Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) instaron hoy al Ejecutivo a que apruebe con carácter de urgencia la ley que permita que los más de 12.300 millones de euros que, según sus cálculos, las administraciones públicas adeudan a las empresas, puedan compensar los pagos del Impuesto de Sociedades y del IVA de éstas, con el fin de aliviar sus dificultades de liquidez.
En su defecto, Gestha solicitó que estas "obligaciones reconocidas pendientes de pago" tengan la consideración de "aval suficiente" para que las empresas perjudicadas por la demora en los pagos puedan aplazar sus obligaciones fiscales con Hacienda, eximiendo a ambas partes del pago de los intereses de demora previstos por ley.
Los técnicos de Hacienda aseguran que estas figuras de "compensación" y "garantía" permitirían inyectar liquidez a las empresas, aliviando sus dificultades de tesorería, que se han visto agravadas en este último año "por las fuertes restricciones crediticias impuestas por las entidades financieras y que están llevando a muchas sociedades, hasta ahora solventes, a echar el cierre por falta de financiación y circulante para pagar a sus empleados".
Asimismo, explicaron que las comunidades autónomas y las corporaciones locales están generando un grave problema de liquidez a las empresas por los altos retrasos en sus pagos.
Según un informe de Intrum Justitia, el sector público español tarda más de 145 días en saldar sus deudas, frente a los 65,3 días de media en Europa y, a pesar de la tardanza, muy pocos optan por reclamar los pagos ante el juzgado, por temor a verse relegados en su trato con la Administración.
El consejero de Gestha, Javier Sánchez, consideró que no tiene sentido en la situación de crisis actual que las administraciones públicas adeuden más de 12.300 millones de euros y que Hacienda obligue a las empresas a pagar previamente y bajo amenaza de embargo más de 5.600 millones por el IVA y el Impuesto de Sociedades por las facturas de unos servicios y beneficios que aún no han cobrado.
Por otro lado, los técnicos de Hacienda indicaron que asegurar el cobro de las deudas tributarias pendientes no representaría ningún coste adicional para las arcas públicas sino que, por el contrario, evitaría a las administraciones el pago de intereses por la demora en el pago y el Estado se aseguraría el cobro de las deudas tributarias.
Además, Gestha abogó por modificar la Ley de Morosidad, que entró en vigor hace poco más de cuatro años, con el fin de terminar con las "malas prácticas" de pago y agilizar estas demoras por parte de consumidores, empresas y, "muy especialmente", de la Administración pública.
Los técnicos defienden que se respete el plazo de pago recomendado de 30 días que marca la ley, así como la aplicación estricta de las sanciones previstas para mitigar los perjuicios por los retrasos, como son los intereses de demora y la indemnización por costes de cobro.