17-07-2010 España, un placentero "balneario fiscal". José María Mollinedo, Secretario General de Gestha
HACE TIEMPO QUE LOS TÉCNICOS del Ministerio de Hacienda venimos advirtiendo de que España tiene un problema muy serio de economía sumergida, que convierte a nuestro país en un auténtico balneario fiscal. Desafortunadamente, la Agencia Tributaria (AEAT) carece de estudios que estimen, de manera oficial, el volumen de dinero que escapa al control del fisco. Sin embargo, los técnicos hemos elaborado estudios periódicos con el fin de evidenciar que para mejorar los ingresos públicos no es necesario que los contribuyentes paguen más, sino que el Estado persiga a los defraudadores. Las cifras hablan por sí solas. En 2009, la economía sumergida ascendió a 245.000 millones de euros, el 23,3% del PIB, diez puntos por encima de la media de los países de nuestro entorno, lo que evidencia cómo la AEAT está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal.
Con estas cifras, y siendo el país europeo, junto con Grecia, que menos recaudación obtiene de este tributo debido principalmente al fraude del IVA (el año pasado sólo ingresamos 6,3 euros por cada 100 euros consumidos), resulta desconcertante observar cómo el Gobierno está tomando el camino más fácil, y también más injusto socialmente, para equilibrar las cuentas públicas y alcanzar la consolidación fiscal: cargar las tintas sobre las clases medias.
La prueba más evidente es la supresión de la deducción de los 400 euros en el IRPF y la reciente subida del IVA, que resulta claramente regresiva si tenemos en cuenta que en España existen 18,5 millones de mileuristas -el 63% de los asalariados españoles, autónomos y pensionistas- y que serán los que pagarán el coste de la crisis. Tampoco vemos con buenos ojos que el Gobierno asuma rebajar el crecimiento económico en 0,5% del PIB debido a la congelación de las pensiones y a los recortes a la dependencia, a la ayuda al desarrollo y a los salarios de los empleados públicos, la mayoría con bajas percepciones retributivas, para ahorrar 15.000 millones de euros en los dos próximos años, una cifra menor al lado de los más de 117.000 millones que tenemos de déficit público.
Como alternativa a los recortes generalizados, desde [el sindicato de técnicos de Hacienda] Gestha proponemos que la AEAT dirija sus investigaciones de lo más fácil –declarantes, pymes y autónomos- hacia los grandes evasores y el control de las subvenciones y del gasto público. Si consiguiéramos reducir nuestra tasa sumergida en diez puntos, para situarla a niveles de nuestros países vecinos, podríamos obtener una recaudación adicional de 38.500 millones de euros anuales con los que estabilizar las cuentas públicas.
Sin duda es necesaria la elaboración de estudios plurianuales de economía sumergida desagregados por territorios, sectores e impuestos. Con ello, el Parlamento podría fijar objetivos de reducción del fraude fiscal en las subvenciones y de aumento de la eficiencia del gasto público, verificando anualmente los resultados de la AEAT y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Serían igualmente eficaces iniciativas como el consorcio o la colaboración efectiva entre las distintas administraciones tributarias, la creación de una base de datos tributaria compartida, así como la adopción de medidas fiscales sobre la tributación de pymes y autónomos, los contribuyentes y las sociedades con ingresos muy altos, Sicavs y ganancias patrimoniales especulativas con las que se mejoraría la prevención del fraude.
Como ocurre en otros países menos defraudadores, es necesario aumentar la responsabilidad de los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda y de la Agencia Tributaria con la creación de un Cuerpo Superior (CSTH) que autorice a los más de 8.000 técnicos a investigar las grandes bolsas de fraude. Sólo así evitaríamos encontrarnos con la pregunta tan comúnmente aceptada: ¿con o sin IVA?...
