El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) pidió hoy a la Agencia Tributaria que adopte un conjunto de medidas de "choque" que, en paralelo al 'plan anticrisis' puesto en marcha por el Ejecutivo, permitan aliviar el fuerte endeudamiento de las familias y el grave problema de liquidez que afecta a las pequeñas y medianas empresas, como consecuencia de la crisis financiera internacional.
Este paquete de medidas, que deben ir orientadas a reducir la "asfixia" que padece el contribuyente y el alto índice de morosidad, pasarían por adoptar "políticas excepcionales" que favorezcan la liquidez y el pago de la deuda pendiente a través de la disminución de las exigencias de garantías, la flexibilización de los plazos de pago y la reducción de los tipos de interés que deben abonarse cuando se solicita un aplazamiento.
Sin embargo, este colectivo denuncia que, lejos de reformar los procedimientos tributarios para "dulcificar" los pagos del contribuyente, la Agencia Tributaria perjudicó su situación al denegar, por primera vez, las solicitudes de aplazamiento del pago durante esta Campaña de la Renta, permitiendo sólo efectuar el abono "estándar" del segundo plazo --que viene a representar el 40% de la cantidad total a desembolsar, sin intereses ni garantías-- en el mes de noviembre.
Gestha apunta que la restricción a solicitar el aplazamiento o fraccionamiento del pago del IRPF se basa en una "interpretación forzada" de las normas tributarias y no tiene precedentes en la historia de la Administración Tributaria, máxime cuando coincide en el tiempo con una crisis económica como la actual, en la que muchos contribuyentes están "asfixiados económicamente" y precisan más que nunca de calendarios flexibles de pago para hacer frente a una morosidad en alza.
Por otro lado, los técnicos de Hacienda consideran que la Agencia Tributaria está "instrumentalizando" la crisis económica para justificar su "abultada deuda pendiente de cobro", amparándose en los impagos de las economías domésticas y las dificultades de tesorería de las empresas, cuando en realidad ésta viene creciendo de forma ininterrumpida en los tres últimos años caracterizados, principalmente, por su bonanza económica.
Según Gestha, el importe de las deudas pendientes de cobro de los últimos tres años supone casi dos tercios del total de deudas gestionadas en cada uno de los últimos dos años. Las deudas pendientes a final de 2005 ascendían a 20.912 millones de euros, cifra que se incrementó en cerca de un 7,5%, hasta los 22.426 millones de euros en 2006, y en un 20%, hasta los 25.088 millones en 2007.

FALTA DE ACCIÓN EN LOS GRANDES FOCOS DE FRAUDE.

Para este colectivo, los datos ponen de manifiesto que el incremento de la deuda pendiente de gestión responde "a la falta de acción de la Agencia Tributaria en la lucha contra los grandes focos del fraude".
En su lugar, denuncia Gestha, practica liquidaciones "masivas y poco depuradas" dirigidas a los contribuyentes medios y fija algunos objetivos "inadecuados" a la Inspección de Hacienda. "Muchas de estas actuaciones son de baja calidad, e incrementan las reclamaciones ante los tribunales y reducen las posibilidades de cobro de las deudas", subraya.
En su opinión, sólo un 13% de las deudas canceladas en 2006 y 2007 fueron por ingresos, mientras que el resto respondió a otras causas, como la insolvencia, prescripción y anulación por tribunales económico-administrativos y judiciales a favor del deudor.
Traduciendo estos datos, se observa que cualquier entidad que consiguiera ingresos por menos del 13% del total facturado, registrara pérdidas del 20% por productos defectuosos (anulaciones e insolvencias) y le restaran por cobrar a final de cada año dos tercios (67%) del total facturado (deudas pendientes de cobro), se encontraría en una situación de quiebra técnica, y se pedirían responsabilidades a sus directivos