Una vez más, la Agencia Tributaria del Estado cumple su tradición anual de publicitar las líneas generales del plan de control tributario, que contiene un amplio elenco de medidas que configurarán el núcleo de la actuación del organismo. Pero, adolece de una carencia histórica, y es la inexistencia de un estudio oficial sobre la economía sumergida en España desagregada por territorios, sectores e impuestos, como punto de partida para la elaboración del correspondiente plan de prevención del fraude. Cómo se puede establecer una estrategia si no se conoce cuál es la dimensión del problema.
No obstante, aunque el plan aprobado es un recopilatorio de las actuaciones que viene realizando la AEAT cada año, en esta ocasión hay algunas novedades dignas de reseñarse. Por primera vez, se pone el acento en aflorar una parte de los ingresos de las grandes fortunas de nuestro país, que están eludiendo el pago del IRPF.
El foco
Así, se pone el foco sobre aquellos profesionales, artistas y deportistas, que organizan sociedades para derivar parte de sus rentas y sobre los deudores reincidentes que crean empresas de manera sucesiva para abandonarlas posteriormente sin haber abonado los impuestos.
Sin embargo, este plan deberá acompañarse con otras medidas legislativas encaminadas a evitar el abuso de las sociedades de inversión de capital variable (Sicav), entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE) y sociedades patrimoniales. Así como a combatir la opacidad de las inversiones y las prácticas abusivas para reducir la factura fiscal de las grandes corporaciones desde paraísos fiscales. También es necesaria la eliminación de las ganancias patrimoniales especulativas del concepto de renta del ahorro del IRPF, la modificación de las bonificaciones y deducciones en el impuesto sobre sociedades, y evitar la proliferación de facturas falsas y entramados societarios. Así como la restricción de la utilización del sistema de módulos solo para los empresarios que destinen sus bienes y servicios al consumidor final.
Más competencias
Desde Gestha, esperamos que las futuras medidas organizativas otorguen mayores competencias y responsabilidades a los Técnicos de Hacienda para que se pueda obtener una mayor recaudación, cercana a los 8.200 millones anuales adicionales a los objetivos marcados, y acabar así con la sensación de impunidad de quienes defraudan. Basta recordar que hasta el momento los mejores resultados de control anuales tan solo han llegado al entorno de los 10.000 millones de euros, lo que supone que el 83 % del fraude fiscal cometido en nuestro país queda impune cada año.