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El presidente del PP le plantea al del Gobierno una batería de medidas tributarias inconcretas que llevan como efecto secundario el blindaje de la presión recaudatoria a las rentas altas y a los sectores que ganan más con la crisis y que incluyen otras inviables sin la autorización de Bruselas o para las que apenas hay margen de maniobra.
ZARAGOZA 07/04/2022 21:26 ACTUALIZADO: 08/04/2022 07:45
El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desplegó este jueves tras su primera entrevista como tal con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una cascada de ambigüedades tributarias y económicas que expuso como alternativa a las políticas del ejecutivo en esas materias y que incluyó impugnaciones a las de su paisano Mariano Rajoy.
El eje central de su intervención, disponible en el canal de Youtube del PP, estuvo en el IRPF, cuya campaña de liquidación arranca estos días, y para el que propuso una bajada "inmediata con carácter retroactivo desde el mes de enero" para devolver "a los ciudadanos en el próximo mes o en el siguiente" las retenciones adelantadas con el fin de "paliar el impacto del incremento de los precios y para que las familias tengan un poco más de renta disponible".
Sin embargo, la medida, presentada como una "rebaja fiscal selectiva" y temporal "durante el tiempo que dure esta inflación y mientras no se consiga rebajar", resulto tan ambigua e inconcreta que le dio para llegar a ofrecer dos consecuencias distintas de su aplicación: "Debemos poner 1.700 millones a disposición de autónomos y de pymes de forma ágil", dijo; "estamos hablando aproximadamente de entre 3.500 y 3.800 millones", matizo más tarde.
Esa propuesta central, que vinculó al aumento de la recaudación que ha registrado la Agencia Tributaria en los últimos meses, se complementaría con una deflactación de los tramos del IRPF, algo que hace más de una década que los gobiernos no hacen en España, que supone revisarlos de acuerdo al aumento del coste de la vida y a cuya ausencia junto con el IPC atribuyó "el incremento de la recaudación" en el Impuesto de la Renta.
Feijóo reclama medidas que no ha aplicado en Galicia
"No veríamos mal esa deflactación", señala Carlos Cruzado, presidente de Gestha, que recuerda que, en cualquier caso, "Galicia no ha deflactado la tarifa del tramo autonómico del IRPF, algo que sí han hecho otras comunidades".
Cruzado echa de menos una explicación más concreta de esas eventuales medidas en torno al IRPF y a sus consecuencias. "Ha aumentado la recaudación, pero también lo ha hecho el gasto público con las ayudas para los combustibles y las rebajas de impuestos para la electricidad", explica el presidente de Gestha, para quien "no tiene sentido hablar de rebajas en este momento ¿Cómo pagaríamos las ayudas y los ERTE? Al ser el gasto social el básico, sería el que sufriría los recortes".
El economista Eduardo Garzón se pronuncia en términos similares. "La recaudación está aumentando, pero no por el alza de los precios", indica, al tiempo que califica de "razonable" la posibilidad de bajar los impuestos "de manera temporal, aunque siempre tendría que ser con una reducción importante para los tramos de rentas bajas, e incluso con incrementos para las altas, que podrían así contribuir de manera solidaria" para paliar los efectos de la crisis.
Una eventual bajada, en cualquier caso, afectaría a los efectos redistributivos de impuestos como el IRPF. De ahí que la ambigüedad de Feijóo al no especificar cuáles serían las "rentas bajas y medias" beneficiadas por su propuesta avive las sospechas de un planteamiento generalista que, en la práctica, acabaría resultando más ventajoso para las altas que para el resto cuantitativamente.
El presidente del PP llegó a asegurar que "nuestra medida no incrementa el déficit público", aunque resulta obvio que se trata de un silogismo: a menores ingresos, menos recursos y menor capacidad de financiación; por mucho que apuntara que sus cálculos se basan, aunque solo estén cerrados los dos primeros meses del año, en "los ingresos extraordinarios por encima de las previsiones con las que se hicieron los Presupuestos Generales del Estado".
Una impugnación del IVA del 21% que instauró Rajoy
El segundo punto de la propuesta fiscal de Feijóo se centra en la energía, en la que reclamó bajar el IVA de los recibos de la luz y el gas al tipo superreducido del 4%, cuando la primera está en el 10% para quienes tienen una potencia instalada de menos de 10 kilowatios mientras el del segundo sigue en el 21%, a lo que añadió una reducción del impuesto de hidrocarburos de 37 a 33 céntimos para los transportistas y otra bajada para el gasóleo agrícola.
La impugnación del IVA al 21% llega a unos meses de que se cumpla una década de la implantación de esa medida por el primer Gobierno de Mariano Rajoy, con la cartera de Hacienda en manos de Cristóbal Montoro. "Soy consciente", admitió, de que las dos primeras medidas "necesitan la autorización de la UE".
En este apartado, y tras citar en varias ocasiones datos extraídos del último Informe de Recaudación para ilustrar a los medios sobre los elevados niveles de recaudación fiscal, omitió uno de especial relevancia que figura en la sexta página de ese documento: los 3.289 millones de euros que suman las rebajas de los tributos de la electricidad que el Gobierno comenzó a aplicar el año pasado y que se mantendrán hasta junio.
La propuesta de Feijóo, sin embargo, tiene aristas. "A los transportistas prácticamente no se les pueden bajar los impuestos porque ya estamos prácticamente en el límite inferior que permite la UE y cerca de él en el gasóleo agrícola", explica Cruzado, que recuerda cómo Europa no permite aplicar en los productos energéticos los tipos superreducidos del IVA.
Garzón, que señala al tope en el precio del gas y su peso en el cálculo del de la electricidad como la medida adecuada para frenar el alza de precios, y que aboga por una limitación que ahora mismo no está sobre la mesa para los hidrocarburos, llama la atención sobre la componente perversa del planteamiento de Feijóo, que vuelve a apostar, como en el IRPF, por una bajada indiscriminada que enmascara un beneficio para las rentas en las que el encarecimiento de la energía apenas tiene efectos.
"Con medidas como el tope de los precios, el peso recae en las empresas que se están beneficiando del alza y puede hacerlo en parte en las arcas públicas, mientras que con la rebaja de impuestos únicamente lo hace sobre estas últimas", explica el economista.
