La Intervención General del Estado (IGAE), encargada entre otras cosas, de realizar auditorías en las empresas del sector público, externaliza por tercer año consecutivo estos controles aduciendo falta de medios. Mientras, los más de setenta técnicos destinados a estas labores, “están de brazos cruzados, esperando a que terminen los de la consultora para volver a revisar todo el proceso”.
El pasado 22 de septiembre, a través de una orden ministerial, Salgado declaró “la insuficiencia de medios de la Intervención General de la Administración del Estado, que justifica la contratación con empresas privadas de auditoria”. Voces de sector de la auditoría y la consultoría recuerdan que el ministerio recurre a ellos desde 2004 -vea aquí el documento en el BOE-.

Técnicos, inspectores, auditores, contables y otros expertos funcionarios del ministerio que dirige Elena Salgado no se explican a qué responde esta práctica, según ha sabido El Confidencial Digital. “Además de recortar sensiblemente el gasto público, deberían dar ejemplo” exigen estas fuentes que recuerdan que en la actualidad, las Administraciones Públicas están externalizando vía subcontratas servicios que deberían asumir ellas mismas “dado que tienen el personal y material necesario para ello”.

“Hay por lo menos 76 miembros del personal técnico del ministerio destinados exclusivamente a estos menesteres que ahora, lo único que hacen es esperar a que terminen los de la auditoría de turno para volver a revisar todo el proceso de nuevo” aseguran funcionarios de Hacienda. “Los técnicos de Auditoría y Contabilidad, con sus recursos actuales, podrían ejecutar el control público sobre los auditores privados, una actividad que también se está subcontratando” añaden.

Mientras, funcionarios conocedores del día a día de la IGAE califican de paradójico que ante la “situación de insuficiencia de medios con que se justifica la externalización, se hayan amortizado durante este año 319 puestos de trabajo en la propia IGAE”.

Desde Gestha, asociación que aglutina al cuerpo técnico del ministerio, explican a ECD que “hay personal de sobra como para externalizar”. En la misma línea, señalan la necesidad de terminar con la externalización de la auditoría del sector público empresarial, con el servicio de atención telefónica (“que supone un coste de unos 20 millones de euros”) y los programas de ayuda a la declaración de la renta.

De la misma opinión son en el Tribunal de Cuentas, donde recuerdan que la IGAE tiene la obligación de garantizar la realización de esas auditorías, ya sea con sus medios o en caso de no disponer de los mismos, debería externalizarlo. Eso sí no se explican “cómo no tiran de su personal y se ahorran ese gasto”.

Este año, la IGAE tiene que auditar el Plan de Control de Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión y Fondo Europeo de Pesca para el año 2009-2010, “que contempla las auditorías de sistemas y auditorías de operaciones a realizar por la Intervención General de la Administración del Estado en el marco de las estrategias de auditoría diseñadas para el marco 2007-2013”, según recoge la orden ministerial firmada por salgado el pasado 15 de septiembre. Las firmas de auditoría privada interesadas en estos proyectos, también podrán concursar para la adjudicación de los “controles que resulten necesarios para proceder al cierre en el ejercicio 2010 del marco comunitario 2000-2006” tal y como recoge el mismo documento.

Aunque el importe y duración de las auditorías varía de un caso a otro, este confidencial ha tenido conocimiento de algunas de las que se han externalizado en los últimos años: la auditoria del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de los ejercicios 2006/2007 le reportó a PriceWaterhouse Coopers 184.000€. La misma firma embolsó otros 152.000 euros por auditar a varias fundaciones públicas. La auditoría de Aena de 2007/2008 realizada por Deloitte costó 350.000 euros. Mazars cobró ese mismo año 196.000 euros por auditar las cuentas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El sector ferroviario ha reportado jugosos ingresos en este capítulo: la auditoría de RENFE y Adif de 2007 realizada por KPMG costó al Gobierno 478.328 euros mientras que la Auditoria Fundación del Sector Público Estatal Ferrocarriles Españoles 2008/2009 llevada a cabo por ATD Auditores Sector Público, ascendió a 35.910,12€.