Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) proponen triplicar los tipos del actual Impuesto sobre el Patrimonio antes de que acabe el año, hasta situar el gravamen medio entre el 1% y el 2%, y crear una exención en el pago para aquellas personas que adquieran deuda pública.

En un comunicado, los técnicos explican que estas medidas permitirían reducir los costes de financiación del Estado y evitarían tener que solicitar un nuevo rescate y someter a los ciudadanos a las condiciones de un "severo ajuste".

Para Gestha, la exención a la deuda comprada en el mercado primario (subastas) debería estar condicionada a su tenencia durante un mínimo de tres o cinco años, coincidiendo con el plazo del bono en cuestión, cuando probablemente esté superada la crisis sobre la deuda.

Una medida de este tipo, según los técnicos, situaría el tipo de interés entre el 2% y el 3%, con lo que para el inversor la rentabilidad financiera-fiscal de deuda pública oscilaría en torno al 4%.

Los Técnicos de Hacienda creen que este coste sería "razonable y sostenible" para el Estado, permitiendo así afrontar los importantes vencimientos de deuda previstos a corto y medio plazo, ya que el Tesoro necesitará más de 49.144 millones de euros entre septiembre y diciembre, a los que se suman otros 107.150 millones en 2013.

Según los últimos datos disponibles, España cuenta con un patrimonio en acciones por valor de casi 536.000 millones. De este modo, las subastas de deuda del próximo año y de lo que resta de este podrían ser cubiertas con solo el 19,97% y el 9,16% del patrimonio en valores de los residentes.

Además de estos cambios en Patrimonio, Gestha defiende la aprobación de un Proyecto de Ley para crear un impuesto sobre la riqueza de ámbito estatal para evitar las bonificaciones autonómicas al 100%. En este nuevo impuesto se establecerían también mínimos exentos similares a los vigentes en el Impuesto sobre Patrimonio, al que sustituiría a partir de 2013.

El tipo efectivo de esta nueva tasa, según Gestha, debería triplicar al del actual impuesto, además de incorporar fórmulas para evitar la interposición de sociedades con las que las grandes fortunas puedan eludir su pago, así como incluir la ya mencionada exención de la plena propiedad de la deuda pública.

Pese a estar a favor del Impuesto de Patrimonio, los técnicos creen que hasta ahora su aplicación ha sido poco efectiva por las vías de escape de las grandes fortunas y por las políticas existentes en las diferentes comunidades autónomas.

En concreto, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, afirma que la puesta en marcha de un impuesto sobre la riqueza de carácter estatal tendría mayor efecto sobre la recaudación y serviría para evitar la aplicación de nuevos recortes, con los que sólo se añade más presión sobre la economía de las clases medias y trabajadoras