Tribuna. Javier Gómez Taboada

Desde 1992 es la Agencia Tributaria (AEAT) la encargada de la gestión, inspección y recaudación de los impuestos estatales y, por tanto, de ella depende la financiación de las administraciones públicas y de los servicios que éstas prestan a los ciudadanos.

Por ello generan no poca inquietud los mensajes que últimamente se han difundido precisamente desde dos de las asociaciones que aglutinan a parte del funcionariado adscrito a la AEAT: la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) y el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA). Aun sin descartar que sus denuncias puedan responder a una estrategia de legítima defensa de sus reivindicaciones laborales o corporativas (vg.: en 2010 se prevén 252 empleos menos en la AEAT), la gravedad de sus afirmaciones provoca que la ciudadanía se cuestione si pasa algo en la AEAT y, en caso afirmativo, de qué se trata y si puede llegar a afectar a la elevadísima y trascendental labor socio-económica que ésta tiene legalmente encomendada. Vaya por delante que es más que notoria y reconocida la alta cualificación y profesionalidad del personal de la AEAT y por ello, precisamente, sus denuncias no deben tomarse a beneficio de inventario sino que merecen un detallado y sosegado análisis. Además, por muy subjetivas e incluso interesadas que pudieran ser sus visiones, lo cierto es que sus argumentos se basan en la propia estadística oficial. Así, entre otros extremos, señalan que:

l Las actuaciones de la AEAT en general (y las inspecciones en particular) generan una desmesurada litigiosidad que afectaría al 50% de las liquidaciones giradas, y que se incrementó más del 50% en apenas una década.

l Prueba de ello es que ya sólo en el Tribunal Supremo hay deudas tributarias por 6.000 millones de euros, y en los juzgados penales otros 4.500 adicionales por delitos fiscales.

l Lo ajustado a derecho de las actuaciones de la AEAT queda cuestionado por el hecho de que los contribuyentes ganen casi el 40% de sus recursos ya en la propia vía administrativa.

l Apenas el 13% de las liquidaciones giradas por la AEAT se cobra puntualmente.

l Los ingresos del control del fraude son menos del 2% de la recaudación tributaria total y hasta el pasado 30 de noviembre cayeron un 1% (en lugar de incrementarse en el previsto 12%).

Hay que recordar que el fraude y la economía sumergida se estiman en el 25% del PIB, lo que genera una merma anual de unos 90.000 millones de euros al erario público. Por ello el éxito de la AEAT en esa lucha es vital para preservar nuestro nivel de bienestar. Y, justamente por eso, es muy grave que IHE y GESTHA lleguen a denunciar la supuesta ausencia de la voluntad política necesaria para afrontar esta batalla pues, tal y como ha manifestado públicamente a este respecto el Sr. Navarro Sanchís (magistrado de la Audiencia Nacional), "aquí hay la imputación de un delito o de algo que se le parece mucho".

Parece pues necesario abrir una reflexión pública acerca de las mejoras que, en su caso, sea necesario introducir en el modelo de la Agencia Tributaria para que ésta pueda continuar cumpliendo eficazmente con su tarea. Pero también debe lanzarse un mensaje de obligada cautela ante las lícitas sugerencias que ambas asociaciones realizan en tal sentido: los derechos y garantías de los contribuyentes no deben - ni pueden - sacrificarse en el altar de la agilidad y efectividad de la AEAT porque, tampoco en la materia tributaria, el fin justifica los medios y es que el respeto al Estado de Derecho no admite atajos.

Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista (miembro de la AEDAF) y Director de Ernst & Young Abogados en Galicia