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10-09-2012

El Gobierno recauda 50 millones hasta julio por la amnistía fiscal, sólo el 2% de lo previsto para 2012

La amnistía fiscal promovida por el Gobierno y aprobada a finales de marzo no está funcionando, o al menos sus resultados no están a la altura de lo esperado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El Gobierno ha recaudado 50,4 millones hasta el 31 de julio gracias a esta media, lo que supone únicamente el 2% de lo que se espera recaudar en el conjunto del año, según datos de la Agencia Tributaria recogidos por Europa Press. La amnistía fiscal vio la luz el pasado 30 de marzo y fue creada como una medida "excepcional y extraordinaria" para el año 2012 con el objetivo de recaudar 2.500 millones de euros y aflorar el capital oculto en España, necesarios para que el Estado cumpla con el objetivo de déficit del 4,5% del PIB fijado para este año. La medida fija un gravamen específico del 8% para los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera derivados de la misma fuente que se repatríen hasta el 31 de diciembre de 2012. Asimismo, implanta otro gravamen especial del 10% de atracción de rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Los contribuyentes pueden presentar una declaración confidencial para regularizar su situación tributaria, y el plazo de presentación y su ingreso finaliza el 30 de noviembre. DUDAS Así, para cumplir las expectativas fijadas, el Gobierno debería recaudar 2.450 millones en menos de cuatro meses, el mismo periodo que lleva vigente la amnistía fiscal. Muchos son los expertos que han dudado de la efectividad de una medida de este tipo y han cuestionado incluso su legalidad. De hecho, el Partido Socialista presentó en junio un recurso de inconstitucionalidad que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. El PSOE justificó el recurso por ser una iniciativa que favorece a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10% del valor de los bienes aflorados, mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43%. De hecho, el Sindicato de Técnicos del Ministerio Hacienda (Gestha) cree que la reducida recaudación de la amnistía se debe a que los asesores están recomendado a sus clientes no acogerse a esta medida hasta que el Constitucional dicte sentencia. RETICENCIAS Luisa López, directora de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) aseguraba hace unos días en el diario El Economista que "en los despachos no se dice a los contribuyentes que no se acuda, sino que se esperen a que se aclaren los recursos y a que haya más seguridad". El Periódico asegura en su edición de este domingo que Hacienda está preparando una nueva norma aclaratoria para lograr que más defraudadores se acojan a la medida. EXPECTATIVAS FRUSTRADAS El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ha explicado a Europa Press que la admisión a trámite del recurso "ha frustrado" las expectativas de la amnistía porque los que se acojan ahora podrían ser penalizados más adelante si la amnistía se declarara inconstitucional. Según Mollinedo, la amnistía no arrancó bien en el mes de marzo porque ofrecía poca seguridad jurídica e iba dirigida a ciudadanos de rentas muy altas o a los administradores de grandes compañías. La orden ministerial que se publicó tiempo después de aprobar la amnistía mejoró la situación al permitir que se declarara dinero en efectivo, ya que, según Mollinedo, hay 50.000 millones en billetes de 500 euros no declarados. En cualquier caso, el secretario general de Gestha cree que la admisión a trámite del recurso del PSOE dificulta enormemente la posibilidad de que el Gobierno recaude lo previsto. DEFENSORES Y DETRACTORES El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue uno de lo más fuertes defensores de la amnistía: "Lo que hacemos es extirpar la economía sumergida", aseguró, mientras que Óscar López, secretario de Organización del PSOE, la calificó de "bochornosa". A finales del mes de agosto, además, la Comisión Europea (CE) considera que las amnistías fiscales, como el programa promovido por el Gobierno español, deben ser evitadas "a toda costa", porque generan pocos ingresos adicionales y crean un riesgo moral contraproducente: "Disminuyen la responsabilidad tributaria y la exposición plena del contribuyente al riesgo que supone evadir impuestos".

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