Opinión. José María Mollinedo

El Ministerio de Trabajo publicó esta semana datos sobre las pensiones de jubilación, de los que se desprende que se ha hecho un gran esfuerzo por dignificarlas, ya que la prestación media ha pasado de 7.500 euros anuales en el 2000 a 12.000 en el 2009, algo más de 2.300 euros por encima de la inflación en este período. Pero hay demasiadas ocasiones en las que las pensiones no garantizan el poder adquisitivo de los cinco millones de jubilados. La situación es aún más precaria para otros tres millones y medio de viudas, huérfanos o personas con incapacidades permanentes.
Una de las prioridades que debe tener cualquier Gobierno es la protección de los grupos más desfavorecidos, entre ellos los pensionistas. A pesar de cómo han evolucionado las pensiones a lo largo de los años, en el 2010 estas se actualizarán solo un 1%. Una pírrica alegría para estos ciudadanos, que a fin de mes esperarán ver aumentados sus ingresos en unos 7 euros de media. Pero la reforma fiscal suprime la deducción de los 400 euros para 2.850.000 personas con pensiones superiores a 12.000 euros (también para trabajadores en activo), que se verán contrariados cuando vean que cobran menos que en diciembre.
La mayoría de los pensionistas, casi seis millones, que tienen una pensión inferior a los 8.000 euros mantienen la deducción, y los que están entre 8.000 y 12.000 euros tendrán derecho a una deducción progresivamente menor.
Sin embargo, esta deducción tiene una salvedad importante, y es que la mayoría de los potencialmente beneficiados no se podrán acoger a ella, ya que no tienen ingresos suficientes para deducir. Nos quedamos entonces con la impresión de que las pensiones suben un 1%, aunque para muchos será una subida imperceptible, mientras otros la verán absorbida por la actualización de las retenciones, lo que evidencia una política económica y social demasiado tímida, en la que se necesita poner más dinero en el bolsillo del pensionista.
Si la economía sumergida se redujera a la mitad, a tasas europeas, recaudaríamos unos 38.000 millones más, que podrían aplicarse a aumentar las pensiones y garantizar los derechos de la ley de dependencia.