Algo más de la mitad de la subida de impuestos aprobada el sábado en el Consejo de Ministros extraordinario, que asciende a 11.000 millones de euros, se encuentra congelada en el Tribunal Supremo en asuntos litigiosos motivados por deudas tributarias. En efecto, la semana pasada el presidente del Alto Tribunal, Carlos Dívar, expuso en la apertura del año judicial que “la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo cuenta con 6.000 millones de euros pendientes de litigio, cifra equivalente al triple del presupuesto de todo el Ministerio de Justicia para el año 2009”. Dívar, que reclamó más medios para poner al día los asuntos pendientes de resolver por el Tribunal Supremo, lamentó que “esta cantidad no pueda revertir al circuito económico, en una época de crisis, bloqueando múltiples expectativas personales, empresariales e institucionales a corto, medio y largo plazo”.

Con estos 6.000 millones de euros se podría generar un importante número de empleos, bien inyectando liquidez al consumo o bien a través de la inversión empresarial, con lo que se podría reducir buena parte de los más de 1 millón de parados generados a lo largo del último año, que han elevado la lista de parados a más de 4 millones de personas. Esta cifra es el doble de los presupuestos de un ministerio tan importante como el de Educación. Con esta cuantía se quintuplicarían los recursos destinados para la seguridad viaria en carreteras, lo que reduciría de forma drástica el número de accidentes y por consiguiente de muertos en accidente de tráfico. Pero además con estos 6.000 millones se duplicaría el ritmo de construcción de carreteras, al tiempo que se tendrían a punto más de 2.000 kilómetros de autovías.

José María Mollinedo, secretario general del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), ha manifestado a LA GACETA que “estos seis mil millones sólo constituyen la punta del iceberg de las enormes deudas pendientes de cobro que tiene la Agencia Tributaria”. Es más, las deudas canceladas por insolvencia, prescripción y anulación por tribunales económico-administrativos y judiciales, en 2006 y 2007, ascienden a 8.237 y 7.309 millones de euros, es decir, el 24% y el 19,7% respectivamente del total gestionado”.

A su juicio, “llama la atención que el importe de deudas no recuperables sea bastante superior al de liquidaciones ingresadas en cada año, por cada euro que se ingresa se pierden casi dos”. Según Gestha, “la deuda pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2008 asciende a un total de 30.425 millones de euros”. Para este sindicato, “el desplome de la recaudación tributaria y sus efectos en el déficit público hacen imprescindible cambiar la estructura, objetivos y normas de funcionamiento del Ministerio de Economía y Hacienda y de la AEAT”.

Para Mollinedo, “resulta imprescindible abordar estos cambios de cara a la subida impositiva aprobada por el Gobierno”. Además, “si pudiéramos converger con los países más avanzados de la Unión Europea en el ratio de economía sumergida (les superamos en 10 puntos del PIB) conseguiríamos recaudar cada año unos 38.000 millones (25.000 millones en impuestos defraudados y 13.000 millones en cuotas de la Seguridad Social impagadas). Para ello, bastaría que se aplicasen en España las mismas medidas organizativas que estos países”, subrayó el presidente de Gestha.