Más colectivos piden una reforma equilibrada de las pensiones. José María Zufiaur. Consejero del Comité Económico y Social Europeo

Ya no son sólo los sindicatos, un conjunto de partidos de izquierda con representación parlamentaria y algunos expertos y comentaristas “radicales” quienes demandan una reforma del sistema de pensiones equilibrada y no exclusivamente – con toda la gradualidad y flexibilidad que se quiera – basada en el recorte. Un recorte que, da la impresión, va a afectar gradualmente y flexiblemente mucho más a los que acaban de empezar su vida laboral y a los que tienen carreras de cotización más irregulares. Es decir, a los jóvenes, a las mujeres y a los trabajadores precarios de cualquier sexo. Ahora, también los Técnicos del Ministerio de Hacienda acaban de publicar un informe en el que ofrecen datos y propuestas para demandar otro tipo de reforma. Este colectivo, cuya sigla es GESTHA (Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública), antecedente de los Cuerpos Técnicos de Hacienda, afirma que un 19,3% de los pensionistas con pensiones contributivas (las asistenciales están todas por debajo del umbral de pobreza) está en riesgo de pobreza (porcentaje que ha descendido notablemente en nuestro país respecto a años anteriores por el efecto estadístico de la caída del PIB) sólo por detrás de Letonia, Chipre, Estonia, Bulgaria, Lituania y Reino Unido. El informe recuerda que las pensiones contributivas en nuestro país son muy bajas, de tal manera que un 77% de los pensionistas españoles no llega a ser mileurista (la pensión media de jubilación del sistema español de Seguridad Social se ha situado en 2010 en 892,38 euros). A ello hay que añadir, señalan los técnicos de Hacienda, que la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones es superior en España a la de la mayoría de países europeos más desarrollados (como consecuencia, señalo por mi parte, de que, entre otras cosas, la revalorización en nuestro país se ha venido haciendo – cuando se ha hecho - en relación con la evolución de los precios y no de los salarios) En el mismo sentido, el estudio de Gestha afirma que la relación de ingresos de los jubilados españoles respecto a los de aquellos menores de 65 años se encuentra por debajo de la media europea. Exactamente, la pensión de un jubilado (siempre hablando de pensiones contributivas y no de pensiones asistenciales) español representa el 49% de los ingresos medios que cobran los españoles entre 50 y 59 años. También recuerda el informe, como ya es muy conocido, que el gasto en pensiones en relación con el PIB es uno de los menores de la UE-15. Y, añade, que según estimaciones del pasado 18 de enero realizadas por el Comité de Política Económica de la Comisión Europea, el gasto español en pensiones continuará en niveles inferiores a los de la Europa de los 27 durante al menos dos décadas más. Ello sin contar, supongo, con la reducción del gasto que va a entrañar la reforma de las pensiones a punto de convertirse en norma. El colectivo destaca, así mismo, las mejoras en las pensiones a lo largo de los últimos diez años (especialmente, entiendo, desde que se aprobó el compromiso legal de revalorizarlas anualmente conforme a la evolución del IPC y de que tal revalorización se consolidara en la cuantía de las pensiones) En opinión de los técnicos de Hacienda la reforma debería realizarse “sin prisas”, respetando la concertación social y el pacto de Toledo. Aunque no lo dicen, supongo que tales técnicos seguramente también consideran que el debate sobre la reforma debería estar basado en una propuesta fundamentada, transparente y sometida a un amplio contraste público. Sí afirman taxativamente, en cambio, que “la necesidad de quitar incertidumbre a los inversores de los mercados financieros y reducir el diferencial de la prima de riesgo de la deuda pública no justifica lo contrario” Entre las alternativas que proponen destacan la creación de un sistema mixto de financiación, la mejora de la eficiencia en la recaudación tributaria o el desarrollo de incentivos para alargar voluntariamente la edad de jubilación. Así, se recomienda introducir una parte de la recaudación de impuestos en el sistema de pensiones, junto a las cotizaciones sociales. En su opinión, esta medida permitiría financiar con impuestos los casi 5.400 millones de costes administrativos de gestión anual de la Seguridad Social. En segundo lugar, abogan por mejorar la eficiencia del gasto público y la reducción de la economía sumergida. Según Gestha “se debería convertir la lucha contra la economía sumergida en una prioridad, en lugar de exigir sacrificios a los trabajadores y a los pensionistas” ya que “el verdadero lastre de las cuentas públicas es la evasión fiscal de más de 88.000 millones de euros cada año”. Fraude, señalo a mi vez, que no proviene sólo de las bolsas de economía sumergida, sino de una estructura del sistema fiscal español, como señala Ignacio Zubiri, carente de equidad, además de escasa capacidad recaudatoria, cuyos beneficiarios son las rentas no salariales y los contribuyentes de altas rentas. Hasta el punto de que hay contribuyentes que casi están al margen del sistema fiscal (al menos en lo que hace a los impuestos directos) Los técnicos de Hacienda tampoco son partidarios de aumentar la edad legal de jubilación hasta los 67 años ya que, argumentan, entre 1991 y 2008 la tasa de supervivencia de los españoles mayores de 65 años se ha incrementado en 2,4 años, lo que no justifica en si misma tal medida. En cambio, el colectivo es partidario de acomodar en esos dos años la edad real de jubilación (63,27 años) a la edad legal (65 años). A tal efecto es partidario de incentivar el alargamiento voluntario de la edad de jubilación, limitar las reducciones de plantilla en las empresas con beneficios y disminuir los coeficientes reductores para la jubilación anticipada. Por lo demás, y dado que todo el “debate” sobre las pensiones se ha reducido al emblemático elemento de si se pone la edad legal de jubilación a los 67 años o no y han pasado desapercibidas otras cuestiones también absolutamente claves para la cuantía (y para el acceso a la pensión completa) futura de las pensiones como, entre otras, el período de cálculo, los porcentajes anuales, el sustancial incremento de los años cotizados para tener derecho a la pensión completa, vacíos de cotización de importantes colectivos y el sistema de revalorización de las mismas ( factor clave para que no se vayan pauperizando a marchas forzadas) hay que esperar a ver cómo queda la letra grande y la letra pequeña de la reforma – tras los elementos de “limitación de daños” que hayan podido introducir las peticiones sindicales en el real o concertado pulso entre Economía y Trabajo – para valorar en su justa extensión los recortes que la misma va a representar y a los colectivos que más puede afectar. Y también las vías que deje abiertas para establecer un sistema profesional obligatorio de pensiones privadas. José María Zufiaur