La estructura recaudatoria española es cínica y raquítica. Cínica, porque año tras año pone en el escaparate público, sin pudor alguno, las cuentas de una carga tributaria que solo pesa sobre los asalariados; raquítica porque se agota en el IVA (un impuesto sobre el consumo, sin relación con la equidad fiscal) y en el impuesto sobre la renta (IRPF). El impuesto de sociedades fue dinamitado por los Gobiernos del PP mediante cargas estratégicas de desgravaciones y deducciones; hoy es un gruyère inocuo. Lo que se desprende de las cuentas del IRPF declarado en 2009, analizadas por los técnicos de Hacienda es que los trabajadores y pensionistas declararon una media de 7.200 euros más que los profesionales y pequeños empresarios, y 7.600 euros de media más que los microempresarios (fontaneros, cuadrillas de albañilería). Y no es que las pymes sean el corazón del fraude, porque apenas significan el 8% del fraude total. El corazón está en las grandes fortunas, defendidas por firmas de asesoría que con frecuencia se nutren con ex gestores de Hacienda.


Un pequeño ejercicio estadístico aclara el alcance de la carcomida fiscalidad directa en España. Según las cuentas de 2009 (ingresos de 2008), menos del 4% de los contribuyentes declaran ingresos superiores a 60.000 euros anuales en el IRPF; y casi el 90% de ellos son empleados cualificados o directivos, controlados por Hacienda. ¿Es creíble este porcentaje? Su misma ridiculez confirma su inverosimilitud y el descaro del fraude.


La economía sumergida, calculada por medios indirectos, supone unos 245.000 millones de euros, el 23% del PIB. Si se aplica la carga fiscal de 2007, esos 245.000 millones de ingresos ocultos producirían unos 38.000 millones (tributos más cargas sociales). La lechera del cuento ya no tendría déficit y el nivel de deuda caería por debajo del 40% del PIB. Si, a efectos políticos y financieros, este es un retrato numéricamente correcto, quedan, grosso modo, dos soluciones: o se orienta la investigación a descubrir el dinero oculto o se acepta mansamente la argentinización del sistema fiscal.