ANÁLISIS DE ACTUALIDAD. JOSÉ MARÍA MOLLINEDO.

Parece lógico pensar que cuando suben las pensiones sube el poder adquisitivo de los pensionistas. Es razonable, pero no siempre es cierto.

El Ministerio de Trabajo e Inmigración publicó recientemente datos sobre las pensiones medias de jubilación en España, según los cuales la pensión media de jubilación del Sistema de la Seguridad Social alcanzó, en el primer mes del año, la cuantía de 874,97 euros, es decir, un incremento del 3,5% sobre el mismo mes del año anterior.

Si nos referimos a la pensión media, que además de las de jubilación incluye las de incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares, entonces ésta se situó en los 772,57 euros, es decir, un aumento interanual del 3,4%.

Se trata de incrementos importantes, pero que parten de unos datos puntuales que no sirven para trazar una línea y marcar una tendencia. Sin embargo, si tenemos en cuenta la evolución, pongamos por caso, de las pensiones de jubilación de la última década (entre los años 2000 y 2009) podemos trazar una línea que sugiere que se ha realizado un gran esfuerzo por dignificarlas, cuando consideramos que han pasado de los 7.500 euros anuales en 2000 hasta los 12.000 euros anuales en 2009.

Lo mínimo exigible en estos casos es que los jubilados no pierdan poder adquisitivo, es decir, que sus ingresos suban, al menos, en la medida en que lo hacen los precios. Y no sólo ha sido así, sino que han crecido incluso por encima, algo más de 2.300 euros de lo que ha subido la inflación en este periodo, y eso debe ser reconocido y señalado.

Pero también es cierto que hay demasiadas ocasiones en las que las pensiones no garantizan el poder adquisitivo de la mayoría de los cinco millones de jubilados españoles. Y la situación es aún más precaria para otros tres millones y medio de viudas, huérfanos o de personas con incapacidades permanentes. El motivo suele responder a cuestiones de origen político, económico y fiscal.

Pírrica alegría
Una de las prioridades que debe tener cualquier Gobierno es la protección de los grupos sociales más desfavorecidos y, entre ellos, de los pensionistas. Eso explica que, a pesar de cómo han evolucionado las pensiones a lo largo los años, en 2010 las pensiones se actualizarán sólo un 1%. Sigue estando por encima de la inflación, que cerró diciembre del año pasado en el 0,8%. Supone una pírrica alegría, a priori, para el conjunto de los pensionistas, quienes a fin de mes esperarán ver aumentados sus ingresos en poco más de 7 euros de media.

Pero este año se da la circunstancia de que entra en vigor la nueva reforma fiscal que desde enero suprime la deducción de los 400 euros para 2.850.000 personas que tienen pensiones superiores a 12.000 euros (también para los trabajadores en activo). Todos los incluidos en este grupo se ven contrariados cuando ven que cobran menos que en diciembre del año pasado.

La mayoría de los pensionistas, que son los que tienen una pensión de entre 8.000 y 11.000 euros, tendrán derecho a una deducción progresivamente menor cuanto más se acerquen a los 12.000 euros, mientras que quienes tienen una pensión inferior a los 8.000 euros mantendrán la deducción. Sobra decir que serán los que están por encima de esta cantidad quienes más noten el cambio fiscal en sus bolsillos.

Sin embargo, esta deducción tiene una salvedad importante, y es que la mayoría de los potencialmente beneficiados no se podrán acoger a ella, ya que no tienen ingresos suficientes para que estén obligados a cotizar y que, por tanto, tampoco se verán afectados por la deducción. Además, estos límites se incrementan si los pensionistas tienen personas a su cargo o padecen una discapacidad.

Por lo tanto, nos quedamos con la impresión de que las pensiones en 2010 suben un 1%, pero para muchos será una subida casi imperceptible, y para otros la actualización de las retenciones absorberá esta subida. Esta circunstancia pone de manifiesto que, si bien es cierto que la política económica ha caminado en la buena dirección para mejorar la protección social de los colectivos más vulnerables, el avance ha sido anulado por las modificaciones fiscales. Es decir, ha sido una estrategia demasiado tímida tímida, por lo que se necesita poner más dinero en el bolsillo del pensionista.

Es cierto que no estamos en un momento propicio para hablar de un aumento del gasto público, sobre todo si tenemos en cuenta que el endeudamiento de las Administraciones se está disparando peligrosamente debido a la caída de los ingresos. Pero también lo es que tiene solución; si la economía sumergida española se redujera a la mitad, a tasas europeas, recaudaríamos unos 38.000 millones más, que podrían aplicarse a aumentar las pensiones y a garantizar los derechos de la ley de la dependencia. De este modo sí se podría atender de un modo más eficaz una de las prioridades del Ejecutivo, como es la protección social.

Secretario General de Gestha