Contra la evidencia de la economía sumergida

Opinión. Manuel Redal Hace escasos días, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, monopolizó portadas y noticias de apertura de los principales medios de comunicación con unas declaraciones sobre un tema tabú en la órbita gubernamental, como es el de la economía sumergida, en las que se atrevió a cuantificarla, para situarla en una horquilla de entre el 16% y el 20% del PIB. Como era de esperar, la intervención desencadenó la rápida reacción del Ministerio de Economía, que, a través del secretario de Estado, José Manuel Campa, tildó estas declaraciones de \"osadas\" y recalcó que, precisamente por ser sumergida, es algo incuantificable. Imagino que el revuelo formado en los pasillos del Ministerio de Economía y Hacienda y en los de la Agencia Tributaria habrá sido de impresión. Mucho le debieron zumbar los oídos al ministro Corbacho a raíz de esos comentarios. Y me explico. A la vista de la reacción del Ministerio de Economía y Hacienda, parece evidente que no se trata de una cifra consensuada, y es cierto que el ministro Corbacho debió aclarar desde un primer momento de dónde han salido sus cifras. Pero quedarnos ahí sería, simplemente, rascar levemente la superficie del problema y pasar de largo. La intervención del ministro de Trabajo ha sido, al menos, oportuna y valiente, ya que la Administración no puede pasar de puntillas e impunemente por una realidad tan grave como es la de la economía sumergida. Quizás resulte más contundente citar informes académicos o de instituciones y organismos internacionales como el Banco Mundial, Deutsche Bank, la OCDE, la OIT o el propio Banco de España y el Instituto de Estudios Fiscales. Todos ellos reconocen la existencia de la economía sumergida, y la cifran en una horquilla que va del 20% al 25% del PIB. Y, aunque complicado, cuando hay voluntad se pueden realizar estimaciones, como en efecto han hecho estas instituciones. Me referiré a datos conocidos para precisar un poco más este problema. En sólo dos años, los ingresos tributarios del Estado se han reducido en una cuarta parte; alrededor de 50.000 millones de euros. Esta reducción no tiene parangón en los países de nuestro entorno (la zona euro y EEUU), también afectados por la crisis económica, y que en la mayoría de los casos registran mínimas variaciones decimales en este indicador. Hay, además, numerosos indicadores muy reveladores, como que sólo un 3% de los declarantes del IRPF afirma ganar más de 60.000 euros, el elevado volumen de billetes de 500 euros en circulación, el desplome de la recaudación del IVA en un 40% en los dos últimos años (más de 21.000 millones de euros sólo en 2009) o el hoy desinflado \"boom inmobiliario\". Todos ellos denotan la realidad de la existencia de enormes bolsas de fraude en nuestra economía. Tampoco parece responder a la lógica el hecho de que los trabajadores y pensionistas declaren, de media, entre 5.000 y 7.000 euros anuales más que los empresarios, ni parece de recibo que la Agencia Tributaria sea capaz de ingresar sólo 13 de cada 100 euros en lo referente a la gestión de las deudas con la Administración. Conviene reflexionar sobre el alcance de estas cifras, porque constituyen, junto a la elevada tasa de desempleo, el hecho diferencial y singular que ofrece nuestra economía en el contexto de crisis económica global. Sería deseable, además, que la aproximación a las razones de este abultado descenso recaudatorio, absolutamente desproporcionado en relación con la contracción del PIB en 2009, se hiciera desde una perspectiva crítica y serena, lejos de la autocomplacencia que mantienen al valorar su gestión tanto los responsables del Ministerio de Economía y Hacienda como la Agencia Tributaria. Dimensión Negar la realidad de la economía sumergida o esconder la cabeza bajo el ala, como el avestruz, no nos ayudará a afrontar la cuestión esencial que provoca la sangría de las finanzas públicas. Por el contrario, conocer su verdadera dimensión ayudará a concienciarnos de la necesidad de afrontarlo. Y es mejor hacerlo antes de vernos obligados a emplear terapias más dolorosas. Quien tiene la responsabilidad natural de liderar esta medición es el Gobierno y sus ministerios económicos, Economía y Hacienda y Trabajo, quienes deben afrontar y combatir el problema del fraude en lugar de enzarzarse en cuestiones de imagen. Las reformas impositivas puestas en marcha en 2010 no garantizan por sí mismas una rehabilitación de las cuentas públicas si antes no se resuelve la cuestión de fondo principal. Los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda llevamos muchos años alertando de la inaplazable necesidad de afrontar reformas estructurales en el Ministerio y en la Agencia Tributaria. Éstas permitirían la reducción del volumen de la economía sumergida y la mejora del control del gasto público hasta niveles comparables con los países de la eurozona. En esta línea, hemos hecho propuestas legislativas y organizativas dirigidas a optimizar los recursos existentes y a desterrar actitudes corporativas, en beneficio de los intereses generales. Hablamos de unas reformas que, necesariamente, deben empezar por reconocer la magnitud del problema. Pero la falta de decisión del actual Gobierno respecto a este asunto, con manifiestos incumplimientos de resoluciones parlamentarias, y abrir polémicas estériles sobre el volumen de economía sumergida, no son precisamente las actitudes más deseables ante la amenaza que el fraude fiscal supone para la sostenibilidad económica y los valores de suficiencia, equidad y justicia de nuestro sistema tributario. Lucha insuficiente Es evidente que las Administraciones están perdiendo una importante cantidad de ingresos derivados de la ineficiente lucha contra la economía sumergida que, estimamos, mueve unos 240.000 millones de euros al año. Por ello, resulta sorprendente que en los últimos años se haya avanzado tan poco en materia de lucha contra el fraude. La Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal se ha quedado, por el momento, en una mera declaración de intenciones, perdiendo la gran oportunidad de mejorar sustancialmente los recursos de la Administración cuando no habilita a los técnicos del Ministerio de Hacienda para asumir mayores responsabilidades en reducir el fraude fiscal y mejorar el control del gasto público, de las subvenciones y de las ayudas públicas. Si se desarrollan esta y otras medidas, sería posible reducir hasta en 10 puntos porcentuales nuestro ratio de economía sumergida, lo que nos situaría en niveles de países de la UE como Francia o Alemania. De este modo, podríamos aflorar unos 90.000 millones y recaudar unos 38.000 millones adicionales (25.000 millones por impuestos defraudados y 13.000 millones por cuotas de la Seguridad Social impagadas), unos recursos que aliviarían el déficit público, mejorarían la financiación de las Administraciones y las prestaciones sociales. No sé si Corbacho se merece el calificativo de \"osado\", pero sus declaraciones vienen a reconocer un asunto que ha permanecido estancado durante demasiado tiempo y al que, ahora más que nunca, debe dársele solución. Sigamos caminando en esta dirección, por la cuenta que nos trae. A todos. Consejero de los Técnicos de Hacienda (GESTHA) : Manuel Redal