la Seguridad Social y a la Hacienda Europea.

De este modo, Gestha considera que la propuesta de los inspectores supondría un "aliciente" para cometer fraude fiscal, ya que, de llevarse adelante, la suma de tres fraudes de 150.000 euros anuales no llegaría al umbral de 600.000 euros, por lo que no existiría delito donde actualmente hay tres.

Aseguraron además que la modificación anunciada por los inspectores implicaría cambios en investigaciones polémicas que se están tramitando actualmente, como el caso Noós y las supuestas donaciones en B que afectan a partidos políticos. "Ninguno de estos supuestos fraudes sería delito con la reforma de los inspectores", sentenciaron.