El presidente de los técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, manifestó hoy que la orden dictada por el Ministerio de Economía y Hacienda por la que se declara la insuficiencia de medios de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), "carece de fundamento", ya que en la actualidad se desaprovecha la experiencia y capacidades de los cerca de un millar de técnicos de auditoría que trabajan en este organismo.

De esta forma, Gestha salió al paso de la orden publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según la cual el Gobierno subcontratará con firmas privadas la auditoría de determinados organismos estatales para 2011 cuando.

El colectivo aseguró que este proceso de contratación con empresas privadas de las auditorías de organismos estatales, "con el sobrecoste que supone para las arcas públicas", coincide en el tiempo con la decisión de apartar a los técnicos de sus competencias auditoras, como son la planificación y dirección de los equipos de auditoría y la firma de informes con las responsabilidad que conlleva.

"En la actualidad muchos técnicos auditores de larga experiencia y veteranía en el ejercicio de su profesión han sido relegados a puestos prácticamente de auxiliares, desaprovechando así sus capacidades", aseguraron.

En su opinión, resulta contradictorio que, por un lado, la Ley de Auditoría de Cuentas 19/1988 reconozca a los técnicos de Auditoría el trabajo y la formación necesaria para ser auditores privados y, en cambio, se pongan cortapisas para el ejercicio de su profesión dentro de la propia Administración.

Los técnicos de Hacienda explicaron que esta contratación con empresas privadas de auditoría no es un "hecho novedoso", sino que se ha convertido en los últimos años en una "práctica habitual" del Ministerio de Economía y Hacienda.

"En la actualidad, la mayoría de las empresas y entidades públicas, especialmente aquellas con un volumen de negocio o complejidad elevados, son auditadas por empresas privadas", indicaron.

Además, precisaron que de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), éste gastará más de 10 millones de euros entre 2009 y 2013 en esta práctica, un gasto que, a su juicio, resulta "excesivo" e "innecesario" en un momento en el que el déficit del Estado supera los 117.000 millones de euros, ya que muchas de estas auditorías podrían ser realizadas directamente por la IGAE con sus propios recursos.

A modo de ejemplo, Gestha señaló que durante estos últimos años se adjudicaron los controles de las acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a Audihispania Gran Thorton, con un coste de 542.100 euros, a PricewaterhouseCoopers Auditores (549.695 euros) y KPMG Auditores (498.550 euros). Ésta última también auditó las cuentas de Renfe y Adif en 2007, con un coste de 478.328 euros.

Otras cuentas auditadas por organismos externos son las de Aena, cuyo análisis del ejercicio 2007 elaborado por Deloitte costó al Estado 350.000 euros. La auditoría de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, realizada por Mazars para los años 2007 y 2008 tuvo un coste de 196.000 euros, en tanto que la del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 2006 y 2007, elaborada por PwC, supuso un desembolso de otros 184.000 euros. Esta misma firma auditó varias fundaciones de carácter público con un coste para las arcas del Estado de 152.000 euros.