Fútbol.- Los Técnicos de Hacienda califican de "buen punto de partida" el protocolo firmado para reducir la deuda

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideraron este miércoles que el protocolo para reducir y controlar la deuda firmado hoy por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) marca \"un buen punto de partida\" para saldar la deuda de los clubes de fútbol con Hacienda. GESTHA considera que así podrán cobrar la deuda tributaria de en torno a 675 millones de euros que los clubes de fútbol tienen contraída con la Agencia Tributaria estatal. En el protocolo firmado destaca especialmente la posibilidad de sancionar con pérdida de puntos en la competición a aquellos equipos que incumplan los aplazamientos concedidos. Los Técnicos de Hacienda señalan que la reforma de la ley concursal prevé que antes del 30/6/2012, el Gobierno presentará un proyecto de Ley sobre especialidades del tratamiento de la insolvencia de las sociedades y asociaciones deportivas profesionales, donde se deberán incluir la posibilidad de que los clubes profesionales puedan ser expulsados de la competición si incumplen el protocolo para reducir y controlar la deuda firmado hoy. Además, GESTHA señala que los clubes tienen pendiente a día de hoy una \"importante deuda social\" con las Administraciones Públicas, que han favorecido a los clubes de fútbol con recalificaciones de terrenos, convenios publicitarios de promoción turística, subvenciones, avales y préstamos por parte de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos;,una tributación favorable para fichar a jugadores extranjeros y sucesivos aplazamientos de las facturas, entre otras acciones. Sin embargo, el colectivo aseguró no compartir la queja remitida al comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, donde se asegura que estas facilidades concedidas por la Administración son \'ayudas de Estado\', prohibidas por la libre competencia. A juicio de los Técnicos, estas actuaciones no constituyen una ayuda ilegal, aunque sí reconoce que suponen \"un trato condescendiente\" que crea una doble vara de medir respecto a los deudores tributarios convencionales, a quienes se exigen activos reales y viabilidad económica futura para obtener aplazamientos.