ATA propone retenciones más bajas para las pymes y mayores deducciones fiscales para aflorar la actividad «en negro»
La crisis ha dado alas a la economía sumergida. Un reciente estudio del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) aseguraba que la actividad oculta sumo en España 253.135 millones de euros en 2012, el 24,6% del PIB. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) estima que prácticamente una de cada cuatro actividades económicas en España están en el ámbito de la economía sumergida y, por tanto, no paga ni cotizaciones ni impuestos.
El presidente de la organización, Lorenzo Amor, asegura que esta estimación supone que en torno a un millón de negocios actúan en «negro», incurriendo en una competencia desleal y en un sobreesfuerzo fiscal para los más de tres millones de autónomos que sí cumplen con el fisco. ATA recalca que la economía sumergida no sólo se da entre desempleados, sino también entre aquellos asalariados que realizan alguna actividad «extra» por la que no cotizan ni pagan los correspondientes impuestos. Por eso, la organización propone tres medidas para tratar de aflorar parte de la economía sumergida y que, a su juicio, debería tener en cuenta el Gobierno de cara a la próxima reforma fiscal.
Reducir las retenciones
La primera medida que esta organización de autónmos propone para reducir la «economía en B» es el establecimiento de una retención del 15%, en lugar del 21% actual, para aquellos autónomos cuyos ingresos trimestrales sean inferiores a 12.000 euros anuales.
Ventajas fiscales para las familias
En segundo lugar, ATA apuesta por establecer deducciones fiscales a familias, fijando un tope máximo, por gastos derivados de sanidad, educación o rehabilitación de viviendas, lo que llevaría consigo que las familias contrataran los servicios de aquellas personas que en regla con la Seguridad Social y con Hacienda.
Base mínima diferenciada a la S.S.
Por último, la organización insta a fijar una base mínima diferenciada a la Seguridad Social para aquellos autónomos cuyos rendimientos netos anuales declarados en el último año no superen los 8.000 euros. Para apostillar estas propuestas, Amor apunta que «la economía sumergida crece cuando con ingresos mensuales de 1.000 euros se tienen que pagar 210 euros de retención y 270 euros de cotización a la Seguridad Social, quedando únicamente un neto de 520 euros al mes, cantidad inferior al salario mínimo interprofesional (SMI)».