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Actualidad Gestha

10-02-2014

La economía sumergida pasa factura. Joaquín Estefanía

Una carta al director publicada en EL PAÍS el pasado sábado traza muy bien la raya entre dos realidades de economía sumergida: la de quienes se han instalado en ella por insolidaridad, por no pagar impuestos y cotizaciones,… y la de quienes están en la misma porque no tienen más remedio, por sobrevivir, personas o empresas. Cuenta el lector el caso de aquellos a los que les queda deuda después de entregar su piso y que, en el supuesto de pasar a mejor fortuna (volver a tener solvencia ingresando en nómina más de los 645 euros al mes correspondientes al salario mínimo) saben que les será embargado todo exceso. O aquellos a los que se les hace un contrato mercantil, les obligan a ser autónomos, no les garantizan unos ingresos mínimos y saben que, en el momento en que se den de alta, perderán “los 426 euros de Zapatero”. El 14% de los billetes de 500 euros que se mueven en la eurozona, lo hacen en España Es muy curiosa la iniciativa portuguesa (estimación de un 25% de economía sumergida sobre el total) para intentar reducirla mediante un sistema de azar: a todos aquellos que paguen las facturas con IVA se les da un cupón (uno cada 10 euros) para participar en el sorteo de un automóvil. De paso, la factura de la suerte ayudará a estimular la industria de los coches del país vecino. España también tiene una economía sumergida equivalente casi al 25% de su PIB (253.000 millones de euros). Tan significativa como la cantidad es el ritmo al que crece desde que estalló la Gran Recesión: unos 15.000 millones de euros de media cada año hasta 2012 (últimos datos computados). Lo dice el informe La economía sumergida pasa factura, que han presentado hace unas semanas los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), dirigido por el profesor Jordi Sardá, de la Universidad Rovira i Virgili. ¿Por qué es nociva la economía sumergida en términos de cohesión social entre los diferentes elementos de una sociedad? Porque evita una buena medición de la renta per cápita de los ciudadanos, lo que distorsiona las mejores políticas económicas que se podían practicar y las ayudas que llegan del club al que pertenecemos, la Unión Europea; porque produce competencia desleal entre los ciudadanos y las empresas que pagan impuestos y cotizaciones, y los que no, mientras que todos se aprovechan de la protección que genera el estado del Bienestar y, en general, de las prestaciones del Estado; porque evade impuestos y otros han de pagar o todos debemos endeudarnos; por la inexistencia de regulación en las actividades golfas de la economía; porque se generan menos pagos a la Seguridad Social, con las secuelas a largo plazo que se deducen: pensiones, derecho al seguro de desempleo, etcétera. Estamos con países como Grecia, Estonia o Turquía en número de ciudadanos que viven en ‘b’ ¿A qué se ha debido este espectacular incremento de la economía sumergida en España, que lo asemeja sólo a Italia, Portugal y Grecia entre los países de nuestro entorno, o a Estonia, Turquía, Polonia o Eslovenia de un círculo más allá? Es multicausal: el efecto arrastre de una burbuja inmobiliaria con mucho dinero negro; el incremento del paro hasta un 26% de la población activa (otro efecto nocivo colateral de la reforma laboral); al aumento de impuestos que no fueron acompañados de un control tributario más efectivo (lo que genera la lección de que al mismo tiempo que una reforma fiscal habrá de venir una mejor administración tributaria: más eficaz por la sofisticación de las evasiones y elusiones fiscales, y más numerosa en sus componentes; según datos de la OCDE, en España hay un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo). Otra causa significativa del aumento exponencial de la economía sumergida es el uso masivo de billetes de 500 euros en España (el 14% del valor de todos los billetes de 500 que se manejan en la zona euro). ¿Algún plan de choque previsto para corregir esta realidad? Ninguno. Como en tantas ocasiones, el Gobierno va al trantrán. Ni siquiera, como recuerda Gestha, campañas de moralidad con el pago de impuestos, del tipo de las puestas en marcha por la Dirección General de Tráfico en el pasado, con Pere Navarro, para conciliar a los ciudadanos con la seguridad vial. No hay prisa.

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